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Además, Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "lo que ocurrió con este caso, es una muestra de lo importante que son las comisiones calificadoras".

Durante cuatro horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo declarando al Ministerio Público, en calidad de testigo, en una investigación que evalúa eventuales delitos en la entrega de las pensiones de gracia, producto de las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.

Consuelo Contreras sostuvo que "el Presidente tiene la libertad de llamar a quien estime pertinente, en la medida que tenga un carácter asesor y que no deliberativo y que sus opiniones no sean obligatorias de cumplir”.

Consuelo Contreras manifestó que desde la institución mirarán “con atención” las definiciones del Cosena, instancia que fue convocada por el Presidente para el lunes.

La profesional defendió las labores realizadas por el organismo e insistió en que siempre marcaron que no cumplían con los estándares internacionales para funcionar como comisión calificadora de víctimas.

El organismo ha quedado en entredicho, luego que el documento emanado por el ente contralor dejara al descubierto una serie de falencias respecto al proceso de selección, entrega y pago del beneficio. Por ejemplo, que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos.

La senadora Paulina Vodanovic planteó que no se le puede pedir a una organización “que usa como método de acción política la violencia” que deponga esas actividades para conversar con ellos, y apuntó que si se quisiera dialogar en serio "habría que pedirles que abandonen la vida violenta".

La arremetida se produce luego de que Consuelo Contreras afirmara que es necesario considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco, en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur.

La vocera de gobierno, sin embargo, planteó que se trata de “política ficción”, ya que hasta el momento no hay “ninguna señal de disposición de diálogo”.

“La condición necesaria para que todos se sienten a la mesa es que debe haber situación de paz", sostuvo Consuelo Contreras, señalando que "es importante que se sienten los grupos que están más al extremo".

"El derecho a la seguridad personal es condición habilitante para el ejercicio y disfrute de otros derechos”, señaló Contreras en ceremonia de entrega del informe anual del organismo.

Además de su voto, la trabajadora social contó con la adhesión de Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugás, Juan Carlos Cayo y Yerko Ljubetic. Mientras que Sergio Micco, Cristián Pertuzé, Carlos Frontaura y Sebastián Donoso -que representan la “oposición”- optaron por la abstención.

Tras dejar el programa con el que se buscaban observar eventuales vulneraciones a los derechos humanos entre las víctimas de violencia rural, el experto en emergencias asegura que enfrentó fuertes presiones y amenazas por parte de directores regionales para entregar datos de los familias entrevistadas. Advierte, además, que hay un sesgo político que estaría empañando las acciones. “Percibimos la ausencia del Estado, incluyendo omisiones del instituto”, dice.

Luego de que en noviembre de 2021 comenzaran solicitudes de distintos organismos para enviar un equipo de observadores a la zona, la administración de Sergio Micco creó el "Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales del INDH en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos", el cual el 19 de julio presentó su primer reporte tras poco más de un mes y medio de trabajo, donde dieron cuenta de la afectación que sufren familias de las provincias de Arauco y Malleco. Sin embargo, tras la salida del otrora director, la iniciativa fue estrepitosamente suspendida y su coordinador, Michel De L'Herbe, finiquitado.

La consejera, que debió asumir como directora subrogante del organismo tras la renuncia del abogado DC, es crítica de la postura que tomó su antecesor. Le rebate y dice que ellos nunca enfrentaron presiones para hacer o decir algo, por lo que pide a Sergio Micco que ponga a disposición de la Fiscalía los antecedentes que tenga en ese sentido.