La ONG Human Rights Watch (HRW) instó a la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a hacer un seguimiento de las violaciones de derechos “arraigadas y sistemáticas” -como detenciones arbitrarias y torturas- en Sri Lanka, bajo el gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake, tras un informe del organismo internacional que certifica la falta de libertades en el país.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería tomar nota de la constatación del alto responsable de Derechos Humanos (Volker Turk) sobre la persistencia de los abusos de las agencias de seguridad y tomar medidas”, aseguró la subdirectora para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

La organización internacional enfatizó que el uso de leyes “draconianas”, como la Ley de Prevención del Terrorismo o la Ley de Seguridad ‘Online’, amenazan “la libertad de expresión” y permiten la “tortura y la detención arbitraria prolongada”.

En torno a dichas normativas, el presidente del país prometió derogarlas o modificarlas durante la campaña electoral de 2024, compromiso que no ha cumplido desde que llegó al poder.

En concreto, el aumento de casos bajo la legislación antiterrorista es “preocupante”, pasando de suponer 38 casos en todo 2024 a haber sido utilizada en 49 ocasiones durante los primeros cinco meses de 2025.

“El gobierno continúa reprimiendo las actividades de organizaciones no gubernamentales y activistas de Derechos Humanos. Muchos grupos enfrentan limitaciones en su financiación, mientras que agentes de la División de Investigación del Terrorismo con frecuencia citan a activistas para interrogarlos o visitan sus domicilios u oficinas”, reza el comunicado de HRW.

Ante esta situación, la ONG resaltó la importancia de la labor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar “informes continuos” que den fe de los abusos cometidos por el gobierno de Sri Lanka y presionarlo para que pongan “fin” a “la vigilancia y el acoso a las familias de las víctimas y a los activistas de Derechos Humanos” con una moratoria de la ley antiterrorista.

“Tras un año en el cargo, el presidente Dissanayake no ha mejorado significativamente el terrible historial de Derechos Humanos de Sri Lanka. La colaboración continua del Consejo de Derechos Humanos y la renovación del proyecto de rendición de cuentas son cruciales mientras el gobierno incumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos de todos los esrilanqueses”, puntualizó Ganguly.