Japón comenzó a prepararse hace más de tres décadas para una realidad que hoy inquieta a gran parte del mundo: una población que vive más años, familias cada vez más pequeñas y un número creciente de personas que requieren ayuda para realizar actividades cotidianas.

La respuesta fue el Kaigo Hoken, un seguro público y obligatorio de cuidados de larga duración que busca que la dependencia en la vejez no sea una responsabilidad exclusiva de las familias.

Su nombre proviene de las palabras japonesas kaigo, que alude al cuidado o asistencia de una persona, y hoken, seguro. Aunque suele compararse con un seguro de salud, funciona como un sistema separado: financia ayuda para bañarse, vestirse, comer, desplazarse o mantener una vida autónoma, además de enfermería domiciliaria, rehabilitación, centros de día y residencias.

La Ley del Seguro de Cuidados de Larga Duración fue aprobada en diciembre de 1997. Después de un período de preparación administrativa y expansión de la oferta, las prestaciones comenzaron a entregarse el 1 de abril de 2000.

La fecha es relevante porque la ficha sobre Kaigo Hoken publicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica 1999 como inicio de la iniciativa. Sin embargo, la legislación japonesa y los antecedentes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar sitúan en abril de 2000 el comienzo efectivo del sistema.

¿Por qué Japón decidió crear este seguro?

El Kaigo Hoken nació en medio de una transformación demográfica acelerada. Las personas de 65 años o más representaban alrededor del 9% de la población japonesa en 1980. En 2000, cuando comenzó el seguro, ya superaban el 17%. Actualmente en Chile, las personas de 65 años o más representan el 14% de la población, según datos del INE.

Al mismo tiempo, la urbanización, la baja natalidad y la disminución del tamaño de los hogares redujeron la cantidad de familiares disponibles para cuidar. Esa responsabilidad recaía especialmente en esposas, hijas y nueras, con consecuencias sobre su empleo, salud e ingresos.

También existía un problema para el sistema sanitario. Muchas personas mayores permanecían en hospitales no porque necesitaran atención médica permanente, sino porque no contaban con servicios sociales o familiares que permitieran cuidarlas en sus casas. El fenómeno llegó a conocerse como “hospitalización social”.

El nuevo seguro buscó separar ambas necesidades. El sistema de salud continuaría financiando diagnósticos y tratamientos médicos, mientras Kaigo Hoken se ocuparía de la asistencia prolongada requerida para la vida diaria.

El principio era sencillo: transformar el cuidado desde una obligación esencialmente familiar en una responsabilidad compartida por las personas aseguradas, los empleadores, las municipalidades y el Estado.

La cotización comienza a los 40 años

Toda persona cubierta por un seguro de salud japonés empieza a cotizar para Kaigo Hoken desde el mes en que cumple 40 años.

No se trata de una cuenta de ahorro individual ni de un seguro privado que acumule fondos a nombre de cada afiliado. Las cotizaciones actuales, complementadas con impuestos, financian los servicios de quienes hoy necesitan cuidados.

El gobierno japonés fundamenta el inicio a los 40 años en que, desde esa etapa, aumenta el riesgo de sufrir algunas enfermedades degenerativas. También es el período en que los padres de las personas cotizantes comienzan con mayor frecuencia a necesitar asistencia.

Entre los 40 y los 64 años, la prima se cobra junto con el seguro de salud. En el caso de los trabajadores dependientes, normalmente es financiada por mitades entre el empleado y el empleador. Para quienes pertenecen al Seguro Nacional de Salud, el cálculo depende de los ingresos, el hogar y las reglas municipales.

En el régimen administrado por la Asociación Japonesa de Seguro de Salud, conocido como Kyokai Kenpo, la tasa de Kaigo Hoken corresponde desde abril de 2026 al 1,62% de la remuneración estándar. La mitad suele ser pagada por el trabajador y la otra mitad por el empleador. La cifra sirve como referencia, ya que otros seguros laborales pueden aplicar tasas diferentes.

Al cumplir 65 años, la persona pasa a una nueva categoría. Desde entonces, la prima es determinada por su municipalidad de residencia y suele descontarse directamente de la pensión.

