SEÑOR DIRECTOR:

La nueva Ley de Seguridad Municipal supone un ajuste institucional necesario: regula una función que por años operó sin estándares, reconoce el rol preventivo de los municipios y define un marco básico de coordinación con Carabineros y el Ministerio Público. La formación obligatoria, la autorización para usar dispositivos no letales y el financiamiento central comienzan a corregir la vulnerabilidad operativa con que estos equipos han debido enfrentar riesgos crecientes.

Pero la reforma también revela debilidades estructurales. El debate público se ha reducido a las pistolas eléctricas, dejando fuera lo esencial: protocolos de uso de la fuerza, supervisión externa, métricas de desempeño y mecanismos de accountability para controlar desvíos, prevenir abusos y evitar la captura institucional por actores locales. Además, la amplitud de la ley puede sobrecargar a municipios con baja capacidad técnica, profundizando brechas territoriales sin financiamiento basal ni apoyo especializado.

Desde la perspectiva del crimen organizado, la insuficiencia es evidente. Aumentar inspectores o dispositivos no constituye una estrategia: la ley no integra inteligencia criminal, análisis estratégico, persecución penal compleja ni protección efectiva para funcionarios expuestos en comunas bajo control de organizaciones. Sin una arquitectura nacional que articule niveles municipales, policiales y fiscales, los esfuerzos seguirán siendo fragmentados e ineficientes.

El país no requiere más reformas declarativas, sino una gobernanza unificada y técnicamente robusta capaz de disputar, con capacidad estatal real, el espacio que ocupan organizaciones criminales que actúan con mayor cohesión, recursos y planificación que el Estado.

Luis Toledo

Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Universidad San Sebastián)