Después de las duras críticas recibidas por parte del gobierno, la Iglesia y la prensa colombiana, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt desestimó ayer que vaya a demandar al Estado colombiano por los daños económicos y morales sufridos durante sus seis años de secuestro a manos de las Farc. "Sí, me arrepiento de haberlo hecho", sostuvo la política colombo francesa, en alusión a la polémica solicitud de indemnización de US$ 6,5 millones que tramitaba desde fines de junio.

"No hay ni habrá ninguna demanda. No hay ningún ataque contra el gobierno que me liberó, contra el Presidente (Alvaro) Uribe, al cual le debo todo el agradecimiento, ni contra las Fuerzas Militares. Las únicas culpables de mi secuestro son las Farc y quienes me liberaron fueron los héroes", dijo Betancourt en una entrevista desde Nueva York, que fue presentada por la emisora local Caracol Radio y el canal Caracol Televisión.

Sobre la rabia e indignación que ha causado en Colombia su millonaria solicitud de conciliación, Betancourt indicó que buscaba "un afán de solidaridad con otros secuestrados para que se les indemnice". "Esa suma, que es astronómica y absurda, es simbólica, porque es muy difícil pretender tasar el sufrimiento de las familias víctimas del terrorismo", comentó. "Es doloroso saber que esa fue la impresión de los colombianos. Quiero decirles que yo amo a mi patria y que me duele mucho lo que ha sucedido", enfatizó.

La controversia

El viernes, el Ministerio de Defensa reveló que Betancourt y sus familiares presentaron, el 30 de junio, dos solicitudes de conciliación extrajudicial por US$ 6,5 millones. El ministerio se mostró "sorprendido" y "apesadumbrado" por la acción de la ex rehén. Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, opinó que la solicitud de Betancourt constituía un ''precedente funesto'', la prestigiosa revista Semana calificó el pedido de "vergonzoso".

El principal argumento del gobierno es que Betancourt, el día de su secuestro (23 de febrero de 2002), desconoció y despreció las advertencias que le hicieron las autoridades, ante el riesgo de seguridad que suponía el ingreso a la zona donde fue secuestrada.

Sin embargo, Betancourt dijo ayer que el día de su secuestro le fueron retirados los escoltas y los militares le permitieron el paso a una zona donde se presentaban combates con la guerrilla. "Manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato y eso es gravísimo que suceda en el país", aseguró la política, rescatada, junto a otros 14 rehenes, por el Ejército el 2 de julio de 2008, en la "Operación Jaque".

Otros tres políticos ex rehenes de las Farc habían manifestado ayer su intención de demandar al Estado por sus secuestros: Sigifredo López, Jorge Eduardo Gechem y Alan Jara. "Una vez reconocidos derechos a ella (Betancourt) yo creo que todos los secuestrados tendrían los mismos derechos", dijo Marleny Orjuela, la vocera de los familiares de secuestrados en poder de la guerrilla. El diario El Tiempo recordó que familiares de un grupo de diputados provinciales, muertos en 2007 mientras eran rehenes de las Farc, han recibido US$ 53 mil en indemnizaciones.