Para el período 2024-2026, la prima base promedio nacional es de 6.225 yenes mensuales. El monto efectivo varía según el municipio y la situación económica de cada persona. Desde 2024 existe una escala estándar de 13 tramos, con rebajas para los hogares de menores ingresos y recargos para las rentas más altas.

Cotizar no significa poder usar inmediatamente cualquier servicio

El sistema distingue dos grupos de asegurados.

Entre los 40 y los 64 años, una persona solo puede recibir prestaciones si su dependencia se relaciona con alguna de las 16 enfermedades definidas por la regulación. Entre ellas se encuentran el cáncer terminal, la artritis reumatoide, la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia de inicio precoz, la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Desde los 65 años, en cambio, la causa deja de ser determinante. La persona puede acceder si una evaluación establece que necesita apoyo o cuidados.

La afiliación es automática, pero las prestaciones no lo son. El interesado, un familiar o un representante debe solicitar una evaluación ante la municipalidad.

Un funcionario visita el domicilio y aplica un cuestionario nacional sobre movilidad, alimentación, higiene, uso del baño, capacidad cognitiva, conducta y medicación. La municipalidad también solicita un informe al médico tratante.

Los antecedentes pasan por una evaluación computacional y luego son revisados por un comité formado por profesionales de salud y bienestar. La decisión final clasifica a la persona en uno de dos niveles de apoyo preventivo o en uno de cinco niveles de cuidado.

Los casos más leves corresponden a personas relativamente autónomas que necesitan ayuda limitada o presentan riesgo de deterioro. Los niveles superiores comprenden a quienes requieren asistencia constante para gran parte de las actividades cotidianas.

Un plan de servicios, no un pago en dinero

Una vez certificada la necesidad, un gestor de cuidados o care manager prepara un plan junto con el beneficiario y su familia. El documento establece qué servicios utilizar, con qué frecuencia y mediante cuáles proveedores.

Cada nivel dispone de un límite mensual de prestaciones financiadas. El beneficiario no recibe ese monto en efectivo: el seguro paga directamente a los proveedores autorizados.

La oferta incluye atención domiciliaria, asistencia para el baño y la alimentación, enfermería, rehabilitación, centros de día, estadías breves para dar descanso a los cuidadores familiares y sistemas de visitas disponibles durante las 24 horas.

También puede cubrir el alquiler de sillas de ruedas, camas especiales y otros equipos, además de determinadas adaptaciones de la vivienda, como instalar pasamanos o eliminar desniveles.

Para las personas con mayor dependencia existen establecimientos residenciales y centros que combinan rehabilitación, enfermería y asistencia cotidiana. El ingreso a los hogares intensivos públicos se prioriza, en principio, para quienes se encuentran en los niveles de cuidado 3, 4 y 5.

El usuario paga entre 10% y 30%

La mayoría de los beneficiarios paga el 10% del precio oficial de los servicios. Kaigo Hoken transfiere el 90% restante al proveedor.

Desde 2015, las personas mayores con ingresos elevados pueden pagar un 20%. En 2018 se creó un copago de 30% para el tramo de ingresos más alto. Existen, sin embargo, topes mensuales y reducciones para hogares de bajos recursos.

El seguro no cubre necesariamente todos los gastos. La alimentación y el alojamiento en una residencia se pagan por separado, al igual que habitaciones especiales, servicios adicionales y gastos personales. Si el usuario contrata prestaciones por sobre el límite correspondiente a su nivel, debe financiar el excedente.

Otra diferencia respecto de algunos sistemas europeos es que Japón privilegia las prestaciones en especie. Por regla general, no entrega dinero al beneficiario para remunerar a un familiar que lo cuida.

Mitad cotizaciones y mitad impuestos

Antes de considerar el copago, el financiamiento se divide en partes iguales entre impuestos y primas del seguro.

El gobierno nacional aporta cerca de 25% del costo; las prefecturas, 12,5%; y las municipalidades, otro 12,5%. Las cotizaciones de las personas de 65 años o más representan aproximadamente 23%, mientras las de quienes tienen entre 40 y 64 años aportan el 27% restante.

El diseño permite distribuir el riesgo entre generaciones y territorios. También existen transferencias de ajuste para municipios con una población más envejecida o con menor capacidad financiera.

