El lunes, como ha sido tradición, la presidenta de la Corte Suprema dio inicio al año judicial dando cuenta de la situación del Poder Judicial. Un hito que en esta oportunidad concentraba una mayor atención por ser la primera vez que lo encabezaría una mujer, pero también por el complejo y difícil escenario que ha enfrentado ese poder del Estado y que ha significado que en algo más de un año tres ministros del máximo tribunal y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago, hayan sido destituidos, ya sea por decisión de la propia Corte o como resultado de una acusación constitucional.

Por ello es destacable que la nueva presidenta comenzara su discurso abordando directamente esta situación. No sólo reconoció su gravedad sino agregó que la opción por la judicatura “exige subordinar nuestros intereses particulares al bien común” y “quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio” en ella. Un claro estándar que se tiene que exigir a quienes detenten ese mandato. Por ello, seguir revisando mecanismos que permitan cerrar espacios a malas prácticas es fundamental, más aún considerando la desconfianza ciudadana en los tribunales. La última encuesta CEP, de octubre 2025, mostró, por ejemplo, que solo un 16% de los consultados tenía mucha o bastante confianza en ellos, lo que plantea un desafío central para el Poder Judicial, dado su rol para garantizar el Estado de Derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, la presidenta también resaltó la necesidad de abordar un problema del que son testigos como jueces, el de la debida “calidad técnica y ética” de los abogados, que pasa por introducir cambios al sistema formativo de los profesionales. Para ello ya hay una iniciativa, aprobada por el pleno, de generar una propuesta que convoque a distintos actores en la materia, la que requiere especial atención, considerando la importancia de dar mayores garantías a quienes interactuarán en o con los tribunales.

Durante su mensaje la presidenta se refirió asimismo a la necesidad de un control más eficaz del desempeño profesional de quienes ejercen la abogacía. Un punto que responde a una preocupación genuina pero que es necesario evaluar adecuadamente. Sería valioso estudiar mecanismos que lo permitan, pero sin retrotraernos a un sistema de colegiaturas obligatorias, contaminadas muchas veces por consideraciones políticas.

En la cuenta, tampoco estuvo ausente el emplazamiento a los otros poderes del Estado, algo que debe ser atendido si se quiere tener una mejor y más eficiente administración de justicia. Hay materias que están pendientes, pero que no dependen sólo de la voluntad del Poder Judicial, como contar con un nuevo Código Penal , reformar el procedimiento civil -tal como hace 25 años se hizo en materia penal-, establecer un nuevo sistema de nombramientos judiciales que permitan despejar toda duda respecto de quienes ejercen los cargos y consagrar un sistema de ejecución de penas que permita garantizar de mejor manera su cumplimiento y sus fines. Tanto el poder Ejecutivo como el Congreso tienen responsabilidad en que se pueda avanzar en esos puntos.

Hoy el principal objetivo es recuperar la confianza en los tribunales de justicia, sin lo cual todo el sistema democrático institucional se ve comprometido. Por ello, dotarlo de las mejores herramientas es fundamental y debe movilizar todo el aparato del Estado.