Si hasta 2023 los reportes de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) referentes a secuestros eran escasos, ahora se conoce de operativos vinculados a dicho delito prácticamente todas las semanas. La dinámica de este tipo de ilícitos, según el Ministerio Público, apunta a que la mayoría de ellos están ligados al crimen organizado.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Fiscalía, el punto de inflexión fue en 2022, cuando el país pasó de 492 de esos ilícitos registrados en 2021 a 826 en 2022, es decir, un 68% más. En 2022, 2023 y 2024 se han mantenido más de 800 casos anuales de secuestro, consolidando este delito como una preocupación estructural.

Lo que esconden esas cifras son verdaderas historias de terror detrás de cada uno de esos secuestros. Un ejemplo que retrata esa realidad es lo que pasó la semana recién pasada cuando se dio a conocer un hecho en particular que captó la atención y generó alarma de policías y fiscales.

Todo ocurrió cuando efectivos de la BIPE Antisecuestros de la PDI informaron sobre la detención de un clan familiar que estaba tras un macabro suceso. Los imputados de ese delito no solo habían retenido a la víctima por más de 20 horas, sino que también la mutilaron.

Según informó el jefe de la BIPE Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, el hombre de 38 años, de nacionalidad chilena, trabajaba para una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, y todo fue parte de una reprimenda por haberse quedado con parte de las sustancias en el marco de un envío. Así fue como lo retuvieron contra su voluntad, violentándolo física y psicológicamente.

A modo de sanción, también le mutilaron parte de la oreja y lo obligaron a comérsela. Si bien los hechos aún son materia de investigación, se ha mencionado que el accionar de los sujetos se gatilló al descubrir que la víctima habría consumido parte de la droga que debía entregar en uno de los puntos de ventas que tenía, en la localidad de Locura, comuna de Quintero.

Los apremios que enfrentó fueron calificados por los investigadores como de máxima violencia, pues en medio de la serie de pesquisas también observaron que fue marcado en la espalda por sus captores.

Con un arma cortopunzante lesionaron su piel, escribiendo una letra J de aproximadamente 20 centímetros, en alusión a la inicial del nombre del líder de la banda: Jordan (34).

Tras ser liberado, la víctima declaró ante los investigadores y relató lo sucedido, reafirmando la denuncia que previamente hizo el centro asistencial donde le prestaron atención. Asimismo, el sujeto dio indicios de que no era el único que había enfrentado la violencia del citado clan.

Anteriormente, otro de los miembros de la organización que movía las sustancias ilícitas habría sido retenido y también marcado en la espalda, por lo que ahora los investigadores buscan establecer si se trataba de una práctica recurrente y cuántas serían las víctimas.

Mantener el control

Consultados los equipos que trabajaron en la identificación de los responsables, detallaron que este tipo de dinámicas suele darse con el objetivo de hacer valer el poderío de los líderes y así mantener el control de quienes trabajan con ellos.

Según se ha podido establecer en el análisis de los perfiles de estos imputados, se trata de sujetos que buscan mantenerse a la cabeza de las estructuras y ante cualquier desacato reaccionan violentamente.

En esta oportunidad no hubo extorsión hacia familiares de la víctima. Los imputados sabían que no tenía dinero para pagar lo que había consumido, por lo que infringirle las lesiones fue el cobro y se dieron el tiempo de grabar todo el proceso de tortura.

“Esto es un modus operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos“, indicó el subprefecto Barrientos cuando informaron de los hechos.

Respecto del caso en particular, la fiscal Magdalena Díaz precisó que el secuestro ocurrió el 8 de julio, cerca de las 23.50 horas.

“Lo abordan en un vehículo y luego lo llevaron a uno de los domicilios que se registró en este procedimiento en la comuna de Conchalí. El imputado líder de esta banda también mantenía droga en el domicilio que se registró y es una banda compuesta por seis personas por lo menos”, detalló la persecutora.

Los seis detenidos, cuatro chilenos y dos venezolanos, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados.