SEÑOR DIRECTOR:

Con más de 50 incendios forestales aún en combate y 42 mil hectáreas consumidas en seis regiones, la emergencia golpea con fuerza. El balance es desolador: más de 700 escolares afectados en el Biobío y siete establecimientos con daños estructurales ponen en jaque el inicio del año escolar, obligando a las autoridades a evaluar reubicaciones. A esto se suma la realidad de Ñuble, donde muchas escuelas operan como albergues para damnificados y voluntarios.

Frente a esta catástrofe y los problemas de financiamiento que enfrenta nuestro país, la comunidad educativa tiene la voluntad de ayudar. Sin embargo, los sostenedores se enfrentan a una barrera normativa: la rigidez en el uso de los recursos públicos (Subvención General, SEP, PIE), los cuales, por ley, deben destinarse exclusivamente a fines educativos propios, bajo riesgo de sanción.

Ante situaciones de fuerza mayor, la normativa faculta la adopción de medidas extraordinarias. Por ello, resulta indispensable que el Ministerio y la Superintendencia de Educación emitan un acto administrativo que autorice, de manera excepcional y acotada, el uso de recursos para realizar aportes solidarios a las comunidades siniestradas.

Es fundamental que estos desembolsos —ya sea para recuperar infraestructura o apoyar a familias de la comunidad educativa de las zonas afectadas— sean reconocidos expresamente como “gasto educacional aceptado”. Esto entregaría certeza jurídica a los sostenedores solidarios y aseguraría que la ayuda llegue de forma transparente y trazable a quienes hoy ven amenazado su derecho a la educación.

La escuela no es solo un edificio; es un pilar de contención social. Es urgente que la burocracia no frene la solidaridad que necesitamos para levantar la educación de Chile.

Rubén Valencia

Director ejecutivo Numerus Consultoría