Un amplio operativo policial desplegado en nueve recintos penitenciarios ubicados en diferentes regiones, así como el allanamiento en decenas de domicilios, dejó un saldo de más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería, todo ello en el marco de una investigación para desbaratar una red de corrupción al interior de las cárceles.

Los detalles que ha revelado la investigación liderada por el Ministerio Público revelan que los gendarmes se coludían con grupos de civiles para permitir el ingreso de “manilleros”, quienes transportaban todo tipo de mercaderías, en tanto que también se pudo detectar la presencia de visitantes que no se encontraban enrolados por ser migrantes irregulares. Se trata de una investigación que viene desarrollándose desde 2022, y que por su magnitud constituye uno de los mayores golpes que se han dado a las redes de corrupción al interior de las cárceles.

No cabe duda de que es valorable que esta investigación esté rindiendo frutos, pero ante la magnitud de estos hallazgos es inevitable interrogarse sobre cuán extendido se encuentra el crimen organizado al interior de las cárceles y hasta dónde ha logrado permear a una institución fundamental como es Gendarmería. La experiencia internacional muestra que el crimen organizado utiliza las cárceles para manejar desde ahí sus negocios ilícitos, para lo cual recurren a los sobornos masivos, así como a la extorsión.

El hecho de que en los recintos penitenciarios abunde la presencia de celulares -gracias a los cuales se siguen manejando operaciones a distancia- y que cada cierto tiempo se descubran reclusos que cuentan con una serie de privilegios es una señal de que el enquistamiento de este tipo de bandas ya está ocurriendo, y de allí que uno de los grandes temores es que esto pueda escalar hasta una pérdida de control en las cárceles. Preocupante es que haya una importante cantidad de gendarmes investigados que pertenezcan a Santiago 1, que es una cárcel de alta seguridad, y que se supone debería ser impenetrable para la delincuencia organizada.

Aunque el gobierno asegura que hay pleno control del sistema penitenciario, el informe dado a conocer ayer por la Contraloría General de la República mediante un consolidado de resultados en materia de seguridad pública, entregó conclusiones que revelan graves vulnerabilidades en dichos establecimientos y consistentes con los hallazgos de la Fiscalía. Así, se registraron 1.279 internos que recibieron visitas pese a tener prohibición para ello; más de 1.500 personas ingresaron pese a tener prohibición de acceso, y solo el 12% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal.

Para asegurar el control de las cárceles es clave velar por que Gendarmería cuente con sistemas de control mucho más reforzados que eviten la cooptación por parte del crimen organizado, y que pueda cumplir eficazmente con su labor de custodia de la población penal. Con ocasión del escándalo que ha quedado al descubierto, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer el envío de una reforma constitucional de modo de separar en Gendarmería las funciones de seguridad pública de aquellas propias de la reinserción. Así, la institución pasará a ser una entidad dedicada a la seguridad pública, y por tanto su dependencia quedará alojada en el Ministerio de Seguridad, mientras que la reinserción será realizada por otra institución, que dependerá de Justicia. Es un paso en la dirección correcta, pero en sí mismo no garantiza que baste para la magnitud del desafío.