“Un acuerdo de paz está a nuestro alcance… si tan solo permitimos que la diplomacia tenga el espacio que necesita para lograrlo”, declaraba el ministro de Asuntos Exteriores de Omán Badr bin Hamad Al Busaidi, tras la ronda de conversaciones indirectas que tenía lugar entre Irán y EE.UU., solo un día antes de que éste último país, junto a Israel, atacaran a la nación persa el 28 de febrero pasado, en la denominada operación “Furia Épica”.

La acción militar definida entonces como un ataque preventivo ante una amenaza inminente de Teherán, que no ha podido ser comprobada, tuvo finalmente un carácter distinto. Se apuntó a la eliminación de altas autoridades del régimen -entre ellas Ali Jamenei, el líder supremo de la República Islámica- e importantes mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria, para forzar con ello un cambio de régimen.

Sin embargo, como señaló la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, a tres semanas de iniciada la guerra el régimen iraní “parece estar intacto, aunque en gran medida degradado”. Así, lo que era una operación corta está a días de cumplir un mes, sin que se avizore su término, como ha quedado claro por la petición del gobierno de Trump al Congreso de US$200.000 millones adicionales para financiar las operaciones militares.

El escenario se ha complejizado tras la respuesta militar de Irán contra Israel e intereses norteamericanos en la región, que se ha extendido a sus países aliados, alcanzando objetivos civiles, militares y de la industria petrolera. Además, se ha visto afectado el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz -por donde pasa el 15% del crudo y 20% de GNL mundial.

Los efectos de todo ello ya están a la vista. Los precios del petróleo enfrentan un alza relevante, llegando el viernes pasado a los US$ 110 el barril, un nivel que bancos de inversiones como Goldman Sachs estiman se podría mantener hasta el 2027 si el conflicto se extiende. A su vez se ha visto comprometida la producción y distribución de GNL, hay una menor disponibilidad de fertilizantes y se han afectado las cadenas logísticas.

El impacto es a nivel global, y el hecho de que no haya expectativas de término introduce un factor de incertidumbre adicional, del que nuestro país no se puede abstraer. Con una matriz energética donde el petróleo es relevante, su precio en alza sostenida estas semanas, el alza del petróleo no solo tensionará el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) -que el actual gobierno ya ha anunciado que intervendrá- en un escenario de poca holgura fiscal, sino también generará efectos en las cadenas productivas -costos de insumos y de transporte más altos.

A ello se suma la presión sobre el tipo de cambio que la semana pasada llegó a su nivel más alto de 2026, $924.5 por dólar, dejando atrás las expectativas que había hace menos de un mes de que éste se estabilizaría muy por debajo de los $ 900 en los próximos meses. Estos efectos pueden dejar atrás la idea de que la presión inflacionaria había cedido, alejando la posibilidad de una baja de la TPM en la próxima reunión del Banco Central.

Por otra parte, la amenaza de que el conflicto se prolongue, como muchos prevén, puede llevar a un enfriamiento de la economía mundial, lo que redundaría en que la demanda de nuestros productos -especialmente mineros- se resienta y se posterguen eventuales inversiones. Una realidad que plantea un desafiante escenario a las nuevas autoridades.