Apenas se conoció que Judith Marín -actual secretaria general del Partido Social Cristiano- era la carta del Presidente electo para encabezar el Ministerio de la Mujer en su futuro gabinete, se dejaron sentir ásperas críticas desde la oposición, cuestionando sus creencias religiosas -ella profesa el credo evangélico- y haciendo ver que una mentalidad de este tipo supone una amenaza para los derechos de las mujeres. La diputada Daniella Cicardini, por ejemplo, planteó que la futura secretaria de Estado es “antimujeres, homofóbica y pretende obligar a las mujeres a tener al hijo de su violador”, mientras que el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, mencionó que Marín es “consistente en su fanatismo”. La diputada PC Karol Cariola fue aún más severa: la acusó de “exorcista”, ironizando que con tales características “intente también exorcizar políticas públicas que hemos escrito de manera democrática”, cuestionando además declaraciones previas en orden a la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer.

El tono de las críticas ha sorprendido porque aparecen como un abierto cuestionamiento a las creencias religiosas de una persona, en lo que podría entenderse como un manifiesto intento de cancelación simplemente porque sus ideas o propuestas no coinciden con aquellas que promueve un determinado sector de la sociedad. En este afán de desacreditación incluso se han traído a colación videos de hace más de una década, cuando Marín era estudiante universitaria y entonces protagonizó en el Congreso una encendida protesta en contra del proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres causales.

Desde luego toda persona que decida ocupar cargos públicos está sujeta al escrutinio ciudadano como también de los medios de comunicación, un ejercicio indispensable para efectos de la transparencia y que es propio de cualquier democracia basada en la libertad de expresión, pero es relevante que las críticas se basen en los planteamientos o propuestas que se hayan formulado, examinando los fundamentos o razones detrás de ellas, y no desacreditando en función de las convicciones personales, porque entonces ello no solo supone un injusto menoscabo, sino que además se asume desde un púlpito de superioridad que hay convicciones que no tienen derecho a expresarse en la esfera pública.

Con todo, cabe resaltar que, a la par de estas opiniones destempladas, también surgieron distintas voces -incluso de personeros como el jefe de bancada de los diputados DC- que no dudaron en cuestionar este intento de cancelación, defendiendo el derecho a sostener convicciones religiosas en la esfera pública y haciendo ver que lo que corresponde es evaluar los planteamientos que Marín formulará una vez que asuma en el ministerio. Destacable es que la propia ministra de la Mujer haya evitado sumarse a estas descalificaciones. En entrevista con este medio, señaló que “es un error basar una crítica en la fe o en la edad (…) A mí lo que me interesa, más allá de lo que opinen algunas o algunos, es hacer un trabajo que asegure el principio fundamental de la administración pública, que es la continuidad en las funciones del Estado”, resaltando que con una serie de políticas de derecha ha sido posible avanzar en políticas en favor de la mujer.