Luego de meses analizando los antecedentes contenidos en el expediente judicial de la causa ProCultura, una de las aristas más grandes del denominado caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una ampliación de querella dirigiéndose directamente en contra del fundador de la fundación, Alberto Larraín.

Se trata de una acción que los intervinientes venían esperando hace meses. La ampliación además se dirige en contra de quien se desempeñaba como representante legal de la fundación, María Constanza Gómez.

El CDE acusa la distracción indebida de fondos en que habría incurrido ProCultura, respecto de dineros que fueron transferidos desde la Gobernación Regional Metropolitana para la materialización del programa de prevención del suicidio Quédate.

La querella plantea que ese delito es independiente de “todos aquellos ilícitos que puedan surgir durante la investigación de los hechos relacionados, especialmente los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho”.

El CDE dirige la acción en contra de ambos en atención a que “en representación legal de la fundación Procultura recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto “Quédate” para la prevención del suicidio. Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”.

De igual forma, establecieron que “este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al gobierno regional si así lo requería".

Considerando que una vez que estalló el caso Convenios el Gore puso término anticipado al convenio en cuestión y optó por liquidarlo, se pudo determinar, dice la querella, “que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha".

Los dineros tenían un fin específico y no podían utilizarse para otra cosa. Pese a ello, como se lee en el documento ingresado por el CDE, “el mismo día en que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió la cantidad de $1.683.788.000 a la cuenta corriente de Fundación Procultura, esto es, el 9 de noviembre de 2022, la fundación, bajo la dirección de los querellados Alberto Larraín y María Constanza Gómez, comenzó a darse un uso distinto del previsto por parte de los querellados al dinero”.

Llegaron a esa conclusión, continúa el texto, porque entre otras cosas constaron “falta de rendición y de entrega de antecedentes que justifiquen en modo alguno la correcta inversión de los fondos entregados”.

En atención a los antecedentes, el CDE no solo pidió que el Ministerio Público realice una serie de diligencias, sino que también, a los efectos del ejercicio de las acciones civiles indemnizatorias y con miras a interrumpir la prescripción civil, requirieron se oficie al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para que informe las propiedades asociadas a los querellados ya individualizados y también al Registro Civil para que informe los vehículos asociados a los querellados ya referidos.

Asimismo, requirieron asumir la representación del Gore en tanto víctima: “Habiéndose ejercido la acción penal en la presente causa por el Consejo de Defensa del Estado, vengo en solicitar el cese de la representación de la víctima, Gobierno Regional de Santiago, la que será asumida por este servicio”.

Este nuevo paso del CDE contrasta con otras decisiones tomadas por el organismo que preside Raúl Letelier. Esto debido a que si bien se han querellado contra los líderes de ProCultura, la entidad no quiso querellarse en contra del gobernador Claudio Orrego, quien también está imputado en la causa y respecto de quien la Fiscalía ya pidió su desafuero.

“No es un giro dramático”

Consultado respecto de la nueva acción del Consejo de Defensa del Estado en este proceso, el abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, desdramatizó.

“La querella no constituye un giro dramático en este proceso, ni nada que signifique algún cambio significativo en el curso del proceso. Sale el gobierno regional como querellante y lo sustituye el CDE. Es básicamente eso”, manifestó.

Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, donde está radicada la indagación, transmitieron que están en proceso de análisis de la ampliación de querella.