El acuerdo de reajuste salarial alcanzado en la madrugada del miércoles entre el gobierno y diversos gremios del sector público ha sido rechazado duramente por la oposición, al punto que el presidente del Partido Republicano y futuro senador, Arturo Squella -una figura muy cercana al Presidente electo José Antonio Kast-, ha planteado que “si el gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación”, quebrándose el clima de distensión que se había generado tras el constructivo encuentro que sostuvieron a comienzos de semana el Presidente electo y el Presidente Gabriel Boric.

Los cuestionamientos no se refieren al monto del reajuste -que contempla un total de 3,4% que será parcelado entre 2025 y 2026-, lo cual de hecho está en línea con la inflación proyectada, sino a una de las cláusulas que, conforme el tenor de su redacción, busca establecer una suerte de “amarre” para funcionarios que hoy se desempeñan en la modalidad de contrata. Así, se indica que el proyecto de ley incorporará una norma según la cual la no renovación de las contratas deberá ser un acto fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, que se deberá notificar con al menos 30 días y remitir a la Contraloría, además de establecer la posibilidad, para funcionarios con al menos dos años de servicios continuos, de reclamar por vicios de legalidad. En caso de incumplirse con la fundamentación o el procedimiento, el acto quedará sin efecto con reincorporación y pago de remuneraciones.

Los criterios que ha resuelto aplicar el gobierno en acuerdo con los gremios -salvo la ANEF, que no fue parte de la firma ante su insatisfacción por el monto ofrecido de reajuste- no solo resultan inéditos en una negociación salarial, sino que en los hechos está cambiando la naturaleza jurídica de los empleos a contrata, que responden a un carácter transitorio conforme lo establece el Estatuto Administrativo. Este señala que las contratas duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, y las personas así designadas cesarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley. Pero dadas las cláusulas con rango legal que busca aprobar el Ejecutivo ahora solo podrán ser removidos en la medida que ello se justifique fundada y jurídicamente, procesos que podrían extenderse por largo tiempo.

Tal predicamento vulnera los criterios que incluso se han asentado en las cortes de justicia, estableciéndose que la modalidad de contrata en el empleo público no entrega de por sí un derecho a la estabilidad laboral ni tampoco convierte automáticamente los contratos temporales en aquellos de planta. Pero además, al establecer que funcionarios que lleven dos años de servicio continuo podrán reclamar por vicios de ilegalidad, busca retrotraer a criterios superados en materia de “confianza legítima”, donde la propia Corte Suprema ya zanjó que dicho principio opera después de cinco años en materia de contratas en el sector público, de modo que el paso que está dando el Ejecutivo supone un profundo cambio de criterio que hasta aquí no ha sido explicado. Más aún, el gobierno tuvo la oportunidad de presentar durante su mandato una reforma al Estatuto Administrativo para discutir en su mérito este y otros asuntos que han aquejado por largo tiempo al empleo público, pero en cambio optó por no hacerlo.

Resulta irónico que, con esta forma de actuar, el gobierno esté en los hechos restableciendo las llamadas “leyes de amarre” del régimen militar, práctica que el actual oficialismo siempre ha criticado duramente y que ahora, por mera conveniencia, repite sin pudor. Basta recordar que una de esas leyes fue justamente el estatuto administrativo de 1989 -que hasta la fecha sigue vigente casi sin cambios-, con el cual hacia el fin de dicho gobierno se buscó blindar a los empleados públicos ante el advenimiento de una nueva administración de centroizquierda, justamente estableciendo procedimientos que en los hechos hacen muy difícil remover a funcionarios de planta, y que ahora se pretende extender a los que están bajo contrata. Es sin duda una involución que los ministros de Hacienda y Trabajo -ambos militantes frenteamplistas- convenientemente prefieren obviar, atendido el entusiasmo con que han celebrado este acuerdo.

Ahora que el gobierno se acerca a su término y encuentra muchas dificultades para asentar algún legado, la forma de jugar sus cartas en la fase final resulta especialmente decepcionante. En tal sentido, la señal que se está dando resulta preocupante, porque con este actuar el oficialismo no solo da muestras una vez más de su empecinamiento por promover reformas improvisadas y cambios a último momento de las reglas del juego, sino que también está dejando ver el estilo de oposición que pretende desplegar a partir de marzo del próximo año, el cual se anticipa que vendrá con especial dureza. Como es muy dudoso que la motivación de estos cambios responda a un genuino interés por mejorar el empleo público, es legítimo aventurar que más bien es una maniobra para complicar desde ya al futuro gobierno de Kast, abanderizándose con los empleados públicos y buscando dificultar una de las reformas que el Presidente electo pretende impulsar, cual es la reducción del gasto público y una racionalización del empleo en el Estado.

Algo similar ya se había observado en la tramitación de la Ley de Presupuestos, con fuertes cuestionamientos no solo por la forma como el Ejecutivo estimó los ingresos, sino porque tampoco respetó la tradición de dejar un monto de libre disposición de una cuantía importante, lo que muchos leyeron como un reconocimiento del gobierno de que sería derrotado por Kast y la intención de complicarle deliberadamente su primer año.

El gobierno acaba de experimentar una dura derrota electoral, donde sus ideas y actuaciones fueron castigadas. Por lo mismo resulta inexplicable que se insista en formas de actuar abusivas que la ciudadanía rechaza, lo que es una muestra de que a pesar de todos los problemas experimentados a lo largo del mandato, aún no se han hecho los aprendizajes del caso.