Exdirectivo de la Fiscalía Nacional que renunció tras denuncia por acoso, lleva a Abbott a tribunales y lo acusa de encubrimiento

Autor: Javiera Matus

El fiscal nacional, Jorge Abbott. Foto: Aton

Luis Torres presentó una querella contra la máxima autoridad del Ministerio Público, acusándolo de una serie de irregularidades en el sumario interno que se llevó en su contra.


“Estimado fiscal nacional, junto con saludar, le informo personalmente que he interpuesto una querella criminal en su contra. He decidido que usted no se entere por la prensa, tal como me comunicaron a mi la sanción de remoción del cargo de Director de la Unidad Especializada que dirigía”. Así empieza el correo electrónico que el exjefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, le envió hoy a las 10.00 a su entonces jefe, Jorge Abbott.

Torres estuvo casi dos años en el puesto y no solo dio a conocer el catastro de los abusos sexuales presuntamente cometidos por miembros de la Iglesia Católica, sino que además quedó a cargo de coordinar todas las investigaciones emprendidas por las fiscalías locales y regionales. Esto fue parte de su trabajo hasta que el 29 de octubre de 2018, cuando se efectúo una denuncia en su contra por hechos presuntamente de acoso sexual contra alumna en práctica, supuestamente ocurridos en la celebración del aniversario institucional de la Fiscalía Nacional el 26 de octubre pasado. Luego de la acusación, la institución tomó la decisión de suspenderlo de sus funciones de forma temporal, mientras se resolviera el sumario en el que se están investigando tras las denuncias en su contra.

En el mail, le explicó las razones de la acción legal en su contra: “Como le señale el 10 de diciembre y le reiteré el 6 de enero al comunicarle mi renuncia, no descansaré hasta agotar todos los medios legales para defenderme de las falsas acusaciones en mi contra, y del ilegal y arbitrario sumario realizado por Mauricio Fernández (director de la Unidad de Lavado de Activos, ULDECCO, de la Fiscalía Nacional), el cual no ha respetado las más mínimas normas del debido proceso, con prácticas constitutivas de delitos que ahora fundan la querella”.

Agregó en el correo, acusando a Abbott de encubridor, que “todas estas conductas punibles se las comuniqué oportunamente por los canales formales y usted decidió rechazarlas, fuera de los casos que le permite el reglamento institucional. Asimismo, se negó reiteradamente a remitir las denuncias efectuadas a la fiscalía competente, en actos que no pueden ser sino calificados de una intención de encubrir los hechos y las personas que los ejecutaron”.

La querella

En detalle, son cuatro los delitos que acusa Torres en contra de los funcionarios de la Fiscalía Nacional: perjurio, falsificación de documento público, violación de secretos y falta penal de omisión de denuncia. Y la querella apunta no solo contra Abbott, también va en contra Mauricio Fernández; la abogada asesora de la Unidad Especializada en DD.HH., Catalina Duque; y Gisela Schoenmakers, abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.

En relación al perjurio, apunta en su querella, tendría participación Catalina Duque. De acuerdo a Torres, la jurista “faltó gravemente a la verdad en sus dos declaraciones como testigo en la investigación administrativa”. Esto ya que nunca transparentó, según Torres, “su calidad de denunciante del sumario, no reconociendo una reunión privada con la afectada antes de la presentación de la denuncia, y no reconociendo la colaboración de una abogada de la unidad de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional”.

Torres también cuestiona el actuar de Schoenmakers, indicando que “el investigador designado Mauricio Fernández, atendido que no se encontraba disponible, solicitó al fiscal nacional la designación de Gisela Schoenmakers como investigadora ad-hoc, con la sola finalidad de tomar contacto con la afectada y recibir la denuncia”, cosa que la abogada realizó, pese a que “ya conocía los hechos motivo de la denuncia, y que había asesorado a la denunciante Catalina Duque”. De esta forma, Torres cuestiona por qué “no se inhabilitó de aceptar el nombramiento como investigadora ad-hoc teniendo el deber de hacerlo”.

El abogado, además, apuntó al actuar de Fernández, ya que “el 12 de noviembre, tanto Mauricio Fernández como Gisela Schoenmaker, según consta a fojas 167 del sumario, toleraron y permitieron que Catalina Duque no dijera la verdad, con la aquiescencia de ambos, puesto que ellos sabían y no podían sino conocer la denuncia de fojas 7 que dio inició a la investigación administrativa”.

Torres también denuncia que el 10 de diciembre de 2018 se comunicó vía correo electrónico con el fiscal nacional para informarle de todas las presuntas irregularidades ocurridas durante el desarrollo de la investigación administrativa seguida en su contra, “señalándole además que el investigador del sumario me había negado el derecho de defenderme, al solo entregarme copias de la investigación el mismo día que cerró la investigación”. Sin embargo, Abbott rechazó iniciar una investigación administrativa por estos hechos. “Se acompaña (…) la referida resolución de manera íntegra, la cual, en síntesis, da cuenta que ante mi denuncia, el fiscal nacional pidió informe a los denunciados y como ellos negaron los hechos, entonces rechazó iniciar un sumario interno, omitiendo completamente los fundamentos de mi petición y toda la documentación de respaldo que justificaba el inicio de una investigación conforme dispone el reglamento de responsabilidad administrativa del Ministerio Público”, dice la acción legal.

Además, indica Torres, la Fiscalía Nacional “nunca remitió la denuncia a la Fiscalía Centro Norte”. Así, según la querella, “las conductas antes descritas referidas al fiscal nacional, Jorge Abbott Charme, constituyen la falta penal de omisión de denuncia, referida a los hechos que tomó conocimiento que son hechos punibles y no los denunció a la autoridad competente” y “de encubrimiento (de) los hechos ilícitos (…) relacionados con los hechos que configuraron perjurio y falsificación de instrumento público por las personas antes ya referidas”.

Otros casos

Esta no es la primera vez que Abbott debe comparecer ante la justicia. En agosto pasado dio inicio el juicio contra el fiscal nacional por prácticas antisindicales. El caso se llevó adelante en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago y la contraparte fue la Federación de Funcionarios del Ministerio Público. El caso se cerró luego que se llegara a un acuerdo.

A nivel político, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio llevó adelante un juicio de destitución ante la Corte Suprema, ya que los diputados acusaban a la autoridad de la fiscalía de promover las salidas judiciales por las causas de financiamiento de campañas políticas. El máximo tribunal falló a favor del fiscal nacional en octubre del año pasado.

Un tercer caso fue el protagonizó el fiscal regional de O’Higgins, quien presentó un recurso contra Abbott acusándolo de arbitrariedades en el sumario en que se llevó a cabo en su contra, donde este fue sancionado por su actuar en los incendios forestales de 2017. La Corte Suprema respaldó el actuar de Abbott.

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