Hernán Meneses (18) tenía dos planes para el ataque en su liceo, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Uno “estimado” y otro “idílico”. En ambos la idea era acabar con vidas, pero sabía que se podía topar con situaciones que se lo impidieran. En el primero se puso como meta matar entre una a cuatro personas. En el otro, cobrar ocho vidas.

Ese fue parte del relato del fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, quien este martes formalizó a Meneses por los delitos de homicidio calificado consumado, cuatro homicidios frustrados y dos delitos por porte ilegal de armas. Los homicidios, dijo el fiscal, con las agravantes de alevosía, premeditación y cometer el delito contra menores de 18 de años.

Fue el viernes cuando Meneses llegó hasta su liceo con dos mochilas cargadas de armas blancas. En un ataque que comenzó a eso de las 10.30, dio muerte a la inspectora María Victoria Reyes (59) y dejó gravemente herida a otra funcionaria y a un alumno de 15 años.

El persecutor entregó detalles del contenido del cuaderno de Meneses encontrado en su domicilio, lo que para los investigadores es clave para entender que planificó el ataque con meses de anticipación. En esa suerte de diario, con el título Dies Irae (día de ira, en latín) escribió cuáles serían los diversos escenarios con los cuales se podría encontrar. Allí puso que la fecha límite sería el 15 de mayo y que el motivo era por “odio, capitalismo y misantropía”.

El ataque, según escribió el propio Meneses, era “sin precedente en Chile”. Además, dijo el fiscal citando a Meneses, con el atentado podía obtener fama y repercusión mediática. Los aspectos negativos eran la vergüenza pública, el posible arresto y una eventual cadena perpetua. Eso sí, él mismo señaló que no pretendía “sobrevivir” al ataque, y de hacerlo, buscaría su propia muerte “de manera activa” al interior de la cárcel. También evaluó que a la escena del crimen llegara Carabineros y abriera fuego contra él, pero lo encontró poco probable.

Objetivos claros

El fiscal señaló que Meneses tenía como objetivo atacar a niños de primero básico. Esto, por la facilidad que presentaba abordarlos y también porque “son personas puras”. Justamente, el sujeto había manifestado en sus redes sociales una idea de aversión a la humanidad en diversos posteos.

Su idea era, según leyó el fiscal, abalanzarse contra personas y “cortar arterias”. Sin embargo, luego de entrar al baño de hombres y ponerse una capucha y antiparras, se topó con las dos inspectoras que lo estaban esperando afuera del baño. Ahí surgió un cambio de planes para Meneses, quien apuñaló por la espalda a María Victoria Reyes tras rociarle la cara con gas pimienta.

El fiscal dijo que en la mochila del sujeto se encontró un artefacto explosivo, que pese a no tener material para detonarse, estaba montado de una manera que denotaba conocimiento del autor. Tras ser formalizado, la jueza Mariana Chiang preguntó a Meneses si había entendido los hechos que se le imputaban. El sujeto, en una sala con gendarmes a sus espaldas, respondió con un tímido “sí” y asintió con la cabeza.

¿Síntomas de esquizofrenia?

Buscando la inimputabilidad de Meneses, su defensa, a cargo de la Defensoría Penal Pública, puso el acento en los presuntos problemas psiquiátricos que padecía el imputado.

“Este trastorno de aspecto autista (TEA) derivó en una depresión moderada y luego severa. Y, finalmente, en un trastorno de síndrome esquizomorfo”, dijo el defensor Diego Soto, quien explicó que esto significaba que presentaba síntomas propios de la esquizofrenia que podían ser temporales o definitivos.

Citando un informe preliminar de Gendarmería, dijo que el sujeto padecía de una personalidad paranoide, lo que significa que “presentaba un delirio de persecución o de enemistad de otras personas hacia él”. Estos síntomas, a juicio del defensor, daban cuenta de que el imputado se encontraba enajenado, por lo que era inimputable. Con ese argumento, pidió que el procedimiento fuera suspendido hasta que el Servicio Médico Legal evacuara un informe sobre la condición mental de Meneses. En ese intertanto, el defensor solicitó que el imputado fuera internado en un psiquiátrico.

“Obviamente que una persona que está enajenada puede actuar de manera planificada, pero si esa planificación bajo la cual actúa es por una percepción alterada de la realidad, no es comportamiento normal”, agregó.

Pero para el fiscal nada de esto tenía sentido. El persecutor dijo que el imputado padecía TEA nivel 1, el más bajo según el fiscal, riesgo de depresión de medio a severa y trastorno de ansiedad. “No hay ningún antecedente que demuestre que el imputado se encontraba alterado en su juicio de realidad”, agregó. También criticó que el informe de Gendarmería estaba solo basado en las palabras de Meneses a sabiendas de que iban a pedir su prisión preventiva.

Tribunal no acoge suspender el procedimiento

La jueza Mariana Chiang no consideró los argumentos de la defensa que buscaban la suspensión del procedimiento y decretó la prisión preventiva de Meneses en una cárcel común. De hecho, fue enviado hasta el Complejo Penitenciario Antofagasta, el mismo recinto en el cual ha permanecido desde el viernes.

“En relación a los hechos que han sido acreditados el día de hoy, no tendrían asidero en la planificación de la conducta, las acciones que se realizan de manera simultánea el mismo día de los hechos. Entonces, no serían suficientes estos antecedentes para decretar la suspensión del procedimiento”, dijo.

Chiang dijo que coincidía con el Ministerio Público y con los querellantes en torno a la imputabilidad de Meneses: “Estos antecedentes que fundarían una eventual inimputabilidad no tienen su correlato en los hechos con la manera que acontecieron. El trastorno mental o enajenación supone que la persona no puede comprender el carácter ilícito de sus actos o dirigir su conducta".

“Tenemos una persona que con un diagnóstico de TEA grado 1 y con depresión que puede ir en evolución, pero no dice relación que no pueda comprender el carácter ilícito de lo que venía planificando. Más bien todo lo contrario, él planifica con una mirada de saber que lo que realiza es ilícito. Conoce las consecuencias, sabe que en esto él pretende morir”, dijo la magistrada. El tribunal decretó seis meses de investigación.