Las primas y los planes de servicios se revisan cada tres años. De esa manera, las autoridades intentan adaptar el sistema al número previsto de beneficiarios, la disponibilidad de trabajadores y los costos de los proveedores.

Un sistema que amplió el acceso, pero también el gasto

Kaigo Hoken produjo una expansión considerable de los cuidados formales.

Según antecedentes recogidos por la OIT, en 2024 había 35,9 millones de asegurados de 65 años o más. Alrededor de 7,1 millones —cerca de uno de cada cinco— estaban certificados como personas que necesitaban apoyo o cuidados, y unos 6,1 millones utilizaban servicios durante un mes promedio.

Las estadísticas cambian según se contabilicen personas certificadas, usuarios mensuales o beneficiarios atendidos durante todo un año. Pero todas muestran el fuerte crecimiento del sistema, especialmente en servicios domiciliarios y comunitarios.

El gasto total pasó de aproximadamente 3,6 billones de yenes en 2000 a cerca de 11,9 billones en 2022. El presupuesto de 2024 estimó un costo total de 14,2 billones de yenes.

Las primas también han aumentado. La cotización base promedio de las personas mayores de 65 años era de 2.911 yenes mensuales al comienzo del sistema. Para 2024-2026 llegó a 6.225 yenes, más del doble en términos nominales.

La evolución refleja una de las paradojas de Kaigo Hoken: al convertir el cuidado en un derecho efectivo y ampliar la red de proveedores, también hizo visible una demanda que antes era absorbida gratuitamente por las familias.

La familia sigue siendo indispensable

La investigación disponible sugiere que el seguro ha reducido parte del tiempo destinado al cuidado informal, aunque sus efectos no son iguales para todos los hogares.

Un estudio basado en encuestas sobre uso del tiempo encontró una disminución significativa de las horas de cuidado entre algunos grupos de mujeres. Sin embargo, no comprobó que el tiempo liberado se transformara automáticamente en más horas de empleo.

Otro análisis comparativo concluyó que el sistema aumentó de manera importante las prestaciones públicas para las personas mayores, pero no encontró un efecto estadísticamente claro sobre la participación laboral femenina a escala nacional.

En 2022, alrededor de 6,3 millones de personas de 15 años o más seguían proporcionando cuidado o apoyo a una persona mayor. Más de 3,6 millones también tenían empleo y cerca del 65% de los cuidadores informales eran mujeres.

El seguro, por tanto, redistribuyó parte de la responsabilidad, pero no reemplazó a las familias ni eliminó la desigualdad de género asociada al cuidado.

El desafío de encontrar trabajadores

La disponibilidad de personal se ha convertido en una de las principales amenazas para la continuidad del modelo.

El sector empleaba aproximadamente a 2,15 millones de trabajadores en 2022. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar calcula que Japón necesitará cerca de 2,4 millones en 2026 y 2,72 millones en 2040.

Para cerrar la brecha, el gobierno ha impulsado programas de capacitación, subsidios salariales, incorporación de tecnología y contratación de trabajadores extranjeros. Pese a ello, persisten problemas de remuneraciones, desgaste laboral, rotación y falta de personal, especialmente en las zonas rurales.

Una referencia para las sociedades que envejecen

Después de más de 25 años, Kaigo Hoken se ha consolidado como uno de los componentes centrales de la protección social japonesa y como una referencia para otros países de Asia.

Su principal logro fue establecer que la dependencia no debe resolverse exclusivamente con los recursos económicos o familiares de cada persona. El acceso se determina principalmente por una evaluación de necesidades y los servicios son financiados colectivamente.

Pero la experiencia también muestra que un seguro de cuidados de larga duración no elimina los costos: los hace visibles, los distribuye y obliga a decidir cómo financiarlos.

Japón ha respondido aumentando primas, creando copagos para los sectores de mayores ingresos, focalizando algunos servicios y reforzando la atención domiciliaria. Aun así, la combinación de envejecimiento, menor población activa y escasez de cuidadores seguirá presionando al sistema.

La lección de Kaigo Hoken no es que exista una solución simple para el cuidado futuro. Es que, ante una sociedad que envejece, postergar la discusión implica que la responsabilidad y sus costos continúen recayendo silenciosamente sobre las familias.