RECIENTEMENTE, el Presidente de la República anunció repentinamente que se estaban revisando cambios al sistema procesal penal. En un esfuerzo de síntesis de todo lo dicho desde entonces, me hago cargo aquí de algunos mitos y realidades en este tema.

“Hay que promover cambios legales al sistema, a más de 10 años de su puesta en marcha”: más que modificaciones legales, el problema fundamental es de gestión, innovación e incentivos de trabajo. En un ejemplo gráfico, priorizar cambios legislativos es como sustituir una gran embarcación, en funcionamiento y dirección correctos, sin tocar o preguntarse primero qué pasa con su tripulación.

Lo que se necesita son estrategias de persecución que incorporen lógicas del análisis criminal en una mejor coordinación entre fiscales y policías, atendiendo, además, la gran cantidad de información que se genera tempranamente y que es subvalorada en etapas sucesivas del procedimiento.

“El gobierno ha hecho la pega en prevención del delito”: La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad (Enusc) del propio Ministerio de Interior y Seguridad Pública viene exhibiendo bajas sostenidas desde el 2003, cuando se toma por primera vez. Sin embargo, esa tendencia que se repetía año tras año sufre un retroceso por vez primera el 2011, registrando un alza de 28% a 31%.

A esto hay que añadir que hoy se cuenta con una nueva institucionalidad, estrenada precisamente en esta administración, que exhibe un trabajo débil en términos de “costo-eficiencia”. Las policías se llevan aproximadamente el 60% del presupuesto de la nación en materia de seguridad pública; entonces, ¿qué ocurre con la prevención en circunstancias que nunca se ha contado con mayores recursos en este ámbito?

“El sistema penal protege a los delincuentes y no a los inocentes”: Un sistema penal está hecho para proteger a cualquier ciudadano del abuso del Estado y su aparato persecutorio. En los países desarrollados, con democracias maduras y líderes políticos a la altura, los sistemas penales son entendidos como una garantía a la población en su conjunto, poniéndose en el caso que cualquiera puede estar sujeto a un procedimiento. Necesitamos eficiencia a la hora de la prevención, y eficacia y equilibrio -en la protección de derechos- en el actuar judicial.

“Los delincuentes están en la calle”: cada año hay más gente en las cárceles. La población recluida en el sistema cerrado creció 58,9% entre el 2000 y 2009 (se pasó de 32.051 a 50.223 recluidos). Esto significa que Chile tiene la tercera posición en términos de reclusión en América Latina y el lugar 34 en el mundo.

“La comisión de expertos designada hará un diagnóstico con áreas de intervención”: es una tarea compleja de realizar y deseo que tengan éxito. Si bien la comisión reúne a profesionales capaces y representativos, parece razonable recoger el parecer de ciertos actores institucionales del sistema en el informe que se entregue al Presidente. Esperemos que a lo sorpresivo del anuncio presidencial sobrevenga una propuesta consensuada técnica y políticamente, con foco en las áreas correctas.

Soledad Alvear
Senadora de la Democracia Cristiana