El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está ampliando la capacidad de las autoridades federales de inmigración para detener a refugiados legales que aún no hayan obtenido el derecho a la residencia permanente o la llamada tarjeta verde.

Esto les permitiría a sus agentes someter a los migrantes a entrevistas para evaluar sus solicitudes de refugio mientras están bajo custodia, citando preocupaciones de seguridad nacional y la necesidad de garantizar que los refugiados se sometan a exámenes adicionales, según informó en primera instancia The Washington Post.

Una situación luego corroborada por CNN, tras acceder al memorando interno del DHS que revierte una política de la administración de Barack Obama de 2010, que decía que no solicitar una tarjeta verde dentro del año de admisión a los EE.UU. era base insuficiente para tal arresto o detención.

Bajo la nueva política, el Departamento de Seguridad afirma que los oficiales federales de inmigración, principalmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pueden y deben arrestar a cualquiera que aún no haya obtenido el derecho a la residencia permanente.

De acuerdo a CNN, en el texto se lee que “cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señalando que los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”.

Dicho memorando, emitido por el Director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, y el Director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, anula así la política gubernamental anterior con respecto a los refugiados que han estado en el país durante un año.

De acuerdo a esa política, la falta de obtención de una tarjeta verde después de un año no era motivo de detención o expulsión de territorio estadounidense y los refugiados arrestados tenían que ser liberados dentro de las 48 horas siguientes o el DHS debía iniciar los procedimientos de expulsión.

La nueva medida se produce en medio de una intensificación de la represión migratoria por parte de la administración Trump.

Para esto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) planea invertir unos US$38.300 millones en la compra y modernización de bodegas en todo el país, para convertirlas en centros de detención para miles de personas.