Tras casi tres años de juicio, durante la jornada de este miércoles, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, investigados por los delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.

Fue en 2023, cuando inició el juicio que tenía entre sus acusados el exsenador Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su exasesor Cristián Warner, y el exgerente general de la minera, Patricio Contesse.

El juicio -encabezado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich- también tenía entre sus imputados a la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso, la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres, el exdiputado de la DC Roberto León y el asesor y militante de la DC, Marcelo Rozas.

Según señaló la jueza, “Por los motivos antes expuestos y teniendo en consideración las normas citadas, se resuelve, primero, que se absuelven los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristian Warner Villagrán, por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y Servicios de Impuestos Internos estimaron constitutivos de los delitos tributarios”.

“Segundo, que se absuelven los acusados Patricio Contesse González y Juan Pablo Longueira Montes, por los hechos imputados en su contra por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadanía Inteligente, actualmente Fundación Ciudadanía Inteligente”, añadió.

Respecto a la lectura de sentencia esta será dada a conocer el 5 de agosto del año 2026.

De acuerdo a lo que detalló la jueza la decisión fue adoptada con el voto en contra de la magistrada Carolina Paredes.

Cuestionamientos al Ministerio Público

En la ocasión el tribunal cuestionó al Ministerio Público, por la agrupación de las causas, lo que habría derivado en la extensa duración del juicio.

“Corresponde destacar que para la mayoría las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”, señaló el tribunal.

“En juicio se evidenció, como consecuencia de la extensión del proceso penal, una merma evidente en la calidad de las probanzas, especialmente la testimonial y pericial”, agregó, apuntando que “el transcurso de días, semanas, meses y años afectan la capacidad de memoria de las personas y los hechos en materia de la acusación cubren un periodo entre los años 2008 a 2015, deponiendo testigos y peritos durante los años 2023, 2024 y 2025, sobre hechos acaecidos hace 8, 10, 15 y hasta 17 años atrás”.

Según añadió, en la misma línea “la existencia de una única acusación, permitía vislumbrar lo entrabado y dificultoso de la rendición de prueba y la formulación de alegaciones que efectivamente se materializó durante el juicio oral, además de afectar la capacidad de los jueces de concentrarse en las alegaciones y medios probatorios pertinentes a cada uno de los imputados, al encontrarnos inmersos en una cantidad inconmensurable de evidencias mezcladas, revueltas y repetidas”.

Boletas ideológicamente falsas

Respecto a las boletas que habrían sido emitidas, la jueza detalló que “sin perjuicio de lo argumentado respecto al principio de congruencia, con la prueba rendida y apreciada conforme a las directrices esgrimidas, no se acredito, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas de honorario y facturas al resultar insuficiente en la prueba subsistente luego de aplicar los criterios ya reseñados”.

“Las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecidas, más allá de toda duda razonable que se trató de documentos ideológicamente falsos, y menos aún, el obrar doloso en los términos que exige la ley”, agregó.

Casi tres años de juicio

Aunque el caso explotó en 2015, el juicio por el caso SQM comenzó en febrero de 2023, y se ha extendido por más de dos años, con un total de 559 audiencias en donde la fiscalía ha buscado acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.

En su acusación, el Ministerio Público imputaba a Contesse el financiar campañas con boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2015 por un monto que superaría los $6.700 millones. De igual forma, acusaba a Longueira de recibir pagos para favorecer de recibir pagos para, supuestamente, favorecer la tramitación de una ley de royalty minero.

La preparación del juicio tomó nueve meses, en donde la fiscalía presentó como pruebas 14.609 documentos, 651 testigos y 52 peritos.

Este martes 21, en la última audiencia los acusados tuvieron la posibilidad de tomar la palabra aunque optaron en su mayoría por guardar silencio.

El único que, pese a que también se acogió al derecho de guardar silencio, entregó algunas palabras fue ME-O, quien afirmó que “Después de 11 años no tengo nada que agregar y esperaré con tranquilidad la decisión”.