“Menor recibió una brutal puñalada directo al corazón: ataque entre escolares horrorizó a Punta Arenas”. “Imágenes fuertes: estudiante quedó convulsionando tras pelea escolar en Coronel”. “Clima de violencia tiene en vilo a colegio de Arica tras amenaza de ataque sangriento”.

Estos son algunos de los titulares que han marcado la agenda informativa en 2025. Los casos, registrados en distintas regiones del país, dan cuenta de un fenómeno que preocupa: la violencia escolar en sus diversas manifestaciones. Se trata de conductas que implican agresión o maltrato físico, verbal, psicológico o social, y que ocurren tanto dentro de los establecimientos como en sus alrededores.

El bullying, el acoso cibernético y la presencia de armas en los recintos educativos generan creciente alarma en una sociedad que busca respuestas para detener una escalada de hechos que hoy ocupan portadas y alertan grupos de apoderados por WhatsApp.

Según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), las denuncias por violencia en el ámbito escolar aumentaron en un 74% entre 2023 y 2024, pasando de 2.538 a 4.418 casos. A ellos, se suman los datos de la Superintendencia de Educación, que reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia durante el primer trimestre de 2025, un 25 % más que en el mismo período del año anterior.

La situación escaló a tal punto que, en mayo pasado y tras conocerse que en San Pedro de la Paz ocurrió una balacera al interior de un colegio, el Ejecutivo levantó el “Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa”. Esta acción busca aumentar la coordinación entre agentes del Mineduc y de Seguridad Pública, así como también, enfrentar desde el lado gubernamental nuevas formas de disminuir los casos.

Por cierto, la violencia escolar no sólo se está manifestando por esta vía, sino también con otros episodios como los ocurridos hace unas semanas en el Liceo José Victorino Lastarria, donde un alumno resultó quemado al manipular una molotov en medio de incidentes.

Por su parte, en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) –donde el año pasado más de 20 estudiantes resultaron heridos luego de la explosión de una bomba en el baño– se repitió un hecho de alta connotación, en el que cuatro alumnos rociaron con bencina al jefe de seguridad del colegio, y además el rector fue atacado con una molotov.

¿Cómo llegamos a estos niveles de violencia en los colegios? Para el doctor Jaime Fauré, académico de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, “al final del día, la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y si esta se ha vuelto, o es percibida, como un espacio donde la violencia se permite e incluso se espera, la escuela también lo replicará”.

La Superintendencia de Educación reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia durante el primer trimestre de 2025, un 25 % más que en el mismo período del año anterior.

Sandra Becerra, directora del Centro Convive y académica del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural de la U. Católica de Temuco, plantea que la violencia escolar es un reflejo de las falencias del propio sistema educativo.

“Por décadas, Chile ha privilegiado el logro académico por sobre el desarrollo socioemocional”, afirma. A su juicio, las escuelas han abordado los episodios de violencia desde una mirada punitiva y no formativa, lo que impide que los conflictos se transformen en oportunidades de aprendizaje en habilidades de convivencia.

Desde la Universidad de Talca, la decana de la Facultad de Psicología, Carolina Iturra, sostiene que “se trata del resultado de una serie de causas que nos involucran a todos”.

A su juicio, Chile no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno internacional y multidimensional, vinculado en parte a “tensiones sociales más amplias”.

Para ella, uno de los problemas es que, el sistema educativo ha sido concebido casi exclusivamente como un espacio académico, dejando en segundo plano el desarrollo socioemocional. “Hoy carece de herramientas y de recursos humanos calificados que permitan implementar estrategias de prevención en los distintos niveles”, advierte.

En tanto, la doctora Mónica Bravo, directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, recuerda que ya en 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la violencia como un problema de salud pública mundial, dada la cantidad de muertes y daños asociados a ella.

En su análisis, la violencia escolar es solo una de las formas en que se ha intentado fragmentar un fenómeno mucho más amplio.

“Se ha pensado que esta problemática podría abordarse de manera aislada, pero eso no ha dado resultado”, advierte, subrayando que los fenómenos de violencia se expresan en distintos contextos y magnitudes, y estos no responden a fenómenos culturales como la música urbana o series de televisión, como se ha argumentado.

“Es necesario abordarlos con una mirada ecológica e integral, porque la violencia abarca múltiples tipos, responde a causas multifactoriales y genera efectos negativos de manera multidimensional y persistente en el tiempo”, complementa.

Dimensionando el problema

Entendiendo que la violencia escolar refleja dinámicas propias de su entorno —y que está vinculada a la reproducción de conductas presentes en otros espacios como las redes sociales, los barrios o las familias—, observemos el panorama nacional.

En enero pasado, la Universidad Católica presentó el informe “Sin Miedo en la Escuela”, que reveló que el 84% de los estudiantes ha presenciado episodios de bullying en sus comunidades educativas, mientras que el 47% de las víctimas no denuncia estos hechos.

“Muchas veces la violencia escolar se vive como un asunto privado entre estudiantes y no como un problema comunitario que requiere intervención”, explica Jaime Fauré, académico de la UNAB. El temor a represalias, la desconfianza hacia los adultos y la falta de protocolos claros son factores que desalientan la denuncia. Además, persiste la idea de que “así es la vida escolar” y que los conflictos deben resolverse entre pares.

Las estadísticas muestran un alza sostenida: tras la pandemia, los incidentes de violencia escolar pasaron de 7.800 en 2022 a 8.500 en 2024.

Sandra Becerra, del Centro Convive, agrega que la escuela no siempre es percibida como un espacio protector. “Muchas víctimas dudan de la capacidad de las instituciones para intervenir de manera efectiva”, explica.

