SEÑOR DIRECTOR:

En menos de 24 horas, seis personas fueron asesinadas en la Región Metropolitana. Entre ellas, un adolescente de 17 años que regresaba a su casa y que recibió un disparo a plena luz del día. El hecho conmociona, pero lamentablemente ya no sorprende.

Estos casos, que cada vez son menos aislados, exigen atención urgente. El crimen organizado se ha instalado como protagonista en los homicidios de niños, niñas y adolescentes. En 2025, el 40,4% de estas muertes estuvo asociada a dicho contexto, una proporción superior a lo que se observa en los homicidios en general. En más de la mitad de los casos se usaron armas de fuego, y seis de cada diez ocurrieron en la vía pública.

Hace cuatro años en Chile casi no hablábamos de crimen organizado. Hace dos, recién empezábamos a reconocerlo. Hoy, solo en lo que va de marzo, un seguimiento de prensa permite identificar siete asesinatos de menores de edad, al menos la mitad posiblemente vinculados a esa dinámica.

No estamos hablando solo de un problema de seguridad pública, es una crisis de protección a la infancia. La evidencia es contundente al señalar que la respuesta exige una investigación especializada caso a caso, protocolos interinstitucionales e intercambio oportuno de información. Cada homicidio de un niño, niña o adolescente debe analizarse en profundidad: su trayectoria, su entorno y las redes de protección que debían estar presentes. Solo así es posible identificar patrones y diseñar políticas públicas que permitan prevenir y no solo reaccionar. Sin ese esfuerzo sostenido, seguiremos registrando cifras sin entender qué falló ni cómo evitarlo.

Pía Greene

Directora ejecutiva

Fundación Amparo y Justicia