Un nuevo capítulo sumó este lunes el escándalo que envuelve al fútbol argentino, luego de que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueran procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó por 19.300 millones de pesos argentinos (US$ 13,8 millones).

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien además dictó un embargo de 350 millones de pesos (US$ 250 mil) sobre sus bienes.

De acuerdo a lo que sostiene el diario transandino Clarín, “el magistrado también mantuvo la prohibición de salida del país de ambos dirigentes y les impuso cuatro reglas de conducta a cumplir: la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin informarlo al tribunal; la prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal; la obligación de presentarse cada vez que se lo requiera; y mantener una comunicación constante con sus abogados para cumplir con las citaciones de la justicia”.

“Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento”, agregó el magistrado.

Los hombres fuertes del fútbol argentino han sido procesados por primera vez. Junto a ellos, fueron procesados el exsecretario general de la AFA, Víctor Blanco, y el actual, Cristian Malaspina, además del gerente general Gustavo Lorenzo. Ellos, eso sí, no quedaron con arraigo nacional. Lorenzo quedó con un embargo 350 millones de pesos a Lorenzo y Blanco y Malaspina quedaron con 150 millones.

En ese sentido, Tapia y Toviggino fueron procesados por 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. También fue procesada la AFA como entidad.

“Se encuentra acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación dolosa de Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Gustavo Roberto Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina -estos dos últimos, según el período de intervención que en cada caso se encuentra acreditado en autos- en los hechos investigados”, sostuvo el magistrado.

“Un evidente plan”

La resolución del juez señala que la AFA tenía la obligación como agente de retención de pagar el IVA y ganancias y los aportes patronales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero lo hicieron fuera de plazo. “Durante los períodos investigados, la Asociación del Fútbol Argentino ha manejado un flujo de fondos de tal magnitud que evidencia su sobrada capacidad para afrontar las obligaciones tributarias y previsionales aquí imputadas”, señaló el magistrado, junto con citar transferencias de cuentas de la AFA por 1.400 millones de pesos, 975 millones de pesos o 500 millones de pesos, entre otros.

“Los valores consignados permiten concluir -a la luz de las constancias reunidas en autos- que la entidad contaba con una capacidad económica suficiente y sostenida para afrontar en tiempo y forma las obligaciones tributarias aquí imputadas”, profundizó.

Además, acusó que Tapia, Toviggino y los demás dirigentes de AFA procesados “pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento”.

“Este proceder sistemático y reiterado en el tiempo, sólo resultaba de posible materialización si todos los responsables de la administración cotidiana -es decir, del Consejo Directivo- prestaban su conformidad y mantenían una conducta omisiva encaminada a la concreción del designio común, que no era otro que retrasar por fuera de los plazos legales el depósito de los montos retenidos y percibidos, de forma tal de obtener beneficios financieros o de otra índole”, apuntó.

Los procesamientos pueden ser apelados por las defensas para que intervenga la Cámara Penal Económico y que revise la decisión del juez Amarante.