La institución afirma que producto del caso que involucra a diversas fundaciones que realizaron convenios con reparticiones el Estado impactó en su situación financiera.
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Según expusieron desde la fundación ante Contraloría, en reiteradas ocasiones pidieron detalles para comenzar la ejecución del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, aunque nunca habrían tenido respuesta. Esto estaría ligado, como se desprende de los archivos que acompañaron, con que no quisieron contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada (DC). La autoridad, en tanto, desechó las acusaciones y aseguró que "jamás pidió la contratación de nadie".
La solicitud del fiscal Cristián Aguilar fue visada la tarde del lunes 10 de julio por la jueza Claudia Campusano. Se autorizó incautar computadores, celulares y todo dispositivo que tenga información de los cuestionados convenios. Ayer, de acuerdo a la Fiscalía, funcionarios de la PDI procedieron a realizar las diligencias respectivas.
Aunque aseguró su inocencia en el caso, Rodrigo Hernández (RD) afirmó que cometió “un error que no puede permitirse en este contexto".
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
El militante de RD, Rodrigo Hernández firmó una autorización a Urbanismo Social sin asumir su inhabilidad. Además, había sido asesor jurídico de la ONG que luego fue beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi.
La directora ejecutiva de Urbanismo Social, ONG investigada por la fiscalía en el Maule por convenios firmados con la Seremi de Vivienda, afirma, además, que no son una “fundación con vinculación política como se nos está mostrando. Somos autónomos y transversales a distintos gobiernos”.
La delegada enfatizó en que “toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes”.
El Presidente emitió nuevamente declaraciones por la presunta corrupción que involucra a Revolución Democrática y al Minvu. Pese a que en sus primeras intervenciones había puesto énfasis en que el caso debía enfrentarse con una lógica de "caiga quien caiga", este jueves el Mandatario hizo una defensa explícita de dos personas cuestionadas en el marco de las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público: la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, y el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández. También respaldó a su ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El nombre de la autoridad regional surgió en medio de la investigación que abrió de oficio el Ministerio Público, ahora para indagar los contratos entre Urbanismo Social y las secretarías regionales del Maule y Antofagasta. El abogado trabajó por siete años en la ONG, antes de pasar al gobierno, desde donde se cerraron contratos con esta organización. Sin embargo, dice que se inhabilitó de todos estos procesos para "cautelar ese estándar ético que va más allá de la ley".
El Ministerio Público actuó de oficio, ahora, para indagar las transferencias a la ONG que integró el actual jefe regional, Rodrigo Hernández. Se pesquisan contratos que sumarían más de $ 500 millones. El fiscal regional de la zona, Julio Contardo, derivó los antecedentes a su par de Antofagasta.
