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La exmandataria dijo que los magistrados de un tribunal de primera instancia de La Paz conocían el caso con antelación, lo que había comprometido su imparcialidad. Áñez lleva en prisión preventiva casi 700 días por su participación en el caso “Golpe de Estado II”, que causó la caída del expresidente Evo Morales.

La exmandataria boliviana fue declarada culpable de fomentar un golpe de Estado contra el gobierno socialista liderado por Evo Morales a fines de 2019. “Yo soy inocente”, dijo Áñez en su declaración final ante el juez. Su defensa dijo que acudirá a instancias internacionales para buscar justicia.

Abogado de la exmandataria - imputada en el caso “Golpe de Estado II- indicó que “los jefes militares no podían conectarse a la audiencia por problemas en San Pedro, me parece que estaban hacinados y por eso se tuvo que suspender la audiencia".

“Sr. (Luis) Almagro y comunidad internacional, este es el momento que deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder, que son liderados por (el presidente izquierdista) Luis Arce Catacora y Evo Morales”, escribió la exmandataria derechista en la misiva fechada el 5 de septiembre y entregada a la Organización de Estados Americanos por su hija, Carolina Ribera, que viajó esta semana a Estados Unidos para denunciar la “dramática situación” de su madre.

“Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, demandó al exmandataria del país altiplánico en un mensaje publicado por su equipo en sus redes sociales. Los familiares y cercanos de Áñez han aseverado que se encuentra “muy débil” y “sufre de forma permanente” debido a que “cada diez minutos ingresa alguien a su celda a preguntar, a espiar o no sabe a qué”. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que acusarla de genocidio "es un disparate".

Así lo confirmaron desde la Fundación Horizonte Ciudadano, fundada por la expresidenta. Cabe recordar que la Alta Comisionada arribó ayer a Chile, tras el fallecimiento de la señora Ángela Jeria.

La expresidenta se trasladará hasta su hogar en La Reina para iniciar su aislamiento y donde, según trascendió, estaría el féretro con el cuerpo de su progenitora. Además, se descartó que Jeria tuviera coronavirus al momento de fallecer.

Expresidenta dijo que la idea “no le hace bien a la democracia” y que “no puede ser que porque algunos piensen que es el único árbol parado, todos se suban arriba del árbol”.

La exmandataria aprovecharía la visita para pasar unos días de vacaciones. No se ha descartado que pueda tener alguna participación pública.

En su discurso inaugural omitió citas a régimen de Maduro y criticó política migratoria italiana, lo que fue rechazado por el ministro del Interior de ese país.

Dos reporteros de la agencia Reuters fueron condenados a siete años de cárcel cuando investigaban una matanza contra la etnia rohingya en 2017. Los profesionales fueron acusados de incumplir la ley de secretos oficiales. La medida fue condenada por Bachelet en su rol de Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU.

Ente zanjó discusión sobre los recursos que la exmandataria recibe en Chile, los que para el oficialismo contravienen normas de la ONU. "El departamento de ética no considera que la pensión que recibe Bachelet sea una remuneración, sino un derecho", afirmó la entidad.

En la ceremonia, la exmandataria recibió la medalla Salvador Allende, máximo reconocimiento de la colectividad.

De visita en México, la exmandataria dictó una conferencia en la UNAM en el contexto de la Cátedra por los Derechos Humanos y la Paz "Alfonso García Robles".

En un seminario, recordó que durante el régimen militar solo el diálogo de las distintas fuerzas opositoras nos "permitió contar con un bastión contra la barbarie".