Por más de una hora se reunió la jornada de este jueves la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en dependencias del Ministerio de Justicia, para avanzar en el fortalecimiento de las comunicaciones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y Gendarmería.

Todo, a propósito de la errónea excarcelación de Alberto Mejía, el sicario venezolano formalizado por el homicidio del Rey de Meiggs -asesinado por encargo el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa- y quien quedó en libertad pese a que se había decretado su prisión preventiva.

Este fue el segundo encuentro en que la instancia, encabezada por el titular de Justicia, Jaime Gajardo (PC), aborda la situación, pues como han sostenido los distintos integrantes, se ha hecho necesario disponer de un plan de acción que impida que situaciones similares se repliquen.

En la primera reunión del 25 de julio, como indicó Gajardo esta jornada, se aprobó un plan de acción “para reforzar las medidas, tanto en las comunicaciones como en otros aspectos, para que el sistema en su conjunto pueda tener las capacidades de relacionarse y enfrentar los desafíos que significan las bandas de crimen organizado”.

Durante este jueves, en tanto, se dieron las primeras evaluaciones y se invitó extraordinariamente al titular de Seguridad, Luis Cordero.

Como pudo recabar La Tercera, además, se determinó que se trabajará, en paralelo y por parte de subcomisiones técnicas, en la elaboración de dos protocolos específicos.

El primero tiene que ver con una nueva forma de relacionamiento entre las policías, Carabineros y la PDI, con Gendarmería. La idea es que conformen un sistema en que las instituciones comandadas por el general director, Marcelo Araya, y el director nacional, Eduardo Cerna, provean de mayores antecedentes a la institución penitenciaria para robustecer el perfilamiento de imputados y así generar, entre otras cosas, una mejor segregación al interior de los penales.

El segundo protocolo apunta a que causas complejas ligadas al crimen organizado sean identificadas y se haga un seguimiento más acabado sobre ellas. Esta medida la está trabajando el Poder Judicial y el Ministerio Público.

De acuerdo con los plazos fijados, ambas herramientas deberán presentarse en la sesión de la citada comisión que se programó para el mes de septiembre. Ahí, se revisarán y eventualmente podrían ser aprobadas para que comience su aplicación.

Más medidas

Según fuentes que han conocido del tenor de ambos encuentros, el plan de robustecimiento también incluye la elaboración de nuevas y mejores alertas que deberán activar las distintas instituciones que son parte del sistema penal.

Asimismo, se evalúa cómo operativizar las disposiciones contempladas en la ley de reincidencia, como por ejemplo, aquellas medidas que permiten resguardar de mejor forma a los intervinientes ante posibles amenazas del crimen organizado y más capacitaciones interinstitucionales.

Igualmente, se ha dispuesto evaluar el procedimiento denominado canje penal que realiza el Registro Civil y que permite entregar un RUT provisorio a extranjeros que no están identificados en territorio nacional, y también hacer una revisión al registro de ADN.

Entre las medidas, dicen fuentes consultadas por este medio, también se avanza en el diagnóstico de los sistemas informáticos y de interconexión entre las entidades.

En paralelo, continúa el trabajo que está realizando el Ministerio Público por disposición del fiscal nacional, Ángel Valencia, para detectar causas donde existan dudas sobre la identidad del imputado. Para ello, Gendarmería le entregó antecedentes de sus bases de datos el pasado viernes 25 de julio.