Paro en Santa Cruz cumple 26 días y profundiza polarización política de Bolivia

Un manifestante quema una bandera de Whiphala frente al edificio destrozado del sindicato de agricultores durante una protesta como parte de una huelga general en Santa Cruz, Bolivia, el 11 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

El Presidente Luis Arce no cedió a la demanda principal de esa región del oriente de realizar un censo de población previsto para 2023 y fijó la fecha para marzo de 2024, pero se comprometió a entregar los resultados a fines de ese año para una nueva redistribución de escaños en el Legislativo de cara a los comicios de 2025.


Después de 26 días de paro indefinido, el plazo dado por el Comité Interinstitucional de la poderosa región de Santa Cruz para que el decreto del censo fuera aprobado como ley venció este miércoles, sin que la iniciativa fuera tratada por la Cámara de Diputados de Bolivia, tal como ya había sucedido con el Senado. Sigue así en pie la mayor protesta que le ha tocado afrontar al Presidente izquierdista Luis Arce en dos años de gobierno y que ha profundizado la polarización política del país.

Un manifestante frente al edificio destrozado del sindicato de agricultores durante una protesta como parte de una huelga general en Santa Cruz, Bolivia, el 11 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

Aunque Santa Cruz volvía de a poco a la normalidad ya el lunes, el paro se extendería por, al menos, tres días más, hasta la liberación de una veintena de detenidos, según dijo Rómulo Calvo, presidente del poderoso Comité Cívico que convocó a la huelga. Esa región del oriente, considerada la locomotora económica de Bolivia y bastión opositor, busca obtener más recursos, ya que concentra más del 40% de la población del país. Su gobernador es Luis Fernando Camacho, jefe de la derechista Creemos, la segunda fuerza de oposición.

Arce no cedió a la demanda principal de Santa Cruz de realizar un censo de población previsto para 2023 y fijó la fecha para marzo de 2024, pero se comprometió a entregar los resultados a fines de ese año para una nueva redistribución de escaños en el Legislativo que le darían más fuerza política a esa región en los comicios presidenciales de 2025. “Es un logro, pero queremos que una ley y no un decreto diga que los resultados se aplicarán en los comicios de 2025″, dijo Calvo, citado por The Associated Press.

Pero este miércoles la Cámara de Diputados rechazó modificar su orden del día para tratar, vía dispensación de trámite, el proyecto de ley del censo. Tal como sucedió en el Senado, se argumentó la necesidad de cumplir con los procedimientos para el análisis de cualquiera de los cuatro proyectos que llegaron a esa instancia, consignó el diario cruceño El Deber.

El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), comprometió la consideración de las propuestas en los próximos días e instó a Santa Cruz a levantar su paro, que este miércoles cumplió 26 días, y deponer las actitudes violentas.

“No es posible alterar el orden del día para tratar el proyecto de ley, por más que queramos atender las exigencias de los movilizados. Hay un decreto supremo que fija la entrega de resultados y la reasignación de escaños, y hay la voluntad de este hemiciclo de sacar una ley si es necesario para dar mayor seguridad”, dijo Mercado. “En el mejor de los casos seguramente van a superar los 10 a 15 días de poder tramitar todo aquello”, agregó el vocero presidencial, Jorge Richter.

La liberación de los detenidos durante los conflictos, y el cese de la persecución política; elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para el 23 de marzo de 2024, y que el resto del país se sume a la lucha por el censo fueron las condiciones que leyó Calvo, a través de un mensaje grabado en el multitudinario cabildo del domingo.

Según El Deber, hasta la fecha, uno de los puntos ya se cumplió. La noche del martes, 10 detenidos acusados de quemar la sede de los trabajadores campesinos, el viernes pasado, fueron liberados. Mientras que, de los siete detenidos por los desmanes en la sede de la Central Obrera Departamental, cinco recibieron detención domiciliaria. Los otros dos tienen condena de cuatro años. El Ejecutivo de Arce anunció la semana pasada que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar que el balance de víctimas era de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días.

