Desde correos electrónicos hasta facturas de hoteles y cafés. Estos fueron algunos de los medios probatorios que involucraron en Perú a Productos Tissue del Perú (Protisa), filial de CMPC, y a Kimberly Clark por prácticas de colusión en el mercado del papel tissue.

Ayer, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú anunció que el 1 de diciembre abrió un procedimiento administrativo sancionador en contra de ambas empresas y en contra de 17 ejecutivos de dichas compañías por dichas prácticas.

"El Indecopi ha identificado indicios razonables de la existencia de un presunto cartel de precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico y otros productos de papel tissue entre 2005 y 2014", dijo en conferencia de prensa Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.

Desde CMPC, señalaron que en junio de 2014 la firma ligada al grupo Matte tuvo antecedentes de una posible existencia de infracciones a la libre competencia en ese país. Tras una investigación para confirmar la veracidad de los datos, la Papelera se autodenunció ante el Indecopi, y se acogió al programa de clemencia (símil de la delación compensada).

"Apenas se tomó conocimiento de estos hechos en Perú, el directorio mandató la máxima colaboración con Indecopi en la detección e investigación de las conductas descritas, aportando los resultados de la revisión interna y todos los antecedentes relevantes, en el marco del programa de delación de la legislación peruana", señaló CMPC.

Se trata del primer caso público "que se inicia mediante la colaboración de una empresa involucrada en un cartel de precios, durante la investigación", dijo CMPC.

Protisa y Kimberly Clark son actores relevantes del mercado peruano del papel tissue, con una participación de 55% y 33%, respectivamente. El Indecopi estima que el mercado de papel higiénico y otros productos tissue en Perú representa ventas anuales de más de 800 millones de soles (US$ 237 millones).

El secretario técnico, en conversación con La Tercera, aseguró que, si bien es difícil hacer una previsión respecto de cuánto tiempo durará el procedimiento, el plazo máximo legal para que la autoridad emita un pronunciamiento es de un año y medio, es decir, el caso podría extenderse hasta junio de 2017.

Ejecutivos chilenos

De los 17 ejecutivos a los que Indecopi formuló cargos, 13 eran funcionarios de Kimberly Clark, y cuatro de Protisa. De la filial de CMPC en Perú recibieron cargos Salvador Calvo-Pérez Badiola, ex gerente general de la firma; Juan Francisco García, gerente comercial; Hugo Chau Llaque, gerente de ventas del canal tradicional; y Carlos Castillo Rodríguez, gerente de ventas del canal moderno de la firma peruana.

El procedimiento no involucraría a ejecutivos chilenos de CMPC, pero no se descarta que esto ocurra en el futuro. Así lo afirma Espinoza, quien tras ser consultado si la investigación podría incluir a ejecutivos de la matriz de Protisa, respondió con un enfático "claro que sí".

Cabe constatar que en julio del año pasado, un mes después de que Protisa se autodelatara en Perú, Jorge Morel, entonces gerente general de CMPC Tissue fue cesado en el cargo, por suresponsabilidad en los hechos.

Para Espinoza, la ayuda de la firma chilena en este caso ha sido "gravitante" al aportar información relevante para demostrar la conducta ilegal.

En todo caso, Espinoza puntualizó que la exoneración de la multa (a la que da pie el programa de clemencia), está en evaluación, ya que no es un beneficio automático. "Esta colaboración tiene que mantenerse activa durante todo el procedimiento que acaba de empezar", afirmó.

Las posibles multas pueden superar las 1.000 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivalen a 3,85 millones de soles (US$ 1,1 millón). "Pero en realidad el tope que tenemos es el 12% de las ventas del grupo económico de la empresa infractora si la infracción es codificada como muy grave", señaló el secretario técnico de Indecopi.

En el caso de los ejecutivos, se exponen a multas de hasta 100 (UIT), equivalentes a US$ 114 mil.

Lo que viene

Ahora, las empresas y personas naturales que fueron imputadas, deben presentar sus descargos "a los cargos que han sido levantados por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia", precisó Espinoza. Para ello, los involucrados tienen un plazo de 30 días hábiles.

Luego, se abrirá una etapa probatoria, que terminará con un informe de la Secretaría Técnica, frente al cual las empresas podrán presentar alegaciones, y una resolución que corresponde a un órgano distinto al de la Secretaría Técnica.

Además de Perú y Chile, Colombia se encuentra investigando posibles carteles de colusión en el mercado del tissue. Uruguay, en tanto, está recabando antecedentes para iniciar una investigación.