Sin duda fue una de las noticias más importantes de 2025. El 20 de mayo del año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) anunció que, después de realizar un cruce de datos, había identificado a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país durante el período 2023-2025 estando con licencia médica. Varios de ellos, incluso, habían usado más de un permiso de salud para viajar.

La polémica abrió la puerta a varias discusiones relacionadas con las falencias de un sistema que permitió a miles de personas cometer fraudes, y con un aparato público que dejó escapar cientos de millones de pesos destinados a salud que podrían haberse ocupado –como se ejemplificó en su momento– en construir varios hospitales.

Ha pasado un año desde que se destapó el escándalo, y el “efecto Dorothy”, como se llamó a la intervención en el tema de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, se nota: a mayo de 2026, los permisos por incapacidad laboral han disminuido en más de un millón respecto de igual fecha en 2025. En dinero, esa baja en las licencias ha representado un ahorro de más de 586 mil millones de pesos, según cifras de la Superintendencia de Servicios Sociales (SUSESO).

Sin embargo, aún persiste una pregunta incómoda: ¿se ha hecho algo por corregir las fallas estructurales que permitieron el fraude o el sistema simplemente reaccionó ante el temor de una mayor fiscalización?

“Los incentivos perversos aún siguen intactos”

Cuando se habla del “escándalo de las licencias médicas” hay que separar dos aristas: por un lado, está el mal uso de permisos válidamente emitidos por diferentes motivos y usados por funcionarios públicos para beneficios personales. Por el otro, la constatación de que existe una mafia de profesionales de salud que comercializa licencias falsas.

A partir de estas revelaciones, una de las primeras medidas de control vino de parte de la SUSESO, que incorporó nuevos mecanismos de control que permitieron detectar irregularidades que antes pasaban inadvertidas.

La Superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, señala a LT BOARD que a la fecha han publicado nueve Informes de fiscalización que han detectado, por ejemplo, doble pago de subsidios, médicos que se auto-emitían licencias médicas, trabajadores del sector privado que salían al extranjero estando con licencia o personas que estando con licencia médica trabajaban remuneradamente para otro empleador.

Entre los hallazgos más relevantes, durante el primer trimestre de 2026 se identificaron a 15.795 trabajadores que realizaron labores remuneradas mientras se encontraban con licencia médica, que en total habían presentado en sus lugares de trabajo 52.682 permisos. A ellos se sumaron 2.772 personas que percibieron subsidios duplicados de distintas entidades pagadoras.

“La gran mayoría de las personas trabajadoras hace un uso correcto de la licencia médica. Nuestro deber es proteger ese derecho y, al mismo tiempo, actuar con firmeza frente a quienes lo utilizan indebidamente, porque los abusos terminan afectando la confianza y sostenibilidad del sistema”

Para el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (ISP UNAB) y exsuperintendente de Isapres Héctor Sánchez, la reducción observada en la emisión de licencias no necesariamente ha sido producto de una transformación estructural en la forma en que se entrega este beneficio.

“En Chile era de conocimiento general que existía abuso y fraude en el uso de licencias médicas. Hay consenso entre los expertos sobre sus causas, pero también la ciudadanía lo tenía claro”

Sánchez cita una encuesta realizada por el ISP UNAB en 2024, en la que el 57% de los encuestados considera que es fácil conseguir una licencia médica, y un 56% que es posible comprarla incluso por internet. A juicio del especialista, las reglas de funcionamiento del mecanismo siguen siendo esencialmente las mismas y los incentivos que facilitaron abusos no han sido modificados de manera sustancial.

“No se trata sólo de un beneficio social mal diseñado y peor controlado: hay un problema cultural y ético de gran escala que explica por qué el volumen de licencias creció sistemáticamente año tras año”, plantea.

“Lo que ha provocado la baja fue el escándalo público, el mayor riesgo judicial y las consecuencias laborales, como despidos y sumarios, para quienes participaban en las redes de otorgamiento fraudulento”, complementa. Esta reducción en el uso de servicios dice Sánchez, es real pero transitoria, porque “los incentivos perversos que alimentan el abuso permanecen intactos”.

La deuda pendiente de las sanciones

Existe consenso entre todas las partes involucradas en que debe haber un fortalecimiento de los controles. Sin embargo, el panorama es menos claro cuando se observan las consecuencias para quienes participaron en las irregularidades detectadas durante los últimos años.

A juicio de diversos especialistas, las investigaciones administrativas y judiciales avanzan a un ritmo considerablemente más lento que los mecanismos de fiscalización implementados tras el escándalo.

Según Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile –asociación que reúne a las cuatro cajas de compensación, entidades pagadoras de las licencias médicas de los trabajadores dependientes afiliados a FONASA–, de los casi 30 mil funcionarios involucrados en las investigaciones conocidas hasta ahora, apenas 262 han sido efectivamente destituidos. Una cifra que, a su juicio, refleja la dificultad que ha tenido el Estado para traducir los hallazgos en sanciones concretas.

