El arresto durante varias horas de Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York, en la mañana del jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, debido a su vínculo con el fallecido financiero acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein, remeció a la monarquía británica.

El hijo favorito de la fallecida reina Isabel II está siendo investigado por la policía británica por presuntamente haber compartido información confidencial en el ejercicio de su cargo público como enviado comercial de Reino Unido en China.

Con esto, la policía registró su domicilio en Sandringham, Norfolk, por la mañana, y también se vio a agentes en Royal Lodge, su antigua residencia de Windsor. El exprincipe fue liberado más de 10 horas después, tras permanecer en la estación de policía. Ante la detención de Andrés, su hermano mayor, el rey Carlos III, se cuadró con la investigación policial y declaró que “la ley debe seguir su curso”.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera adecuada y por las autoridades competentes”, dijo el jefe de Estado del Reino Unido.

En el mensaje, firmado personalmente por el monarca, afirmó que no haría más comentarios, pero que su familia “continuaría con nuestro deber y servicio” al público.

Según el medio británico The Telegraph, ni el rey ni el Palacio de Buckingham habrían sido informados previamente sobre el arresto del exduque de York. Y, en un tono muy similar al del monarca, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que “nadie está por encima de la ley”.

Pero la detención de Andrés Mountbatten-Windsor revive un trauma olvidado hace mucho tiempo en la monarquía británica: hace siglos que uno de sus miembros no era arrestado. Específicamente, el último fue el monarca Carlos I, en 1647, quien fue detenido en 1647 en medio de la Guerra Civil inglesa.

Dos años después, el rey fue juzgado por traición y ejecutado. Por su parte, el expríncipe Andrés puede enfrentar una condena a cadena perpetua, en caso de que se confirme judicialmente su participación en los ilícitos por los que es investigado, afirma el medio británico The Times.

El procedimiento

Seis automóviles de patrulla policial, sin distintivos, y unos ocho agentes vestidos de civil fueron vistos a las afueras de Wood Farm, en el predio de Sandringham, poco después de las 8 de la mañana, afirma The Telegraph.

Uno de los vehículos entró por el camino de entrada y los otros cinco por la entrada trasera de la casa de campo. Unos 30 minutos después salió una de las patrullas, seguida de otra. Luego, un tercero, de la que se cree que transportaba a la guardia de seguridad de Andrés.

Un paseador de perros que pasaba por allí declaró al medio británico: “Aquí vamos de nuevo. Pensábamos que la paz y la tranquilidad habían vuelto. El circo ha vuelto”. Y un hombre que vive cerca de Sandringham declaró al medio Eastern Daily Press: “Creo que debería haber estado encerrado hace mucho tiempo, muchos de nosotros lo creemos. Siempre se muestra tan triste cuando lo ves en Navidad, siempre tiene cara de tristeza”.

El exduque se había trasladado a la casa de campo Wood Farm a principios de este mes después de que el rey lo obligara a abandonar la residencia Royal Lodge de Windsor. Esto, debido a las repercusiones que surgieron luego de que se revelara el alcance de su relación con el fallecido financiero y acusado de tráfico sexual de menores.

Sobre la detención, la policía de Thames Valley declaró que “hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”.

Según el diario The Telegraph, los sospechosos pueden ser detenidos inicialmente durante 24 horas, pero este período puede extenderse a 36 horas en casos graves si lo autoriza un oficial de policía de alto rango.

La Policía de Thames Valley ha estado evaluando las acusaciones contra Mountbatten-Windsor que surgieron en los archivos de Epstein, incluidas las acusaciones relacionadas con su período como enviado comercial. El exduque de York habría enviado correos electrónicos con información gubernamental confidencial a Epstein, así como a otros socios del mundo financiero que tenían en común, como el empresario franco-germano David Stern.

Por ejemplo, el medio inglés reveló la semana pasada que, en 2010, Andrés aparentemente envió un memorando del Tesoro sobre la economía de Islandia a un banquero de una institución financiera que acababa de comprar activos de un banco de ese país. En ese momento, Gran Bretaña y el país insular nórdico estaban enfrascados en una disputa diplomática por los depósitos británicos perdidos en la crisis bancaria de 2008.

En los correos electrónicos, Andrés mencionaba que la información podría ser útil para su amigo “antes de que tome la iniciativa”. Los archivos de Epstein también parecen mostrar que envió informes oficiales al acusado de tráfico sexual sobre viajes a Hong Kong, Singapur, Vietnam y China en noviembre de 2010.

También, el hermano menor de Carlos III parecía haber mantenido conversaciones sobre la creación de un negocio con Epstein en China, mientras ejercía su cargo de enviado comercial especial en ese país.

Los obstáculos

Procesar a un miembro de la familia real no está prohibido en Reino Unido. De hecho, la princesa Ana fue procesada ante un tribunal en 2002 por un caso de tenencia irresponsable de sus perros. Fue condenada a pagar una multa de 500 libras.

El rey goza de inmunidad soberana, lo que significa que está exento de procesos penales o acciones civiles. Sin embargo, no existe ningún impedimento constitucional para que la policía y los fiscales acusen a su hermano menor.

Pero los cargos legales de los que se le acusa no serán fáciles de demostrar ante los tribunales británicos. Según explicó el diario The Times, en 2020, un informe de la Comisión de Derecho del Parlamento inglés afirmó que el delito era “uno de los más notoriamente difíciles” de definir.

El primer problema es que el delito no está tipificado legalmente, sino que se ha desarrollado a lo largo de los años a través de precedentes judiciales.

Sumado a lo anterior, para que el proceso judicial prospere, el acusado debe ser definido como funcionario público. Y si bien los expertos legales han señalado jurisprudencia que ha ayudado a definir ese rol, aún existe margen de incertidumbre, y la propia Comisión de Derecho ha solicitado una definición más clara.

El siguiente desafío judicial es que el delito requiere que el acusado, en la comisión del delito, haya actuado en su calidad de funcionario público. El centro de estudios Institute of Government explicó a The Times que se debe demostrar que el exduque “hizo algo deliberadamente incorrecto a sabiendas de que lo estaba, o con una indiferencia temeraria respecto a si lo estaba o no”.

A continuación, los fiscales también deben evaluar la gravedad del presunto delito, que el grupo de expertos describió como un “estándar elevado”. Se debe considerar que la conducta estuvo “tan por debajo de los estándares aceptables que constituye un abuso de la confianza pública en el funcionario”, añadió el centro del think tank.