Gendarmes amenazados, entregados por sus propios compañeros al Tren de Aragua, un sicario excarcelado por error, tres reos de alta peligrosidad fugados, sobrepoblación. Esas son solo algunas de las escenas que han afectado a Gendarmería en las últimas semanas y que son reflejo de que la institución a cargo de las cárceles del país atraviesa por un momento complejo.

La realidad que le toca administrar a los gendarmes no es novedad. Para nadie es un misterio que dentro de las instituciones a cargo de la seguridad -como Carabineros o la PDI- Gendarmería es de los organismos más precarios.

Así mismo lo reconoció el recién ratificado director nacional Rubén Pérez. “Hemos sido objeto del abandono estatal por mucho tiempo”, admitió el 19 de agosto ante los diputados de la Comisión de Constitución.

Esa es la razón por la cual el avance del crimen organizado en el país los ha golpeado con más fuerza. No solo porque cada vez aumenta más la población penitenciaria -con un componente importante marcado por el alza en el uso de prisiones preventivas- sino que porque así como las bandas de crimen organizado operan en distintas regiones del país, lo mismo está ocurriendo, de manera silenciosa, al interior de los muros de los distintos penales de Chile.

Este escenario es el que el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se propuso analizar en el estudio titulado “Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2024″.

El estudio, en el que participó el coordinador del OCRIT Pablo Urquízar, utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo que se basó en el análisis de datos oficiales proporcionados por Gendarmería, con el objetivo de caracterizar y dimensionar el fenómeno del control territorial al interior de los recintos penitenciarios del país durante el período comprendido entre 2015 y 2024.

El fenómeno indagado por la UNAB tiene que ver con el control territorial que ocurre en las cárceles, un concepto que hace referencia “a la capacidad sostenida de ciertos grupos de internos para ejercer dominio sobre espacios específicos dentro de un establecimiento penitenciario”.

Para Urquízar, uno de los hallazgos más relevantes del informe “es la potencial consolidación de un ecosistema criminal penitenciario donde violencia, corrupción y economías ilegales se refuerzan mutuamente”.

Delitos dentro de cárceles

Una de las conclusiones del informe es que “el análisis longitudinal de los registros penitenciarios chilenos entre 2015 y 2024 permite identificar tendencias diferenciadas en seis categorías delictuales: homicidios, incautaciones de droga, sobornos, amenazas, extorsiones y agresiones.

Así, por ejemplo, las cifras revelan que “a pesar de que los homicidios intramuros descendieron un 14% en la década, pasando de 56 a 48 casos anuales, el total de 464 muertes violentas confirma que la letalidad sigue siendo un problema estructural y que las oscilaciones interanuales evidencian zonas de vulnerabilidad persistente”. El penal que registra más homicidios es Colina II, que concentra el 17% de estos delitos.

En esa línea, el estudio también revisó las incautaciones de droga realizadas en los penales. Los datos del estudio muestran que “las 33.012 incautaciones de droga registradas en el período reflejan un aumento extraordinario del 1.205%, lo que sugiere que el narcotráfico no solo se mantiene, sino que se expande como columna vertebral de la economía ilegal en las cárceles, generando capital y control social”.

Al analizar las cárceles donde más se han registrado incautaciones, en los tres primeros puestos están las cárceles de Alto Hospicio, Colina II y la de Valparaíso.

A juicio de Urquízar, estas cifras históricas en materia de incautación de droga “no se explica solo por mejores controles, sino principalmente por la expansión estructural del narcotráfico como eje articulador de la vida carcelaria”. El abogado agrega que “la droga es el motor económico que financia jerarquías criminales, fortalece el control territorial sobre módulos y alimenta redes de extorsión interna y externa”.

Los datos también muestran que con 305 casos, “los sobornos se redujeron un 49%, pero esta caída no significa la erradicación de la corrupción ya que en ciertas regiones el fenómeno incluso creció, lo que apunta a una mutación hacia prácticas más selectivas y difíciles de detectar”. A juicio de Urquízar “el informe sugiere que los sobornos se han sofisticado”.

El académico cuenta que “en lugar de prácticas masivas y evidentes, hoy se concentran en funcionarios clave, lo que les da mayor efectividad con menor visibilidad”.

Otro de los delitos, como las amenazas, también han crecido. Este ilícito, con 1.774 registros y un incremento del 279% en el período, “se consolida como un mecanismo de presión y ‘disciplina’ interna, con cifras altas en Arica y Parinacota (+1.600%) y La Araucanía (+1.050%), que evidencian su arraigo territorial”. En tanto, “las agresiones en todas sus formas suman 52.090 incidentes y crecieron un 41%, consolidándose como el grupo de ilícitos más frecuente y visible”.

