La Contraloría Regional de Antofagasta detectó que el contrato de concesión del Hospital Regional de Antofagasta, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC), presentó una serie de fallas que comprometieron su funcionamiento y la atención de 3.884 pacientes.

Se realizó una auditoría a la DGC sobre la fase de explotación del contrato de concesión del citado hospital. Este contrato cubre el período entre 2023 y abril de 2025. El propósito fue verificar el cumplimiento contractual y normativo de los servicios comprometidos y si la institución a cargo del contrato cuenta con el monitoreo y control del servicio.

Entre los servicios comprometidos están el mantenimiento y operación del sistema de climatización y otros asociados. La fiscalización del servicio que está siendo analizada comprende el período desde el 1 de enero de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025.

De acuerdo con el informe, en ese período se registraron al menos 12 incidentes, entre los que destacaron deficiencias en el sistema de climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico. “Estas situaciones afectaron directamente la operación del recinto hospitalario, provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente $5.489 millones”, indican desde la Contraloría.

Dentro de los puntos que se detectaron está que el sistema de climatización presentó varias deficiencias graves y persistentes, porque la capacidad instalada era insuficiente.

Adicionalmente, en febrero de 2023, se registró una falla en los equipos chiller (enfriadores de agua) del recinto hospitalario. Dicho problema se prolongó por 84 días, lo que obligó la suspensión de 97 cirugías programadas. Ante este incidente, el recinto hospitalario y la sociedad concesionaria debieron suscribir convenios con instituciones privadas para garantizar la continuidad de las atenciones.

También se comprobó que el Hospital Regional pagó directamente $3.312.258 por 86 servicios de arsenalería quirúrgica. Estos costos debían ser cubiertos por la sociedad concesionaria, según lo acordado en el convenio.

Problemas de infraestructura

Además, las inspecciones realizadas en junio y julio de 2025 evidenciaron deterioros significativos en infraestructura, entre ellos, fisuras en losas, oxidación de metales, rotura de mallas, acumulación de aguas lluvias y presencia de deposiciones de aves en equipos, provocando riesgos tanto estructurales como sanitarios.

Sumado a esto, la sociedad concesionaria también incurrió en atrasos significativos en la reparación de fallas críticas.

Otra de las observaciones señala que entre 2023 y 2024 ocurrieron dos filtraciones. Una de aguas servidas y otra de agua caliente, lo que provocó la pérdida de 111.509 insumos y medicamentos, avaluados en $195 millones.

Débil supervisión

Si bien, entre enero de 2023 y mayo de 2025, la DGC cursó 92 resoluciones aplicando multas a la sociedad concesionaria, por un total de 27.350 UTM. Sin embargo, 58 de ellas fueron suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda de la empresa en mayo de 2025.

Sin embargo, la auditoría mostró que la DGC tuvo una supervisión débil, que se realizó a través de inspecciones fiscales, sobre las repetidas intervenciones para proteger la puerta de acceso a la sala de escáner. En concreto, se realizaron 18 intentos, todos fallidos, generando la suspensión de atenciones, imposibilidad de programar nuevas prestaciones y contratación de servicios externos por parte del hospital.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría General resolvió instruir un procedimiento sumarial para determinar posibles responsabilidades administrativas de los involucrados y se ordenó a la DGC que deberá acreditar las acciones implementadas por la concesionaria para regularizar los costos asociados a la pérdida de insumos y medicamentos, que ascienden a $195.102.594, mediante el reintegro de dichos recursos o la activación de eventuales seguros comprometidos.