Por su lado, el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, que lidera el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, urgió a los legisladores opositores a dejar de lado diferencias políticas e ideológicas para acordar una sola propuesta cruceña. “Es el momento de hacer un análisis costo-beneficio. Yo creo que hasta el momento han sido más los beneficios, ahora hay que ver cuál es el costo de seguir adelante (con el paro indefinido)”, dijo.

Pese a los avances, desde el Comité Cívico afirmaron que el paro continúa. “No hemos considerado levantar el paro. Después de 72 horas analizaremos cuál será nuestra relación con el Estado boliviano”, señaló Fernando Larach, primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz. En la misma línea, el lunes, Calvo, tácitamente, en una entrevista televisiva, sostuvo que “no estoy aceptando nada y quiero que quede claro. En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas”.

“El día del engaño, de la incapacidad y de la soberbia centralista”, así calificó Camacho la jornada de este miércoles, fecha inicial que otorgó el gobierno para la realización del censo, antes de postergarlo hasta 2024. “La única forma de acabar con el abuso de poder es entregándoles el poder a las regiones y a la gente, y quitándoselo a los políticos”, afirmó el gobernador de Santa Cruz.

Analistas anticiparon que la batalla política será larga hasta lograr que el padrón electoral sea depurado ante sospechas de que está sobredimensionado en más de 16% de votantes que no existen, lo que detonó el estallido que dejó 37 muertos tras unos comicios denunciados como fraudulentos por la OEA, cuando el exmandatario Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo en 2019.

Santa Cruz logró la adhesión de otras dos regiones de las nueve que tiene el país y la protesta profundizó la pugna en el MAS, cuyo presidente es Morales. Este cuestionó el manejo del conflicto por el actual mandatario, su heredero político, destaca The Associated Press. Sin embargo, según el exmandatario, el paro indefinido cruceño “ya no tiene razón de ser”. “Reiteramos el pedido para que detengan el gran daño que causan a la economía del pueblo”, dijo.

Manifestantes graban con sus teléfonos el edificio destrozado del sindicato de agricultores durante una protesta como parte de una huelga general en Santa Cruz, Bolivia, el 11 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

El economista Gonzalo Chávez señaló en su cuenta de Twitter que las pérdidas económicas por las protestas llegarán al 2,3% del PIB. “En términos económicos, Santa Cruz perdió, pero en términos políticos no solo ganó protagonismo, sino que el eje de la política se ha trasladado desde occidente a oriente. El principal campo de disputa política, para las elecciones de 2025, será Santa Cruz. El gran beneficiado del conflicto es el Presidente Arce, pues impuso la fecha para el 23 de marzo de 2024, el conflicto no lo desacreditó y sus aspiraciones a renovar la presidencia el 2025 están intactas”, comentó a La Tercera el analista político y académico de la Universidad Católica Boliviana, Carlos Cordero.

A juicio del experto, “Camacho y los líderes cívicos, al identificarse con demandas regionales (defensa de los intereses cruceños), se inviabilizan como líderes nacionales”. Sin embargo, reconoce que “el gran éxito de los cívicos y líderes cruceños fue convencer al país de que la demanda de censo era para beneficio de todos”. “El mayor beneficiado con los resultados del censo será Santa Cruz, pues tendrá argumentos para pedir mayor cantidad de recursos y mayor número de diputaciones”, sostiene.

Según Cordero, “Arce, finalmente, ganó tiempo, pues la conflictividad que surge por la reasignación de escaños quedará para el próximo gobierno, a partir de 2025″.

“Arce no quería el conflicto antes de las elecciones 2025. Mientras la oposición y Santa Cruz estén enfrascados en el debate sobre los escaños, el candidato del MAS estará haciendo ofertas electorales”, vaticinó.

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