La licitación a la que convocó Fonasa para implementar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en el seguro público -que fue parte de los contenidos de la llamada ley corta de Isapres- terminó en un completo fracaso en junio pasado, cuando se conoció que ninguna compañía de seguros presentó ofertas. Los problemas de diseño de la licitación eran evidentes, tal como advirtieron numerosos expertos, además del hecho de que la mayoría de las clínicas de alta complejidad no eran parte de la red de prestadores.

Fonasa convocó a un segundo proceso de licitación, bajo condiciones supuestamente más atractivas; a pesar de que esta vez había más de 500 prestadores inscritos en la MCC, seguían sin estar las grandes clínicas, lo que mantenía importantes niveles de incertidumbre. Los resultados de dicho proceso se acaban de dar a conocer, y solo una aseguradora ofertó por una de las siete fracciones licitadas, lo cual desde luego constituye un nuevo y rotundo fracaso.

La MCC -que permitiría a los afiliados de Fonasa en libre elección escoger entre un pool de prestadores más amplio por el pago de una prima adicional al 7%- era uno de los compromisos en que se había empecinado el gobierno, buscando la oportunidad de fortalecer el seguro público, especialmente ante el importante volumen de afiliados que estaba migrando desde Isapres hacia Fonasa y que se podría acelerar en el futuro ante la posibilidad de que las medidas de estabilización no dieran los resultados esperados. La realidad está demostrando que una modalidad de este tipo resulta altamente compleja de implementar, algo que las autoridades de Fonasa minimizaron, revelando además una manifiesta incapacidad para diseñar un instrumento que resultara de interés para las aseguradoras, lo que ha dejado expuesto al gobierno a un nuevo bochorno.

Se abre ahora el dilema de si continuar adelante con la MCC, considerando que este mecanismo quedó establecido en la ley como parte de los beneficios que tendrían los afiliados de Fonasa. La norma contempla que en caso de que fracasen dos licitaciones el Estado puede recurrir al trato directo, pero esta fórmula resulta totalmente desaconsejable a la luz de los resultados conocidos hasta ahora.

Resulta evidente que si la inmensa mayoría de las aseguradoras no se interesó en participar de la licitación bajo las condiciones actuales, cabría preguntarse qué tendría que cambiar para que vía trato directo ahora sí les resultara atractivo ser parte de la MCC. Una posibilidad sería a costa de reducir los beneficios a los afiliados; respecto de la prima considerada en la licitación (unos $45 mil por afiliado), tal nivel ya es complejo porque según algunas voces expertas hace restrictiva la potencial demanda por el seguro. Ello podría implicar que la cartera de afiliados que decida ingresar sea relativamente pequeña y probablemente más riesgosa, lo que inhibiría la entrada de más actores, o bien que requiera de subsidios estatales para poder sostenerse. Es decir, en las actuales condiciones un trato directo previsiblemente implicaría una desventaja para los afiliados o eventualmente el riesgo de estresar aún más las arcas fiscales.

Tal parece que lo prudente es que el gobierno asuma el desaguisado y no se insista en el trato directo, permitiendo que el próximo gobierno y el nuevo Congreso evalúen posibles alternativas.