“Ignorancia pura y dura”: las tajantes respuestas de las cortes frente a los recursos antivacunas

En sucesivos fallos, la justicia ha hecho frente a las casi 400 reclamaciones presentadas por grupos antivacunas que esgrimen desde imantación hasta genocidio para rechazar la inoculación. "La mayoría de las veces se basan en argumentos que son francamente delirantes", dice el jefe jurídico del Minsal, Jorge Hübner.




“La verdad científica es que la vacuna es positiva y necesaria por razones de salud pública frente a una enfermedad grave y contagiosa, y toda argumentación en contrario no pasa de constituir ignorancia pura y dura”.

Así de duro respondió la Corte de Apelaciones de Valparaíso en junio al recurso de protección que presentó una mujer que se negó a ser inoculada contra la influenza y que, en su escrito, tildó la campaña de inmunización como “un acto manifiestamente ilegal y arbitrario, de corte eugenésico y genocida”.

El tribunal de alzada porteño -en un recurso que ratificó la Suprema un mes despues- incluso, se detuvo en estos calificativos: “El recurso carece de toda plausibilidad. Despejado que incurre en enormidades inaceptables, como calificar una campaña de vacunación de “genocida” o “eugenésica”, lo que es preferible no entrar siquiera a analizar, porque ello no sería posible sin referirse a la magnitud de ignorancia, o de mala fe, que semejantes expresiones trasuntan (...).

Pero este no es un caso aislado. La llegada de la pandemia y la rápida elaboración de vacunas contra al Covid-19 reactivó -en todo el mundo- las motivaciones de personas que se oponen a estos fármacos y que se niegan a adherir a las campañas de inmunización que -hasta ahora y según ha demostrado la evidencia científica- han permitido erradicar y tener a raya complejas enfermedades, que en el pasado fueron responsables de elevar la cifra de mortalidad o causar graves secuelas en las personas.

Así, si hasta antes del Covid-19 los recursos de protección de quienes se negaban a ser inoculados en el país -principalmente por razones religiosas- no pasaban de dos o tres por año, en lo que va de 2021 el Ministerio de Salud contabiliza más de 400.

“La mayoría de las veces se basan en argumentos que son francamente delirantes por parte de los recurrentes y se ha extendido a otro tipo de vacunas, como la de influenza. Por ejemplo, dicen que el Covid-19 no existe, que las vacunas están imantadas o también que todo es parte de una conspiración mundial para extender el 5G en las personas”, dice Jorge Hübner, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud.

Hubner añade que el aumento de las causas, además, se ha visto incrementado, “porque al estar vacunado te eximes de ciertas restricciones, entonces se ha transformado en un problema práctico el no estar vacunado. Ya no es un tema solo dogmático”.

Otro sentido rechazo se dio en Coyhaique, el que fue confirmado el pasado martes por la Corte Suprema : “Las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual de los actores”, sostiene el escrito.

En este caso, uno de los argumentos que habían presentado los solicitantes era que “existen casos documentados de una posterior “imantación” de los vacunados, donde se puede apreciar que se les pegan objetos metálicos en su cuerpo, algo a todas luces anómalo e irregular, y luego, arbitrariamente, con un criterio que dista de ser científico, los vacunados pasan a tener la categoría de ´ciudadanos de primer orden´ en desmedro de aquellos que opten por no vacunarse”.

En Concepción, la causa antivacuna perdió otra reclamación el 29 de septiembre, pues la corte acogió los argumentos del Minsal: “La dictación de la resolución impugnada no obedece al mero capricho de la autoridad sanitaria, sino que a la necesidad de adoptar medidas efectivas que permitan evitar la propagación del contagio por Covid-19″, se sentenció.

Las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria justifican las restricciones a las que, por razones de salud pública, deben someterse las personas que libremente decidieron no inocularse con las vacunas puestas a su disposición por el Estado, lo que elimina cualquier tinte de desproporcionalidad de tal medida”, determina el documento.

Hübner explica que la mayoría de las causas proviene de un grupo de menos de 10 abogados, que ha hecho correr en foros de grupos antivacunas el formato del recurso de protección para facilitar las presentaciones. Sin embargo, “ni las cortes de Apelaciones ni la Suprema han acogido los argumentos de los movimientos antivacunas”, dice el representante del Minsal, quien destaca que los dictámenes también han resuelto que quienes presentaron la acción judicial paguen las costas, que van de $ 50 mil a $ 800 mil.

Claudio Castillo, académico en Salud Pública de la Usach, sostiene que el resurgimiento de los grupos antivacunas es un fenómeno que se ha visto a nivel internacional y destaca la acción de los tribunales locales.

“Las cortes de justicia han incorporado la evidencia científica como una variable para decidir en concreto. Y, hasta ahora, las vacunas que se usan en la mayor parte de los países tienen autorizaciones de emergencia, entonces, al considerar la evidencia levantada en torno a la efectividad, seguridad y eficacia como una variable a decidir y fundamentar así las resoluciones, la corte transmite un mensaje que es absolutamente en línea con la comunicación de riesgo y entrega certezas a las personas que puedan tener algún tipo de escepticismo sobre la seguridad y eficacia de la vacuna”.

El académico, además, destaca que las restricciones que tienen en Chile las personas no vacunadas son menores a las de algunos países en Europa, como Italia o Francia, donde la inmunización se hace exigible para usar, por ejemplo, el transporte público.

Asimismo, Castillo evoca que otros sistemas judiciales, como el de Israel, también han validado la acción de la campaña de inmunización contra el Covid-19, como en el caso de una profesora que se negó a ser inoculada y, si bien la escuela donde trabaja no la obligó a recibir la inyección, sí dispuso que se sometiera a sucesivos exámenes PCR, lo que fue refrendado por la justicia.

Sofía Salas, académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, explica el riesgo que significan los grupos que se oponen a la inyección: “Las personas que pudiendo vacunarse no lo quieren hacer tienen más riesgos para ellos mismos y al haber una población de no vacunados, el virus sigue circulando y vemos nuevamente aumento en los casos”.

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