El presidente de El Salvador hace algunos días dio otro paso en su deriva autoritaria. Esta vez con la aprobación en el Congreso, dominado por el oficialismo (con 57 escaños de 60), de una reforma constitucional que da luz verde a la reelección indefinida del mandatario y amplía de cinco a seis años el periodo presidencial. El camino tomado por el gobernante salvadoreño sigue al pie de la letra el derrotero de otros líderes autocráticos y populistas de la región, como Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, que tras ser elegidos democráticamente fueron cooptando paulatinamente las distintas instituciones del país, marginando los espacios de la disidencia. Con solo 44 años, Nayib Bukele estará ahora en condiciones de gobernar por décadas su país.

“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles o recibir reportes de cuántos muertos llevamos al día”, dijo el mandatario en respuesta a las críticas tanto de la oposición como de diversos organismos internacionales de derechos humanos. Sus palabras tocan el centro de la estrategia que le ha permitido avanzar en su deriva autoritaria, esto es, la grave crisis de seguridad que lo llevó inicialmente al poder en 2019. Desde su llegada a la presidencia, Bukele impulsó un combate sin miramientos contra la delincuencia que asolaba al país. El resultado ha sido una radical caída de los índices de criminalidad en El Salvador, con una tasa de homicidios que pasó de 51 por cada 100 mil habitantes en 2018 a solo 1,9 el año pasado, la más baja de la región.

La ofensiva contra la criminalidad, más allá de los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos a los métodos usados, le ha permitido al presidente salvadoreño gozar de una popularidad superior al 80%. Frente al cansancio por la criminalidad desbordada y la inseguridad que afectó al país por décadas, una amplia mayoría de la ciudadanía estuvo dispuesta a dar carta blanca al mandatario. Así, su temprana decisión de presionar con los militares al Congreso para que aprobara una serie de reformas en su primer periodo y su posterior decisión de postularse a la reelección, contraviniendo la propia constitución del país, no generó una condena de la población, sino que esta terminó avalando al mandatario al reelegirlo en 2024 con un 84%.

La situación de Bukele, que ha contado con el respaldo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, revela que la estrategia para ir cooptando las instituciones democráticas no es privativa de un solo sector político. El manual se repite tanto en El Salvador como en Nicaragua o Venezuela. Al igual que Ortega, Bukele aprobó recientemente una norma para asfixiar a todas las organizaciones que reciben aportes del extranjero, en una clara presión contra la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero más grave aún, el hecho da cuenta, en el caso de El Salvador, de la amenaza para el sistema democrático que yace en una sociedad desbordada por la inseguridad y la delincuencia. Los éxitos en ese ámbito han elevado la popularidad de Bukele, incluso en Chile, pero los costos de ese camino están a la vista.