No ha sido una, sino tres las ocasiones en que esta semana el Presidente Gabriel Boric ha cuestionado el veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a Claudio Crespo en el marco de la investigación contra el responsable por las lesiones que cegaron al diputado electo Gustavo Gatica.

El tribunal estimó que si bien el disparo que lesionó gravemente a Gatica salió de la escopeta que ese 8 de noviembre de 2019 llevaba Crespo, se trató de un acto justificado. “La realización de la ‘arremetida’ ejecutada a las 18.07 horas con la escopeta antidisturbios y las carabinas lanzagases se encontró plenamente justificada al amparo de la normativa vigente y los principios de uso de la fuerza, configurándose como una respuesta táctica necesaria, proporcional y legal ante una agresión ilegítima de carácter letal y la carencia momentánea de otros medios de disuasión“, se precisó en el veredicto.

Pero como quedó en evidencia durante los últimos días, se trata de un razonamiento que no dejó conforme al Mandatario. El Jefe de Estado no dudó en ocultar su opinión, lo que llevó a varios abogados y conocedores del sistema de justicia a considerar que cruzó la línea. Según advierten expertos en la materia, no comentar decisiones jurisdiccionales es una máxima que deben respetar los Mandatarios para proteger la independencia de los poderes del Estado.

La primera intervención del Presidente al respecto se dio en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, la noche del martes 13: “No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado. Conocemos lo que dijo la jueza, pero aún no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”.

Al día siguiente continuó con su crítica. En conversación con Radio Futuro, el jefe de Estado también fue consultado por la resolución, oportunidad en la que insistió en el punto. “Ayer se estableció que a Gustavo Gatica le sacaron los ojos y que Claudio Crespo fue el responsable. Me cuesta ver proporcionalidad en el actuar”, afirmó.

Pero el asunto no quedó ahí, pues la jornada del jueves 15 de enero, en medio del acto conmemorativo de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad en La Moneda, Boric volvió a abordar el caso en medio de su discurso. Esto, incluso frente a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, la máxima autoridad del Poder Judicial.

“Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia, en mayo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia”, dijo.

Luego agregó: “Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia”.

Pero esta no ha sido la única vez que el Mandatario ha cuestionado el actuar de los tribunales de justicia. En medio de los reproches que generó la determinación de indultar a presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna, se enfrentó directamente con la Corte Suprema por sus dichos.

En enero de 2023, el jefe de Estado indicó: “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso”.

En esa ocasión, eso sí, el pleno de la Corte Suprema salió a respaldar las gestiones de los tribunales. Los supremos indicaron que atendidas las expresiones de Boric, se veían en la necesidad de recordar el inciso primero del artículo 76° de la Constitución.

“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, se lee en la resolución del pleno.

“Improcedente”

A raíz de la insistencia del Presidente Boric en reprochar el resultado del juicio contra Claudio Crespo, exministros de Justicia consultados por este medio tomaron distancia de las expresiones.

La exministra Javiera Blanco, quien estuvo en el cargo entre mayo de 2015 y octubre de 2016, afirmó que el discurso del Mandatario resulta contradictorio. Esto, explicó, porque “mientras, por una parte, enfatiza la necesidad de fortalecer la independencia de las instituciones para que ejerzan sus funciones sin interferencias, por otra, cuando dichas instituciones en el legítimo uso de sus atribuciones adoptan decisiones que no coinciden con su posición, no duda en criticarlas”.

“A mi juicio lo más delicado de sus declaraciones en relación con el veredicto dictado en el denominado caso Gatica radica en que se trata de una sentencia que aún no se encuentra ejecutoriada. En ese contexto, sus comentarios pueden ser interpretados como una presión indebida sobre tribunales superiores, en particular, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, llamados eventualmente a conocer y resolver los recursos que se interpongan, tensionando así el principio de separación de poderes y la garantía de un debido proceso", comentó Blanco.

Por su parte, José Antonio Gómez, ministro de Justicia entre marzo de 2014 y mayo de 2015, sostuvo que “no es prudente que el Presidente se refiera a los fallos judiciales ya que es de la esencia del Estado de Derecho la no intervención. Más aún, cuando existe la posibilidad de que otra instancia lo revise a través del recurso de nulidad. Dicho eso, lo más grave es criticar el resultado judicial, después de haber apoyado y promulgado con su firma una ley que era evidente que establecía una excepción clara al uso de la fuerza para diversas instituciones de la seguridad”.

“Lo que debiera hacer es una autocrítica por haber legislado impulsado por la presión política sin advertir las consecuencias y haber sido incapaz de vetarla para cumplir el propósito de asegurar la protección de las policías, pero también los derechos humanos de quienes pueden ser objeto de estas acciones”, sentenció Gómez.

Y las críticas también se expresaron por parte de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, quienes manifestaron preocupación.

“Afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad, pues la justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado del funcionamiento de instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla, debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes, vulnerando gravemente la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado de Derecho”, expusieron.