Un nuevo y decisivo capítulo se abrió este martes en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Corea del Sur, luego de que el equipo especial de fiscales solicitara la pena de muerte contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, a quien acusan de encabezar un acto de insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024, medida que derivó en su salida del poder meses más tarde.

Durante una audiencia celebrada ante el Tribunal de Distrito de Seúl, los persecutores responsabilizaron directamente a Yoon de haber intentado socavar el orden constitucional, al movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional.

Dicha acción incluyó el despliegue de tropas en las inmediaciones del Parlamento durante varias horas y desencadenó una profunda crisis política interna.

Según el ente persecutor, el exjefe de Estado fue el principal artífice de un proceso destinado a concentrar el poder, utilizando una herramienta excepcional reservada para escenarios de guerra o emergencias nacionales.

En ese tenor, el fiscal especial Park Eok Su afirmó que Yoon declaró la ley marcial “con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tiempo, haciéndose con el control del poder judicial y legislativo”, calificando el delito como “de extrema gravedad” y con un impacto que obligó a desviar recursos que debían destinarse exclusivamente al interés nacional.

La causa marca un hito sin precedentes en la nación asiática, ya que el exmandatario se convirtió en el primer presidente surcoreano en ser detenido e imputado mientras aún ejercía el cargo.

Además del delito de insurrección, enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción a la justicia, mientras que varios exministros y altos funcionarios de su administración han sido imputados como cómplices, acusados de haber participado activamente en la presunta instigación de los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la acusación, el entonces presidente habría ordenado acciones destinadas a propiciar el arresto de figuras políticas clave, entre ellas el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor -y actual presidente del país- Lee Jae Myung.

Los descargos de Yoon

En su defensa, Yoon rechazó categóricamente los cargos, insistiendo en que la declaración del estado de emergencia se enmarcó en las facultades constitucionales del presidente.

“No fue una dictadura militar que reprimiera a los ciudadanos, sino un esfuerzo por salvaguardar la libertad, la soberanía y revivir el orden constitucional”, sostuvo.

En su alegato final de 90 minutos, calificó el proceso en su contra como una “frenética danza de espadas, marcada por purgas y represión”.

Cabe señalar que el Código Penal surcoreano contempla para el delito de insurrección tres posibles sanciones: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzosos.

El tribunal anunció que el veredicto será emitido el próximo 19 de febrero, en un fallo que podría sentar un precedente histórico para la democracia del país.

Desde la Presidencia, las autoridades señalaron que esperan que la Justicia “adopte las medidas adecuadas conforme a la ley y a las expectativas de la ciudadanía”, mientras que el Partido Democrático (PD) subrayó la necesidad de aplicar “la forma de justicia más severa” frente a actos que, a su juicio, pusieron en riesgo el orden constitucional y la soberanía popular.