A ello se suman otros factores: el miedo al agresor, la vergüenza de ser estigmatizado como débil y el temor a perder la aceptación del grupo. “Denunciar puede significar quedar aislado o ser visto como un traidor”, advierte.

También critica que, en muchos casos, las denuncias no generan consecuencias claras. “Se percibe que no pasa nada, o que los acuerdos entre las partes se limitan a la conducta puntual y no reparan el daño psicológico ni social”, amplia.

Según la especialista, los procesos de seguimiento suelen ser escasos, lo que mantiene a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.

Las estadísticas muestran un alza sostenida: tras la pandemia, los incidentes de violencia escolar pasaron de 7.800 en 2022 a 8.500 en 2024. Sin embargo, Mónica Bravo, de la UFRO, recalca que este fenómeno no explotó en esta década. De hecho, la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (ENVAE), aplicada en 2005, 2007, 2009 y 2014 por el Ministerio del Interior y el Mineduc, ya revelaba una alta prevalencia.

De acuerdo con datos ministeriales, cerca del 27% de los establecimientos educativos en Chile presentan un desempeño medio-bajo o insuficiente, mientras que las denuncias por maltrato físico y psicológico aumentaron un 26,7% entre 2017 y 2018, con un alza particular del 29,8% en los casos de maltrato psicológico entre estudiantes.

“Las violencias escolares no son un fenómeno post-pandemia, venían consolidándose antes del COVID-19”, dice Mónica Bravo, quien agrega que estudios con datos previos muestran una tendencia ascendente desde mediados de los 2000. Ejemplo de ello es el aumento sostenido de la victimización hacia docentes: de un 9% en 2007, pasó a 11,7% en 2009 y llegó a 13% en 2014.

Para la psicóloga Carolina Iturra, la pandemia puso en evidencia que la escuela no es solo un espacio de aprendizaje académico, sino también un sostén emocional y social.

“Existe evidencia de que el aislamiento —particularmente estricto en Chile— afectó habilidades básicas de interacción en etapas tempranas del desarrollo humano”, señala. Frente a este escenario, advierte, la salud mental pasó a ser considerada “parte estructural del sistema educativo, no un añadido”.

Cómo avanzar hacia una mejor convivencia

En mayo pasado, la Municipalidad de Temuco instaló pórticos detectores de metales en un colegio de la comuna, luego de un grave episodio de violencia dentro del establecimiento. Una medida que, para Carolina Iturra, resulta más reactiva y simbólica que efectiva.

“Pueden dar una sensación de seguridad, pero no abordan las causas de la violencia”, advierte, recordando que esta siempre encontrará nuevas formas de expresarse.

El Dr. Jaime Fauré, de la Universidad Andrés Bello, coincide, y añade que este tipo de acciones “pueden reforzar la percepción de que la escuela es un lugar peligroso, generando desconfianza entre estudiantes y docentes”. Más que invertir en dispositivos de control, los especialistas comparten en que lo esencial es fortalecer la prevención.

En esa línea, la Dra. Mónica Bravo plantea que la violencia escolar requiere medidas urgentes, pero al mismo tiempo realistas y sostenibles. Entre sus propuestas destaca la supervisión activa en patios y pasillos —espacios donde suelen producirse los incidentes—, con una presencia estratégica que vaya más allá de la simple vigilancia.

Otra acción clave, dice, es la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales en horarios protegidos de entre 10 y 20 minutos diarios, tanto para estudiantes como para adultos. Estos espacios deberían abordar competencias como pedir ayuda, regular emociones, reparar y reconciliar.

La investigadora suma la necesidad de implementar rutas de denuncia simples, confidenciales y conocidas por toda la comunidad, con respuestas rápidas y registros claros, siempre priorizando la prevención y la reparación. Tras un hecho de violencia, insiste, no basta con cambiar al agresor de sala: es necesario reparar, restaurar y reforzar las normas con todo el curso, evitando la revictimización y el etiquetado de estudiantes.

Mónica Bravo defiende que la cultura escolar sólo se transforma mediante la práctica diaria y la reflexión consciente. Por eso, la capacitación en competencias socioemocionales debe ser sostenida y abarcar tanto a estudiantes como a adultos, fortaleciendo además la alianza activa entre familia y escuela.

Una acción clave es la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales en horarios protegidos de entre 10 y 20 minutos diarios, tanto para estudiantes como para adultos. Estos espacios deberían abordar competencias como pedir ayuda, regular emociones, reparar y reconciliar.

El doctor Fauré, en tanto, destaca las experiencias de programas de mediación escolar implementados en distintos municipios, los que han logrado disminuir conflictos al empoderar a los propios estudiantes como agentes de diálogo. “Algunas iniciativas ligadas al arte y al deporte también han demostrado que la participación en proyectos colectivos genera vínculos positivos que desplazan la violencia”, agrega.

Por su parte, Carolina Iturra releva el ejemplo del Liceo República de Italia Arturo Bonometti en Chillán, donde se desarrolla un programa de mediación y resolución de conflictos entre pares que busca reducir la violencia, al tiempo que potencia competencias sociales intra e interpersonales.

“Lo importante es que estas experiencias no dependan de voluntades individuales, sino que se escalen como política pública, adoptando programas de prevención de la violencia”, proyecta.

Aprender en un ambiente hostil nunca es aprender plenamente; por ello, garantizar espacios de seguridad y respeto no puede entenderse como un complemento, sino como la esencia misma del derecho educativo.