Este martes, el presidente de Perú, José Jerí, confirmó que se implementará un estado de emergencia en la capital, Lima y en la zona vecina del Callao para hacer frente a la “criminalidad” que impera en el país vecino.

La medida comenzará a regir desde la medianoche de este miércoles 22 y se extenderá por 30 días, luego de que el Consejo de Ministros respaldará el decreto con la propuesta de Jerí.

El recientemente asumido jefe de Estado, entregó un breve mensaje a los peruanos a través de una transmisión televisada. En ella aseguró que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó”.

El mandatario agregó que “hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao”.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Pese a que en la instancia no se ofrecieron más detalles del estado de emergencia, posteriormente se conocieron las especificaciones de la medida. En la resolución se lee que la Policía Nacional de Perú se encargará de resguardar el orden interno y que será apoyado por las Fuerzas Armadas peruanas para “hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”.

Asimismo, se establece que será la policía local la que definirá las zonas a intervenir, las que deberán contar con un análisis en base a “inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos”.

Con todo, este estado de emergencia va más allá y también plantea el control penitenciario y de las telecomunicaciones ilícitas. Se incluye la restricción de visitas en las cárceles, estableciendo nuevas periodicidades para la concurrencia de familiares, de acuerdo al régimen carcelario que cumplen los reos.

Los presos, solo podrán recibir visitas de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

En cuanto a las comunicaciones ilícitas desde las cárceles, se autoriza un “apagón” eléctrico en las celdas, permitiendo solo la iluminación de los recintos.

Pese a las estrictas medidas, que también permite la destrucción de antenas clandestinas, no está considerado un toque de queda en las ciudades donde se aplicará.