Pese a las medidas aplicadas y en medio del estado de emergencia, la criminalidad en Perú no ha disminuido y el mismo Presidente peruano, José Jerí, así lo admitió al señalar que el número de asesinatos continúa ascendiendo y que ante ello, en los seis meses que le quedan de gestión, su prioridad será “detener el incremento de la violencia”.

De hecho, cada día asesinan en promedio a 5,56 personas, aseguró al diario La República el ingeniero electrónico y experto en análisis de datos Juan Carbajal Soto. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), desde el 10 de octubre, con el inicio del gobierno de Jerí, se han registrado 306 homicidios, de los cuales 74 se cometieron en Lima y Callao en pleno estado de emergencia.

El ataque contra Agua Marina, una de las orquestas de cumbia más queridas del país, fue un punto de quiebre para la expresidenta Dina Boluarte y su gestión. Así, cuando llega al gobierno Jerí tras la vacancia a la exmandataria, una de sus primeras medidas fue optar por establecer un estado de emergencia, con la peculiaridad de un control constante en las cárceles, para evitar que ocurrieran más extorsiones desde los establecimientos penitenciarios. Además, se creó la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional, a cargo del coronel Víctor Revoredo.

Juan Carbajal analizó que las cifras de homicidios del gobierno de Jerí revelan una tendencia creciente con respecto a anteriores mandatos. “En el gobierno de Dina Boluarte, el Sinadef registró 5.450 homicidios durante más de 1.000 días, lo que lleva a una media aproximada de 5,25 asesinatos por día. Pero en el caso de José Jerí, en apenas un poco más de 50 días, su promedio diario es mucho mayor”, comentó el experto.

Además, indicó que los datos actualizados al 6 de diciembre ya superan los casos de homicidio registrados durante el 2024. “El año no termina y la tendencia, lamentablemente, va a incrementar. Vamos a seguir perdiendo vidas de aquí al 31 de diciembre”.

Señaló al diario La República que en el último reporte actualizado del Sistema de Registro y Control de Denuncias (Sidpol) de la Policía, en lo que va de 2025 las denuncias por extorsión se incrementaron “históricamente”. No obstante, indicó que le ha generado extrañeza la reciente actualización de cifras de la plataforma.

“Mensualmente, las denuncias a nivel nacional de todos los delitos de robo, estafa u otros estaban en alrededor de los 70 mil, pero en noviembre (hubo) un bajón tremendo. Prácticamente ha sido un abismo de 60 mil... No guarda relación con la tendencia que se venía presentando en meses anteriores y mucho menos con la realidad actual. Es muy extraño”, cuestionó el analista.

Por otro lado, el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés Cavassa indicó al periódico limeño que los planes de acción contra la inseguridad de José Jerí “no han dado resultados”. Mencionó que la estrategia formulada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el Ejecutivo “se ha concentrado básicamente en generar un cambio del estilo de comunicación más que un cambio de estrategia de investigación criminal”.

“El estado de emergencia viene demostrando su fracaso; no han frenado ni las extorsiones ni los asesinatos... La mayoría de crímenes, más allá de las muertes violentas, están relacionados con la extorsión. Pese a que han generado leyes para proteger al transportista o cambios en la estructura policial, todos estos son cambios cosméticos, un marketing publicitario de la imagen del Presidente”, indicó.

En la misma línea, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha enfatizó que los 17 estados de emergencia -si se incluyen las prórrogas- en los últimos tres años “han sido un fracaso”. Para el especialista, los decretos del gobierno de Jerí son “interesantes” porque se han tocado seis puntos importantes como identificar el mapa del delito, darle autoridad a la Dirección de Inteligencia Nacional, realizar los encuentros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), patrullaje integrado, entre otros. Sin embargo, ninguno se cumple, denuncia.

“No hay un plan de operaciones, es algo inconcebible. Los estados de emergencia permiten que cuatro garantías personales se dejen de lado como las concentraciones multitudinarias. Pero hace unos días los del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) estaban desplazándose en la Avenida Abancay más de dos días y no pasaba nada”, sostuvo.

Pérez Rocha enfatizó que la Dirección de Inteligencia de la PNP “conoce los lugares donde están los centros de operaciones de las bandas criminales que extorsionan”, pero, pese a ello, la Policía no ha podido capturar o desarticular las organizaciones criminales. El exdirector relacionó esta deficiencia con los actos de corrupción de los efectivos.

“En los últimos dos años hemos tenido más de 4.500 policías comprometidos en hechos delictivos... y, recientemente, el ministro del Interior dijo que solo se ha pasado a retiro 200 efectivos, pero hay 979 policías que están con órdenes de internamiento de centros penitenciarios por problemas delictivos”, indicó.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Quiroz, enfatizó que el Sinadef al entregar cifras no registra la causa del deceso, por lo que no se puede saber si estos casos responden a extorsión, sicariato o delitos afines.

Según el funcionario, esta plataforma “solo informa dónde se registra el fallecimiento por muerte natural o violenta”, y dentro de esta última categoría se agrupan femicidios, homicidios y accidentes de tránsito.

Frank Casas Sulca, experto en políticas de control y seguridad ciudadana, aclaró que la cifra que ofrece el Sinadef es una información global y que no está a detalle, por lo que los homicidios no son únicamente por crimen organizado, sino también de otros casos.

“Es probable que continúe el crecimiento (de homicidios), porque lo vemos en los medios de comunicación, lo demandan distintos sectores que se ven afectados, como el transporte público... Es un problema que no viene de ahora y, por lo tanto, es poco probable que en pocos meses esta tendencia se detenga. No es tan sencillo”, explicó.

Casas Sulca sostiene que para ver efectos positivos se debe profundizar en que el problema de la criminalidad no solo tiene que ver con la presencia de organizaciones delictivas, sino con una serie de factores que influyen en la crisis.

“Esto persiste por el comercio ilegal de armas de fuego que no son controladas. Es una realidad en que incluso se involucra a oficiales... Lo mismo ocurre con la venta ilegal de chips”.

Sobre el reciente anuncio del Presidente de traer especialistas en seguridad de Estados Unidos e implementar el Plan Bratton, el experto indicó que esta acción es más un “acto simbólico-político que verdaderamente técnico”.

“En principio no sabemos qué contiene o contendría este nuevo plan barato adaptado al país, pero fuera del ámbito político es que los problemas de cada país son distintos y complejos. Perú tiene una geografía muy compleja, la situación de criminalidad responde a diferentes causalidades. Más que si quieres llamar Bratton u otro nombre como Bukele, esto no es lo que se requiere. No va a responder a los verdaderos problemas asociados a nuestra criminalidad que, por cierto, ya está sobrediagnosticada”, insistió Casas Sulca.

El Plan Bratton es una táctica de seguridad ciudadana que busca reducir la delincuencia con análisis de datos y control territorial, haciendo énfasis en los delitos menores, bajo la idea de que controlar pequeñas infracciones previene crímenes mayores. “Porque uno de los principios básicos, mas no el único del Plan Bratton, es la teoría de la ventana rota (...) y es uno de los elementos o de los principios que tenemos que tomar en cuenta“, explicó Jerí.

El concepto de “ventana rota” es una metáfora pensada en prevenir delitos graves abordando delitos menores y su aplicación se le adjudica a William “Bill” Bratton, quien fue jefe de la Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York y comisionado de Policía de Los Ángeles.