Mientras la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) trabaja contrarreloj para presentar el recurso de apelación con el que busca revertir su condena a 12 años de prisión domiciliaria, el magistrado Ramiro Riaño se declaró impedido para resolver una tutela clave en el caso este martes, al haber posibles conflictos de interés por vínculos personales con el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, declarado víctima en el proceso.

Su defensa deberá presentar su recurso de apelación el próximo 13 de agosto, para poder tumbar la sentencia de 12 años de arresto domiciliario que dictó la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia. Una condena que el expresidente colombiano ya está cumpliendo en su residencia de Rionegro, Antioquia, donde ya lo han visitado el también expresidente Andrés Pastrana, el empresario Mario Hernández y el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, según informó el diario El Colombiano.

Pero, a petición del senador Iván Cepeda -el oponente principal de Uribe en la histórica pugna política-, el magistrado Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró impedido este martes para resolver el recurso de tutela impuesto por el equipo legal del partido conservador Centro Democrático. Y el magistrado en cuestión alegó dos causales que lo llevaron a apartarse del caso.

La primera de ellas tiene que ver con el nombramiento como fiscal local del municipio de Zipaquirá de su compañera sentimental, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, por parte del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso penal contra el exjefe de Estado.

En ese entonces (2013) el titular de la cartera de Justicia se desempeñaba como fiscal general de la nación.

Riaño grabó un video y lo divulgó en sus redes sociales, en el que hablaron de todos los magistrados y fiscales que han conocido en los más de siete años su proceso por supuesta manipulación de falsos testigos. Y se refirió a quienes también han debido declararse impedidos y no lo hicieron.

Quejas por vínculos con Montealegre

Esa decisión del magistrado Riaño, tras la solicitud formal que le hizo Cepeda, llevó al expresidente Álvaro Uribe a reaccionar en redes sociales. El líder del Centro Democrático inició su pronunciamiento refiriéndose al impedimento del magistrado Riaño y la magistrada Cristina Lombana.

“Hoy nuevamente el magistrado Riaño, a quien correspondió por reparto estudiar la tutela que pide mi libertad hasta que se resuelva la segunda instancia de la sentencia, el magistrado se declaró impedido por alguna cercanía con Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, ya que la compañera sentimental del magistrado fue nombrada por Montealegre”, comenzó.

“La sala, sin él, tendrá que definir el fondo de esta tutela”, contó el expresidente.

Luego expuso un listado de magistrados y fiscales que intervinieron en su caso, que también tienen cercanía con el ministro y que, a su juicio, debieron hacer lo mismo que hizo el magistrado Riaño: declararse impedidos para conocer el proceso y tomar decisiones al respecto.

Al nombrar a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, se refirió a la oportunidad en la que ella también tuvo que declararse impedida frente a su investigación. El exjefe de Estado alegó que cuando el proceso en su contra empezó, a ella le pidieron que recusara (que se retirara formalmente), pese a que ella conoció el caso por reparto, es decir, que ella recibió aquel expediente de forma aleatoria.

A Lombana la recusaron “alegando que fue miembro del Ejército cuando yo me desempeñaba como presidente y que había trabajado un tiempo en la oficina del doctor Granados. Nunca nos conocimos, ella en el Ejército y yo en el ejercicio presidencial, ni tuvimos relación directa”, aseguró el expresidente. Jaime Granados es el actual abogado de Álvaro Uribe.

Y refiriéndose a los que según él debieron dar un paso al costado, mencionó a la fiscal Marlene Orjuela, que estuvo al frente de la investigación durante el juicio oral, después de la acusación, y que pidió su condena. Según explicó, la funcionaria también fue nombrada en el cargo por Montealegre, lo que implicaría un conflicto de intereses teniendo en cuenta la calidad de víctima del ministro.

En su lista incluyó también al magistrado César Reyes, que, de acuerdo con sus declaraciones, también debió retirarse y no tomar ninguna determinación sobre el proceso penal que se surtía en su contra. “Hace cinco años ordenó mi encarcelamiento, se debió declarar impedido y no lo hizo”, aseguró.

El expresidente expuso dos razones: “Primero, fue compañero de trabajo de la señora esposa de Iván Cepeda. Y segundo, fue contratista del gobierno (de Juan Manuel) Santos en el proceso de La Habana, proceso del cual yo fui un visible opositor”.

Dicho impedimento, explicó, debió efectuarse, toda vez que el juez fue compañero de trabajo de la esposa del senador Cepeda, declarado víctima en el caso, y fue contratista del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante el proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc-EP, al cual se opuso Uribe.

La revisión final del recurso

Este recurso tendrá que ser estudiado por tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán dedicarse exclusivamente a su revisión, puesto que el caso, como es de público conocimiento, prescribe el próximo 15 de octubre.

La sala está conformada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán. El magistrado Merchán, como se pudo establecer, será el ponente de la decisión, ya que preside la sala, informó el diario El Tiempo.

Sin embargo, debido a que en el pasado ya ha tomado decisiones de peso frente a este expediente judicial, se podría presentar un eventual impedimento, indica la revista Semana. El magistrado Merchán fue el mismo que resolvió la compleja discusión sobre las interceptaciones telefónicas que se realizaron en 2018 al abonado telefónico del expresidente Uribe por orden de la Corte Suprema de Justicia.