Con 38 votos a favor, el 19 de junio pasado, la sala del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Tras su aprobación en la Cámara Alta, pasó a la Cámara de Diputados, instancia en la que recibió la opinión del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien planteó su “profunda preocupación”.

La opinión del persecutor fue enviada a través de un oficio a la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, etapa en la que actualmente se encuentra la iniciativa del Ejecutivo que se discute en el Congreso desde el 2021. En 9 páginas, Valencia planteó su opinión como fiscal nacional respecto al proyecto, el cual la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que esperan que sea aprobado antes de fin de año.

En su escrito, el persecutor aseguró que el proyecto es “un avance tanto en materia de seguridad pública como de la adecuada coordinación que debe ejecutarse para cumplir el rol que al Estado, en su conjunto, le corresponde en la materia”. Sin embargo, y en términos generales, Valencia aseguró que desde la Fiscalía consideran que algunas de las funciones que tendría el Ministerio de Seguridad “guardan directa relación con aquellas que la Constitución encomienda, en forma exclusiva, al Ministerio Público”. Por lo mismo, expresa que buscan hacer “algunos aportes” en la discusión.

Junto con analizar el proyecto en su conjunto, el fiscal Valencia comienza su oficio revisando los puntos más importantes del proyecto, destacando el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional por la seguridad.

Pese a eso, más adelante, el persecutor presenta sus reparos con el Artículo 2º del proyecto, el cual establece que el Ministerio de Seguridad “coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública”, el cual estará integrado por las fuerzas de orden y seguridad, además del Ministerio Público.

En esa línea, el abogado penalista asegura que “se hace necesario manifestar la preocupación de este Fiscal Nacional por los términos en que se incluye al Ministerio Público -organismo autónomo- dentro de las entidades públicas que forman parte del Sistema de Seguridad Pública, a las cuales el Ministerio de Seguridad Pública coordinará y articulará”. A lo que agrega: “No se comprenden ni comparten los términos en que se pretende incorporar al Ministerio Público junto a entidades públicas dependientes directa o indirectamente del Ministerio de Seguridad Pública o del Gobierno, atendida que la Fiscalía detenta un estatuto diferente, en tanto órgano del Estado y no gubernamental”.

La crítica del persecutor cuestiona que la Fiscalía forme parte de dicho sistema, por lo cual asegura que “me encuentro profundamente preocupado por la forma en que está redactado el artículo 2° del proyecto de ley y estimo que este debe ser redactado de forma de no generar un conflicto con las funciones propias y exclusivas del Ministerio Público”. Punto en el que la Corte Suprema también reparó en su informe por la iniciativa en enero pasado, cuando sostuvo que aquello “puede debilitar la independencia judicial”.

Por lo mismo, Valencia asegura que una de las opciones para cambiar este escenario es que la Fiscalía sea excluida como uno de los organismos que integren el Sistema de Seguridad Pública, sujeto a la coordinación del ministerio.

Pero el Artículo 2º del proyecto que actualmente se encuentra recibiendo observaciones de la comisión de Seguridad, no es la única parte en la cual el fiscal Valencia presenta sus observaciones. En términos de seguridad, plantea que con la iniciativa se hace necesario un efectivo “robustecimiento” de las policías, el Servicio Médico Legal (SML) y las demás instituciones relacionadas en la materia.

Respecto a las policías, específicamente a Carabineros, el penalista afirma que deben hacer presente “el profundo interés del Ministerio Público en tener incidencia de su carrera y formación académica, de manera que el desempeño de sus funcionarios en las investigaciones penales, que realizan bajo la dirección de los fiscales, pueda tener real incidencia en su calificación y ascenso profesional durante su carrera profesional, cuestión que debe ser considerada de manera relevante en la estructuración de un sistema de seguridad pública”.

Finalmente, el fiscal nacional apunta a que el proyecto establece que el nuevo ministerio podrá solicitar antecedentes a las instituciones del Estado en materia de seguridad. Por lo mismo, apunta que “en lo que dice relación con antecedentes propios de una investigación penal, tendrá como limitación (...) el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los torceros ajenos al procedimiento”.

Valencia concluye su oficio ante la comisión sosteniendo que se valora el proyecto y la creación del Ministerio de Seguridad, pero hace presente que la Fiscalía “no es un órgano de la administración, sino un órgano autónomo del Estado, de rango constitucional, que se encuentra disponible a colaborar y emitir opinión fundada sobre materias de su competencia”.