SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano de rechazar la suspensión del derecho a sufragio de Daniel Jadue revela tensiones en nuestro sistema electoral, vinculadas tanto a la falta de claridad normativa sobre los efectos de una acusación en sede penal respecto de los derechos políticos, como a la forma en que algunos jueces interpretan y aplican la Constitución.

Si bien la Constitución establece que quienes sean acusados por delitos que merezcan pena aflictiva pueden ver suspendida su ciudadanía, pudiendo perderla en caso de ser condenados, la práctica judicial, apoyada en el derecho internacional, exige una sentencia condenatoria como requisito indispensable para limitar los derechos políticos. Esta disonancia genera inseguridad jurídica y abre espacio a interpretaciones contradictorias, debilitando la eficacia del texto constitucional.

En efecto, para la Constitución, en consonancia con el artículo 259 del Código Procesal Penal, basta que la persona sea acusada para que sus derechos políticos sean suspendidos. Así lo entendió el Servel en 2020 al excluir al exsenador Pablo Longueira del padrón electoral auditado.

El caso de Jadue evidencia un problema procedimental: fue correctamente incluido en el padrón, pero la acusación se ratificó el 28 de agosto, fecha en que venció el plazo para reclamar su exclusión ante los Tribunales Electorales Regionales.

Por lo dicho, el sistema debiese ser necesariamente optimizado por parte del legislador, otorgando al Servel un procedimiento claro para evaluar candidaturas en contextos judicializados. Ello evitaría que tribunales con criterios dispares decidan en plazos acotados, afectando la certeza jurídica y la confianza pública en el sistema electoral.

Gonzalo Guerrero

Académico Facultad de Derecho UDP