El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. “Hoy es un día histórico”, que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir “con igualdad de derechos y oportunidades”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la conferencia de prensa en la que dio a conocer la medida.

La medida, que se estima beneficiará a más de 500.000 personas y que no se aplicaba en España desde hace más de 20 años, es fruto de un acuerdo alcanzado por el oficialista Partido Socialista (PSOE), del presidente del gobierno Pedro Sánchez, con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que reunió más de 700 mil firmas para lograr este objetivo estuviera más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

En entrevista con La Tercera, Marie Mateo, abogada nacida en República Dominicana y residente en Barcelona desde hace 20 años, analiza el impacto de la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno español. Con más de 15 años de trayectoria profesional, Mateo se dedica a la defensa de la comunidad latina en la ciudad catalana, especializándose precisamente en permisos de residencia y reagrupamiento familiar.

A su juicio, ¿qué factores motivan este acuerdo para la regularización de cerca de medio millón de migrantes en situación irregular?

La regularización responde, ante todo, a una realidad social y administrativa insostenible. Uno de los principales factores es la magnitud de la economía sumergida que existe en España. Miles de personas extranjeras ya están trabajando y contribuyendo de facto al sistema productivo, pero sin derechos ni protección. Además, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería el 20 de mayo de 2025 ha generado situaciones de irregularidad sobrevenida: personas solicitantes de protección internacional y trabajadores extranjeros que, pese a estar integrados, han quedado fuera del marco legal.

La regularización busca dar respuesta a una realidad que ya existe y que el sistema actual no estaba absorbiendo adecuadamente.

¿Qué impacto político, social y económico tiene para España esta regularización?

Desde el punto de vista político, la medida vuelve a colocar la migración en el centro del debate y genera polarización, pero también evidencia una constante histórica: todos los gobiernos, de distinto signo, han terminado regularizando cuando la realidad les ha superado. Ha habido un total de 10 regularizaciones desde 1986, la última fue en 2005.

Esta medida también puede tener un impacto electoral a medio plazo, especialmente entre personas de origen iberoamericano que, tras dos años de residencia legal, pueden acceder a la nacionalidad española y, por tanto, al derecho al voto.

Económicamente, supone un aumento de personas dadas de alta en la Seguridad Social, lo que ayuda a cubrir el déficit estructural del sistema, especialmente relevante en un país con una población envejecida y una creciente presión sobre el sistema de pensiones.

Y a nivel social, la regularización reduce la vulnerabilidad, miedo e invisibilidad. No resuelve por sí sola los problemas de integración, pero es una condición mínima para que esta sea posible. Sin papeles no hay integración real, solo supervivencia.

Durante el gobierno de José María Aznar se benefició a un número similar de migrantes. ¿Por qué cree entonces que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciará en Europa esta medida del gobierno del socialista Pedro Sánchez?

Porque hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria, especialmente en el marco europeo. En los años de Aznar no existía la misma presión de la extrema derecha ni un discurso securitario tan dominante en la UE. La denuncia en Europa no busca tanto cuestionar la eficacia de la medida como marcar una posición ideológica, incluso a costa de contradecir precedentes del propio espacio político. Es una reacción más simbólica que coherente.

Aunque existen precedentes claros (como la regularización llevada a cabo durante el gobierno de Aznar), el contexto político actual es muy distinto. Es probable que Feijóo denuncie la medida por considerarla fruto de pactos políticos con otros partidos o como una decisión unilateral del Gobierno de Sánchez. También puede responder a una estrategia de alineamiento con sectores europeos más restrictivos en materia migratoria, aun cuando históricamente su propio partido haya aplicado políticas similares.

¿En qué consiste, quiénes se pueden acoger y qué beneficios otorga este plan de regularización?

Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), según la nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el plan consiste en la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Los requisitos anunciados incluyen: haber entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar una permanencia mínima de cinco meses en el país y carecer de antecedentes penales.

El principal beneficio es el acceso a una residencia legal y, previsiblemente, a un permiso de trabajo, lo que permite la plena inclusión social, laboral y contributiva. Permite acceder a permisos de residencia y trabajo, salir de la clandestinidad administrativa y acceder a derechos básicos. El principal beneficio no es solo legal: es dejar de vivir en una situación de inseguridad permanente, que afecta tanto a las personas como al conjunto de la sociedad.

¿Por qué estima que España va a contracorriente de Europa en materia migratoria?

Porque España vive la migración de forma más concreta y menos abstracta. Es un país que ha sido históricamente emisor y receptor de migración, con una demografía y un mercado laboral que dependen claramente de ella.

En ese sentido, España responde a una realidad demográfica y económica distinta a la de otros países europeos. Tiene una baja tasa de natalidad, una población envejecida y una fuerte dependencia de sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción, donde la mano de obra migrante es esencial. Mientras otros países priorizan un enfoque securitario, España adopta una visión más pragmática: regularizar para integrar, recaudar y sostener el Estado del bienestar.

Más que ir a contracorriente, España intenta adaptar su política migratoria a sus necesidades estructurales reales. Y mientras Europa endurece el discurso, España reconoce, aunque tarde y de forma imperfecta, que sin personas migrantes el país no funciona.