Padres que desconocen a sus hijos y gente que niega haber estado en la fiesta: Las insólitas declaraciones que ha recibido la fiscalía tras el brote de Zapallar

Fiesta clandestina en Cachagua

Fiesta clandestina en Cachagua

La seremi de Salud de Valparaíso ha entregado a la fiscalía los nombres de 30 personas, que han entorpecido la investigación y el proceso de trazabilidad que se desarrolla para contener la propagación del virus, tras las dos fiestas ilegales en los que participaron, sin mascarilla, casi 300 jóvenes. Hasta ayer, eran 41 los contagiados.




Tres querellas y dos denuncias está analizando la oficina del Ministerio Público de La Ligua, luego de que se conocieran, la semana pasada, dos fiestas ilegales en Zapallar y Cachuagua en las participaron cerca de 300 jóvenes, sin cumplirse los aforos ni usar mascarilla. Hasta ahora, el brote alcanza a 53 personas contagiadas y otras 107 sindicadas como contactos estrechos.

Las reclamaciones, interpuestas por el intendente de Valparaíso Jorge Martínez, y el abogado Luis Mariano Rendón (el mismo que denunció falta del Presidente Sebastián Piñera por no uso de mascarilla en la playa), apuntan al supuesto organizador de las fiestas en Aguas Claras, Samuel Israel, un conocido piloto de rally, quien también figura en la denuncia de la Municipalidad de Zapallar. Además, se apunta al restaurante “Santo Diablo”, donde se realizó una de las fiestas, con el aforo ampliamente superado, según consta en los videos que se viralizaron.

Y, sin duda, lo que ha ocupado más tiempo a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, a cargo de las diligencias, ha sido la denuncia del seremi de salud, Francisco Álvarez, que apunta a las dificultades que han puesto buena parte de las personas que han sido entrevistadas y que han impedido hacer una buena trazabilidad.

Los primeros antecedentes que maneja la fiscalía es una lista de 30 personas que -se sospecha-están faltando a la verdad en la entrega de información. Y entre ellos hay casos curiosos: personas que, derechamente, se niegan a responder y otros que, estando contagiados, niegan haber participado de la fiesta, aunque aparecen en los videos participando del evento.

A estos se suman jóvenes que se niegan a ser testeados; relatos contradictorios entre unos y otros que impiden chequear las identidades de los asistentes. Además, entre las revisiones de los contactos estrechos, apareció una madre que negó conocer a su hijo.

No es todo. También hay casos de asistentes inubicables en los domicilios conocidos.

Sobre estos antecedentes, el fiscal jefe de La Ligua, Luis Cortez, señala que se está indagando la “propagación de contagio a sabiendas, lo que implica una pena mayor, ya que con la modificación al código penal se definió dejar una infracción sobre insalubridad, o sea, se sanciona a quienes exponen peligro, por lo que puede llegar a tres años de presidio”.

¿Formalizables?

En el caso de confirmarse la versión sobre el restaurante “Santo Diablo”, el responsable podría enfrentar una multa que va desde las 6 UTM, mientras que el ideólogo de las fiestas en Aguas Claras, la pena podría ser privativa de libertad.

Pero ¿Qué ocurre con los jóvenes o padres que no colaboran con la trazabilidad? Ante esto, el Ministerio Público desglosa que “se les puede pedir audiencia de formalización, y yo me inclinaría a que sería un delito en contra la salud pública. Ahora bien, si aparecen imputados y estos no tienen obligación de confesar, nosotros tenemos que probarlo. En el caso en que llamemos a testigos, y que el tribunal determine que sus testimonios son falsos, ahí habría obstrucción a la justicia”, explicó el fiscal Cortez.

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