La designación de la ex fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad Pública fue objeto de halagos por su perfil técnico para el cargo, pero a la vez generó una serie de suspicacias, porque distintas voces se preguntaron desde cuándo la exfiscal venía sosteniendo conversaciones con las nuevas autoridades y si ello pudo haber dado pie a algún conflicto de interés. Los cuestionamientos volvieron a surgir a propósito de la entrevista que la futura vocera concedió a este medio, donde indicó que las tratativas con Steinert datan desde hace “un buen tiempo”. Como era de esperar, sus dichos generaron amplio revuelo, y fue el designado ministro del Interior quien intentó rectificar, señalando que “esta comunicación no tiene nada de extraño, porque se produjo pocas horas antes de que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno”.

Al margen del traspié comunicacional que se le produjo a la nueva administración, el episodio permite poner de relieve un asunto escasamente abordado pero que resulta muy relevante: cómo se manejan los posibles conflictos que podrían surgir cuando una serie de autoridades que pertenecen a distintas instituciones o poderes del Estado deciden hacer un tránsito hacia cargos de gobierno, en particular ministerios.

El caso de la exfiscal de Tarapacá es el más reciente, pero en el pasado ha habido otros ejemplos, como la exfiscal Solange Huerta, que investigó el caso Tsunami y fue designada a cargo del Sename durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet; o el de Mario Marcel, que en su calidad de presidente del Banco Central fue reclutado como ministro de Hacienda. A su vez, los casos de parlamentarios en ejercicio que han sido designados como ministros abundan -así ocurrió bajo la administración de Bachelet, también en la de Sebastián Piñera y por lo visto el Presidente electo José Antonio Kast también evaluó esa posibilidad, pero sobre todo con parlamentarios que aún no asumen, algo inédito-, y si bien suele ponerse el acento en lo inconveniente que resulta “meter la mano a la urna” cada vez que un parlamentario asume funciones en el Ejecutivo, suele no considerarse la dimensión de que aquí también se podrían dar potenciales conflictos de interés.

La Constitución y la ley se han encargado de regular con bastante detalle el caso de distintas autoridades que deciden ser candidatos, particularmente cuando aspiran al cargo de senador o diputado; así, por ejemplo, los ministros de Estado, gobernadores, delegados presidenciales, el contralor, los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras, entre varios otros, deberán dejar su cargo un año antes de las elecciones parlamentarias, mientras que en el caso del fiscal nacional, los fiscales regionales y fiscales adjuntos la inhabilidad se amplía por dos años. Resulta evidente que con este tipo de restricciones no solo se busca impedir que posiciones de alta visibilidad puedan usarse como plataformas electorales, sino sobre todo se procura evitar que el cargo pueda dar pie a potenciales conflictos de interés o tráficos de influencia, precisamente por la información sensible que poseen y por el importante poder que detentan. El legislador incluso ha estimado que en el caso de los fiscales las inhabilidades deben ser aún más estrictas, por lo crítico que resulta poseer la titularidad de la acción penal.

La lógica que hay detrás para haber establecido estas inhabilidades en el caso de autoridades con aspiraciones parlamentarias resulta plenamente acertada, pero llama la atención que pareciera no apreciarse ningún conflicto en que autoridades o parlamentarios sean designadas en funciones de gobierno, en circunstancias que sus actuales cargos igualmente podrían ser mal utilizados para presionar o congraciarse con el propósito de lograr dicho objetivo.

Es evidente que como sociedad no se ha hecho un debate en profundidad sobre esta dimensión del problema, de modo que actualmente no hay ninguna regulación sobre la materia ni tampoco criterios que hayan sido impartidos por órganos como la Contraloría, quedando sencillamente entregada al criterio de las partes. La ausencia de orientaciones al respecto llama aún más la atención cuando el actual gobierno presentó un proyecto de ley para regular entre otros aspectos el tránsito de autoridades de gobierno hacia el sector privado, estableciendo en el caso de los ministros un plazo de un año en que no podrán ejercer cargos en sectores o actividades en que les haya correspondido intervenir directamente. En los fundamentos del proyecto se deja en claro que uno de los retos de la función pública es prevenir que a esta se antepongan intereses particulares, y de ahí que esta inhabilidad lo que busca es precisamente evitar los conflictos de interés.

Una deliberación a conciencia debería partir preguntándose en qué momento a las autoridades con aspiraciones a detentar un cargo de gobierno se les produce una inhabilidad para el ejercicio de sus funciones. El legislador ya determinó que en el caso de aquellas que buscan una candidatura parlamentaria tal inhabilidad se produce uno o dos años antes, según sea el caso, y por tanto es razonable evaluar si dichos plazos también resultarían pertinentes para aquellos que quieran transitar hacia el gobierno. Tampoco podría descartarse que si lo que se busca es aprovechar en cargos de gobierno la experiencia acumulada por determinadas autoridades, entonces la designación se produzca luego de un tiempo de haber concluido sus funciones, siguiendo el mismo criterio que inspiró el proyecto del gobierno para el tránsito al sector privado.

También cabe ponerse en la hipótesis de que luego de una deliberación se concluya que no se justifica colocar nuevas inhabilidades, pero si ese fuese el caso entonces el asunto quedaría zanjado y ante futuras nominaciones a cargos de gobierno ya no cabrían nuevos cuestionamientos. Lo relevante es abrir prontamente este debate, y desde luego sería útil que la propia Contraloría entregara un pronunciamiento al respecto, el que podría ser muy orientador.