¿Cómo reaccionar?

La exministra de Justicia, Javiera Blanco, pone el problema en perspectiva y comenta que históricamente Gendarmería ha sido lenta para adaptarse a los cambios de la criminalidad.

Dice que así fue en los años 90 y que con la irrupción del crimen organizado no ha habido excepción. “Costó entender que identificar, detener y encarcelar o condenar a una persona no era el fin del problema. Muchas veces era simplemente una inhabilitación física, pero no implicaba que la persona iba a terminar sus operaciones, iba a seguir operando dentro o fuera de la cárcel. Y cuando eso lo entendimos, empezamos a incorporar entonces que Gendarmería era un actor trascendental”, dice la abogada.

Esa tardanza, para Blanco, hace que en la actualidad se haga urgente reforzar la inteligencia de la institución. Para la exministra la clave está en “generar un departamento de inteligencia más robusto, con más funcionarios especializados y que tenga enlaces regionales en cada recinto”.

En el caso del también exministro de Justicia José Antonio Gómez, “la primera medida que hay que tomar es segregar y aislar a los jefes de las bandas en penales de máxima seguridad”. Este grupo, dice el abogado, debe tener un régimen interno especial: “Gendarmería tiene que crear un escuadrón especial de custodia a estos internos”.

Ese escuadrón, dice el exjefe de la cartera, “debe tener su identidad protegida para evitar la coaptación por dinero o amenazas a sus familias y su régimen debe ser con disciplina militar y no pertenecer a asociaciones gremiales”, ideas que recoge el proyecto ingresado por el gobierno y que apunta a la creación de un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería, un suerte de gendarmes de élite que custodiarán a los internos más complejos.

“Parecen medidas extremas, pero estamos tratando con organizaciones criminales de gran peligrosidad y con medios suficientes para infiltrarse en las instituciones”, comenta Gómez.

El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, pone énfasis en la relevancia de que la institución cuente con “un adecuado instrumento de clasificación y segmentación de la población penal”.

Eso, dice Alveal, provocará que ”en el caso de que se identifiquen personas que tengan niveles superiores en estas estructuras criminales" deben derivarse a “un régimen carcelario totalmente distinto que permita que estas personas, bajo ninguna circunstancia, sigan operando dentro de las cárceles”. Todo eso, añade, debe ir acompañado de “personal altamente especializado, lo que en Chile no ha ocurrido, y que sepa cómo opera el crimen organizado en espacios carcelarios”.

Desde el punto de vista gremial, el secretario nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), coronel Andrés Muñoz, considera que el recrudecimiento de la violencia en los penales hace urgente actualizar la institucionalidad de Gendarmería.

“Nuestra estructura actual fue pensada para otro tipo de delincuencia y data de hace medio siglo. Sin lugar ha dudas se debe redefinir la misión institucional, la dependencia y diferentes normas sobre el personal, que fortalezcan su estructura organizacional, desde el mando hasta el último sus integrantes”, dice Muñoz.

El gendarme agrega que “no podemos continuar pensando que el crimen organizado se va a enfrentar y controlar con los mismos recursos, las mimas normas y cultura organizacional”.

Urquízar, el coordinador del OCRIT, coincide en varios de los puntos señalados por quienes conocen de cerca la institución. El académico incorpora una cuota de urgencia y dice que “Gendarmería no da abasto” y por lo mismo plantea que es necesario un “enfoque integral de desarticulación que combine inteligencia penitenciaria, auditorías permanentes, controles tecnológicos avanzados y segregación efectiva de internos de alta peligrosidad”.

Por eso el abogado plantea un paquete de reformas contundente para “modernizar la gestión penitenciaria con sistemas de información robustos, profesionalizar al personal con formación en seguridad e inteligencia y dotar a la institución de tecnología avanzada y mayor autonomía operativa”.

El nuevo director de Gendarmería lo sabe y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, (PC) también. Los dos están conscientes de que enfrentar todo eso con los 20.213 funcionarios de Gendarmería es insuficiente. Por lo mismo ambas autoridades están enfocadas en hacer cambios inmediatos que permitan reaccionar.

Así fue como esta semana cuando asumió Pérez el mando de la institución, junto al ministro Gajardo, comprometió mayor presencia de personal operativo. Para eso 500 funcionarios que desarrollaban labores administrativas, pasarán a desempeñarse en el control de la población penal y también se está a la espera de la presentación del proyecto que posibilite el regreso de quienes pasaron a retiro con hoja de vida sin anotaciones.

Además, se definió, entre otras medidas, que se replicará el modelo de máxima seguridad que impera en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) –antes conocido como la Cárcel de Alta Seguridad– en el resto de los módulos de esa clasificación del país.