Los resultados que se acaban de entregar de la PAES 2025 no han hecho más que confirmar que se siguen manteniendo brechas muy significativas entre colegios privados versus aquellos particulares subvencionados y los de dependencia estatal. Los rankings que se han elaborado a partir del puntaje promedio obtenido en comprensión lectora y matemáticas muestran que, de los 100 mejores colegios, 99 son particulares pagados, 66 de los cuales se ubican en la Región Metropolitana. En cuanto a los llamados liceos emblemáticos -que antaño eran el emblema de la educación pública- recién aparece el Instituto Nacional en el lugar 360.

Estos rankings ciertamente tienen limitaciones para efectos comparativos, por eso solo permiten darse una idea aproximada de la realidad que se vive en nuestra educación, tomando en cuenta además que la PAES es un instrumento diseñado para medir habilidades de los alumnos. Con todo, la persistencia de esta realidad a través de los años ya es un indicio de que las brechas según condición socioeconómica no han logrado revertirse pese a los numerosos cambios que se han introducido en la última década no solo en el diseño de los instrumentos de medición, sino también en la reforma educacional de 2015, en la que se prohibió la selección, el lucro y el copago.

Un reciente estudio elaborado por el investigador Miguel Lorca, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, ha entregado información robusta que apoya estas conclusiones, basándose en los resultados de las pruebas de selección de 2004, 2016 y 2026. Al abarcar un período muy extenso, permite una mejor perspectiva del impacto de las diferentes políticas públicas aplicadas en todo tiempo. Entre sus principales conclusiones, se observa que la brecha de puntajes entre los colegios particulares pagados y aquellos que reciben financiamiento público aumenta de 23,1% en 2004, a 25,2% en 2016 y a 26,7% en 2026; es decir, las brechas de desempeño académico según dependencia escolar no solo persisten, sino que se han profundizado.

Más allá de los cambios en el nivel absoluto de los puntajes, se aprecia una persistente brecha según dependencia escolar. En todas las cohortes, los estudiantes de colegios particulares pagados obtienen los puntajes promedio más altos, seguidos por los particulares subvencionados, y en niveles inferiores se ubican los establecimientos municipales y, en 2026, los SLEP. Así, los colegios particulares pagados se encuentran sistemáticamente sobrerrepresentados en los tramos de mayor desempeño (Top 10% y Top 5%), mientras que los estudiantes de colegios municipales y SLEP concentran una fracción desproporcionada de los puntajes ubicados en la mitad inferior de la distribución; los colegios particulares subvencionados ocupan una posición intermedia.

Son antecedentes que deberían reactivar un debate muy profundo sobre las razones de esta deficiencia estructural en nuestro sistema educacional, y el tipo de políticas que se deberían aplicar para ir cerrando estas brechas. El país claramente debería empeñarse para que los alumnos, independientemente de su nivel socioeconómico, encuentren en la educación pública una verdadera oportunidad niveladora, pero es lo que no está ocurriendo, permitiendo que las elites sigan proviniendo mayoritariamente de cierto tipo de colegios.

Tal como muestran los datos, se trata de problemas endémicos que van mucho más allá de un gobierno, pero que hacen inevitable preguntarse por los avances logrados bajo esta administración, una de cuyas banderas fue precisamente el fortalecimiento de la educación pública y promover activamente la igualdad de oportunidades. Aun cuando en las últimas mediciones del Simce se observaron avances en matemáticas y comprensión lectora, parece claro que en el balance general es muy poco lo que el país ha logrado avanzar en una mejor educación pública, constituyendo una promesa que claramente se ha visto incumplida.

A lo largo de esta administración no se observa que se hayan impulsado con empeño reformas que apunten a comenzar a mejorar sustantivamente la calidad de la educación, y en cambio los esfuerzos han estado centrados en impulsar determinadas agendas valóricas, o insólitamente en la eliminación del CAE, la condonación de deudas y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que por sus graves deficiencias ni siquiera ha logrado despertar un consenso básico en el Congreso.

Algunas voces han tratado de disimular la debacle en que nos encontramos planteando que luego del término de la selección en los colegios, ahora hay más alumnos con puntajes nacionales distribuidos en más colegios, lo que entonces no debería llevar a concluir que la educación pública ha desmejorado. Aun cuando esta distribución pueda ser efectivamente así, las cifras agregadas lo que muestran es que salvo esos buenos alumnos, que en general rendirán bien en cualquier establecimiento, una parte importante de los estudiantes de colegios que reciben financiamiento del Estado no logran ubicarse dentro de los puntajes más altos -pese a que la matrícula de los colegios privados representa menos del 10% del total, sus estudiantes explican la mitad de los puntajes en el 10% superior-, lo que sugiere que los colegios todavía no logran generar experiencias verdaderamente transformadoras.

En este contexto, y a la espera de reformas de fondo, es fundamental que las familias cuenten con el máximo nivel de información posible para efectos de poder elegir sus colegios, ya que un establecimiento deficiente puede generar daños irreversibles en la formación académica. De allí que no se entienden los esfuerzos en que cada tanto se empecinan parlamentarios y autoridades por restringir la información del Simce -que es uno de los pocos indicadores objetivos que permite a las familias evaluar el desempeño de los colegios-, buscando que la información sea cada vez más agregada y así evitar comparaciones. Desde luego, la ordenación de los colegios según categoría de desempeño que mandata la ley no se actualiza desde 2019, y es insólito que en el proyecto de reajuste al sector público que acaba de ingresar el gobierno, entre los muchos aspectos que incluye se plantee suspender la aplicación del Simce mediante un acto administrativo, condicionado a la disponibilidad presupuestaria.

Condicionar la aplicación de estas pruebas o eventualmente restringir aún más la difusión de sus resultados -algo similar ocurre con el afán de las autoridades por desincentivar la conformación de rankings a partir de los resultados de la PAES, para evitar estigmatizaciones- a la larga es un intento burdo por esconder los problemas que arrastra nuestra educación pública, profundizando el estancamiento en que nos encontramos.