Pero las investigaciones no sólo han apuntado a quienes utilizaron licencias de manera irregular. Durante el último año, el Ministerio Público también avanzó en causas dirigidas contra médicos y organizaciones acusadas de emitir estos documentos de forma fraudulenta.

Uno de los casos más emblemáticos es el del médico colombiano Samir Rivaldo, sindicado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como líder de una red que habría emitido más de 80 mil licencias médicas falsas.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, Rivaldo emitió 7.789 permisos de salud entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, un volumen que equivaldría a una licencia cada dos minutos y medio durante una jornada laboral estándar. El caso ilustra la complejidad de este tipo de investigaciones, dado que la formalización ocurrió en 2022, pero recién este año se esperan definiciones judiciales relevantes.

¿Por qué el fraude afecta a todos?

Más allá de las cifras y los procesos judiciales, el escándalo también abrió una discusión sobre quién financia realmente las licencias médicas y quién termina pagando cuando existen abusos dentro del sistema.

Los trabajadores cotizan mensualmente, por ley, un 7% de su sueldo como mínimo para salud, y una parte de esos recursos se destinan a financiar los subsidios por enfermedad común. Tanto quienes están afiliados a FONASA como a isapres participan de esta ecuación. “De esa cotización, aproximadamente el 40% en FONASA y el 30% en las isapres se destina a financiar este subsidio”, explica Héctor Sánchez.

A diferencia de quienes trabajan en el sector privado, a quienes no se les paga los tres primeros días de una licencia médica –período llamado carencia–, quienes ejercen en el sector público reciben pago desde el día uno. “Por eso, el costo mayor lo pagamos todos los chilenos”, agrega el director del ISP UNAB. A esto se suma que el exceso de uso de licencias genera un ausentismo laboral que en el mundo público supera los 30 días por trabajador al año y en el sector privado ronda los 20, con efectos directos sobre “la productividad del país, su crecimiento económico y, en última instancia, el nivel de ingresos de los propios trabajadores”.

Marcelo Forni, de Cajas de Chile, enfatiza que cuando hay un fraude de este estilo “el sistema gasta recursos que deberían estar disponibles para quienes genuinamente los necesitan”. El costo asociado al uso fraudulento de licencias supera los 700 mil millones de pesos en el período analizado, agrega, lo que equivaldría a cerca del 1% del PIB del país.

“Por eso, el fraude termina afectando directamente a los trabajadores que usan de manera adecuada este beneficio social”

¿Cambió realmente el sistema?

De cara a los aprendizajes que dejó esta polémica, no existe consenso respecto de los avances observados durante el último año. Desde la SUSESO sostienen que los cambios implementados van más allá de una respuesta coyuntural. Patricia Soto comenta que las medidas han permitido “detectar incumplimientos, focalizar investigaciones en áreas de mayor riesgo y reforzar la trazabilidad del sistema”, incorporando una fiscalización más preventiva y apoyada en el uso de datos.

Sin embargo, la visión no es compartida por todos los especialistas. Para Héctor Sánchez, director ejecutivo del ISP UNAB, el problema es que los cambios observados no han ido acompañados de una reforma de fondo. La verdadera prueba para el sistema, asegura, será determinar si la reducción observada durante los últimos dos años logra sostenerse una vez que disminuya el impacto mediático de los casos conocidos.

La discusión también alcanza al ámbito legislativo. Marcelo Forni, de Cajas de Chile, considera que las medidas de fiscalización han mostrado resultados concretos, pero advierte que el desafío ahora es consolidar reformas permanentes.

Entre ellas menciona “una mayor interoperabilidad entre instituciones, el fortalecimiento de los sistemas de información y el avance de proyectos legales” que permitan detectar de forma más temprana las conductas fraudulentas.

Desde el ámbito jurídico, el abogado Javier Soto, académico de la Universidad Andrés Bello, sostiene que la complejidad de las investigaciones explica parte de la lentitud observada en las sanciones. “Aún estamos más cerca de una respuesta correctiva que de una transformación estructural” afirma.

El especialista agrega que acreditar responsabilidades individuales, distinguir entre errores administrativos y conductas fraudulentas, y coordinar procedimientos administrativos y judiciales son procesos que exigen altos estándares probatorios y que, por su naturaleza, suelen extenderse en el tiempo.

Actualmente hay un proyecto de ley que está en discusión en el Senado, que establece una carencia universal de dos días y homologa las condiciones entre el sector público y el privado, además de mejorar la interoperabilidad entre organismos del sistema para dejar de trabajar de forma aislada. Mientras, el debate continúa sobre las causas profundas de un problema que sigue abierto.