EL PRESIDENTE de la República anunció medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las garantías de atención para las patologías que se encuentran dentro del Plan Auge, que respecto de los beneficiarios de Fonasa presentan un incumplimiento que afecta a 146 mil personas. La fundamental será que, una vez vencidos los plazos de los hospitales públicos para entregar la respectiva prestación de salud, el afectado tendrá derecho a reclamar de Fonasa un bono de atención automática, que lo habilitará a recurrir a otro prestador público o privado que escoja, siempre que esté calificado por el ente estatal de salud. El Mandatario impuso, además, al Ministerio de Salud la meta de acabar con las listas de espera Auge a diciembre de 2011.
Se trata de un anuncio significativo, no sólo porque apunta a dar solución pronta a un drama que afecta a los sectores más postergados de la sociedad, sino que también a dar efectivo cumplimiento a garantías establecidas en la ley y que en el hecho no están siendo respetadas por el sector público de salud, sin que ello haya generado consecuencia alguna, provocando frustración en la población afectada.
En 2004 se aprobó la ley que otorga garantías en el acceso, la calidad, la protección financiera y la oportunidad en las prestaciones de salud para un conjunto prioritario de enfermedades, que hoy alcanzan a 66, las que se aplican tanto a los beneficiarios de isapres como de Fonasa. El sistema contempla un plazo según cada patología para el otorgamiento de la prestación. Si éste es incumplido, el sistema habilita a recurrir a otro prestador, sin perjuicio de las sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Salud, que van desde la amonestación hasta la suspensión por 180 días de la calidad de prestador. Los plazos de las prestaciones han sido por regla cumplidos por los prestadores privados, pero no así por los públicos, que no han tenido la capacidad de infraestructura ni organizativa para abordar la demanda. Esto afecta a los beneficiarios de Fonasa, organismo que ha recurrido casi exclusivamente a los últimos, porque sus tarifas -fijadas por la autoridad- son menores, aunque no hay que descartar presiones de grupos de interés y razones ideológicas en ello. Como consecuencia, existe la mencionada lista de espera -ya depurada- de 146 mil personas sin atención y que sufren dilaciones irritantes, sin que la superintendencia haya adoptado medidas efectivas, entre otras razones, porque no es realista suspender a hospitales públicos su calidad de prestador, cuando no hay alternativas y no se contempla dar un espacio al sector privado.
El anuncio presidencial rompe este círculo vicioso. Otorga el poder a las personas para exigir el cumplimiento de las garantías que entrega la ley, mediante el bono que faculta a recurrir, en definitiva, a prestadores privados, los cuales tienen la capacidad para atenderlos o harán las inversiones necesarias con este fin, a precios que debieran ser competitivos, dadas las múltiples opciones existentes. Al respecto, es necesario revisar las tarifas de los servicios públicos que sólo son aparentemente competitivas, porque al haber incapacidad de otorgar las prestaciones que ofrecen, no son reales. Lo ideal sería reformar y racionalizar el funcionamiento de los hospitales públicos, para que compitan transparentemente con los prestadores privados, en beneficio de las necesidades de salud de la población.