El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves la propuesta legislativa con la que se pretendían reducir de manera significativa las condenas impuestas a los implicados en la conspiración golpista tras las elecciones de 2022, entre ellos el exmandatario Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado firmó la negativa durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro.

“El 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular”, afirmó Lula durante la ceremonia, recordando que la trama golpista incluía un plan para asesinarle a él y a otras altas autoridades.

Al finalizar el acto en el Palacio del Planalto, en compañía de los miembros de su gobierno y otras autoridades, el presidente brasileño también destacó la fortaleza de la democracia brasileña durante estos años y el trabajo del Tribunal Supremo durante el proceso judicial a los golpistas a pesar de las presiones.

“Posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo”, resaltó Lula, subrayando que todos los acusados pudieron defenderse bajo un sistema transparente que les juzgó en base a “fuertes pruebas”.

“No aceptamos ni una dictadura civil, ni una dictadura militar”, afirmó el mandatario sudamericano en un discurso en el que también resaltó los logros económicos y sociales de su gobierno desde su regreso al mando de Brasil hace tres años.

De la misma forma, celebró que todas aquellas predicciones pesimistas que surgieron tras su vuelta “han sido derrotadas” y advirtió a la oposición de cara a las elecciones de 2026 que si siguen “apostando por el pesimismo, perderán otra vez”.

“Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”, dijo al finalizar su intervención, muy aplaudida entre los presentes, momentos antes de salir a saludar a quienes se concentraban en los alrededores de la sede gubernamental, situada en la misma plaza de los Tres Poderes que fue atacada el 8 de enero de 2023.

De esta forma, y como se preveía, Lula devolvió al Congreso la propuesta aprobada a finales de 2025 por ambas cámaras, en lo que en ese momento fue un claro revés para su gobierno.

“Con todo el respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi despacho, lo vetaré, no es ningún secreto”, dijo entonces el presidente Lula ante el proyecto legislativo, asegurando que “quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país”.

La oposición revocará el veto

Poco después de la ceremonia en que Lula firmó la negativa, la oposición brasileña adelantó que revocará el veto. El responsable del texto legislativo, el diputado Paulinho da Força, aseguró que la decisión del mandatario es un “desplante” al Congreso.

Para luego añadir que “reabre las tensiones que habían sido superadas” y ofrece la imagen de que “Brasil no busca la paz institucional, sino el enfrentamiento permanente”.

Varios congresistas más expresaron su malestar por una medida que consideran “cruel” o “vengativa”, como la calificó Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. “Esto no es justicia, no es democracia”, afirmó.

El senador Rogério Marinho, en tanto, fue un poco más allá y se refirió a los condenados como “presos políticos” y lamentó que Lula no tenga “la grandeza de esos líderes de la historia que han sabido reconciliar al país por medio de sucesivas amnistías en momentos muchos más graves”.

Ahora el texto pasará de nuevo al Congreso, donde puede ser revocado si cuenta con el apoyo de 257 de los 513 diputados que conforman la Cámara Baja, y 41 de los 81 de los integrantes del Senado.

En ese caso, se convertiría en ley, aunque puede ser impugnada por el Gobierno, la Fiscalía, los partidos políticos o grupos de la sociedad civil.

La iniciativa, que contó con el apoyo de 291 diputados y 48 senadores, prevé rebajas en las condenas de hasta el 70% en algunos casos.

Respecto a Bolsonaro, que ya cumple de manera efectiva una condena de 27 años de prisión, podría ver cómo su pena de siete años mínimo en régimen cerrado pasaría a solo dos años y cuatro meses de reclusión.