Uno de los elementos que gatillaron la larga toma que hasta hace algunas semanas vivió la Universidad de Santiago de Chile (Usach) fueron los cuestionamientos al proceso de compra -propiciado por el gobierno- del Instituto Profesional Arcos, surgido junto a la Universidad Arcis al amparo del Instituto Superior en Comunicación y Diseño. Desde que la noticia se conoció en la casa de estudios surgieron críticas de diversos actores de la institución, que, entre otras cosas, apuntaron que con Arcos no hay planes de equivalencia de carreras técnicas a licenciaturas, asimetría de perfiles de ingreso, riesgos sobre indicadores de acreditación o falta de coherencia con la misión universitaria.

Pero los cuestionamientos también apuntaron a la injerencia del Ejecutivo en el proceso. El entonces rector Rodrigo Vidal, hoy apartado de sus funciones por resolución del Tricel, señaló que la idea había surgido de conversaciones con el Mineduc. En los registros de una de las sesiones del Consejo Académico, por ejemplo, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, contextualizó que la última Ley de Presupuestos cambió la manera en que se entiende la garantía estatal sobre los créditos que toman las universidades para apoyar la búsqueda de infraestructura.

“Lo que yo le manifesté al rector (Vidal) -esto lo conversé hoy día con el ministro (Cataldo), lo hemos conversado también con el Presidente (Boric), pero lo conversé en detalle hoy día con el ministro-, de que ustedes tienen nuestro respaldo político para ir a buscar esa garantía”, señaló. Esto, en referencia a que para adquirir Arcos la Usach tenía que pedir un crédito previa solicitud de garantía estatal a la Dipres. “Por supuesto tiene que haber un proceso técnico, porque tiene que entrar a Hacienda, y una vez que está establecida la garantía eso les permite negociar con el banco otros precios. Eso lo que hace es que facilita la negociación con el banco y les permite mejores condiciones”, añadió.

“Yo les quería comentar, porque lo acabo de hablar con Nicolás (Cataldo) hoy en la mañana, la voluntad política del gobierno de avanzar en este proceso, que es lo que puedo hacer ahora. Es decir, todo el apoyo y total respaldo político en la tramitación de la garantía estatal; no es algo que se haga por primera vez, ya se ha hecho con alguna institución, por lo tanto tenemos experiencia en esto y tenemos el total compromiso de llevarlo adelante”, prosiguió.

Y se extendió: “Esto es una tremenda oportunidad para ustedes y para nosotros, ojalá la tomemos (...). Lo hablamos con Nicolás (Cataldo), estamos totalmente convencidos de esta operación. No digo que no vaya a haber problemas, vamos a estar ahí. Pero yo les quiero pedir que ustedes hagan esto. Yo sé que esto genera miles de dudas (…). Siempre van a tener dudas, pero tenemos que hacerlo. Nos queda un año y medio de gobierno y yo, como bien dijo el señor prorrector y lo señaló el rector, otro gobierno, esto va a terminar de otra manera, entonces tenemos que aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que tenemos. De verdad se los quiero pedir que ustedes se hagan cargo de Arcos (…) tratemos de que esto resulte”.

Y así, tras un espacio de debate, la operación se terminó aprobando por el Consejo Académico y el 20 de diciembre la junta directiva de ese momento, con tres integrantes -de seis- electos por el Presidente Boric, terminó aprobando el proyecto.

El proceso de adquisición continuó, según ha trascendido, el 21 de enero de 2025. Ese día se suscribió el contrato de compraventa de Arcos y 10 días después -31 de enero- el rector Vidal envió un oficio al entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, para pedir una garantía estatal para un empréstito por 40 mil millones de pesos, donde se detallaba que 11.500 millones de ellos serían para adquirir Arcos y el resto para ejecutar otras obras de mejoramiento. Luego, el 15 de abril la directora de la Dipres, Javiera Martínez, respondió el oficio del rector autorizando una garantía por 32.100 millones de pesos, equivalente al 80,3% de la solicitud.

Y no fue sino hasta el 10 de septiembre recién pasado, en la novena sesión anual del Consejo Universitario y de la cual el rector Vidal pidió no dejar registro público, la instancia terminó aprobando una recomendación favorable para la contratación del empréstito, con 25 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Casi en paralelo, el 16 de septiembre de 2025, la tramitación de la garantía estatal fue formalizada a través del decreto supremo 352, firmado por el Presidente Gabriel Boric y el exministro Marcel. Allí se leía que “el destino de los recursos provenientes del endeudamiento suscrito por la U. de Santiago de Chile será el financiamiento de la construcción de infraestructura, en el marco del plan de crecimiento institucional de la casa de estudios”. De Arcos nada se decía.

Pero como la Usach es una universidad pública, cualquier transacción de este tipo debe pasar por el visaje de Contraloría.

En este proceso, el 24 de noviembre la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y “por orden de la contralora general de la República”, le dirigió al rector subrogante Cristián Muñoz el siguiente texto, firmado por el contralor regional René Morales: “Esta Entidad de Control ha debido representar el documento del rubro, que ‘autoriza endeudamiento que indica, convoca a licitación pública y aprueba bases administrativas y técnicas, sus anexos para la contratación de un empréstito para la Universidad de Santiago de Chile’, por cuanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la resolución N° 36, de 2024, de este origen, los decretos afectos a toma de razón deberán remitirse conjuntamente con todos los antecedentes que les sirvan de fundamento, lo que no se verifica en la especie".

Dicho en otras palabras, la Contraloría no tomó de razón la intención de la Usach de adquirir el crédito para el proceso, ni ninguno de los procedimientos para llevar adelante aquello. Entendidos en el tema señalan que, aunque no lo dice directamente, lo que hace el ente fiscalizador es decirle a la universidad que los documentos aportados hasta aquí no sirven, que están incompletos y no se han enviados todos juntos. Que si la Usach quiere que esto vea la luz, probablemente tendrá que ser a través de la apertura de otro proceso administrativo.

Entendidos en la casa de estudios, en tanto, reseñan que están en conversaciones con Contraloría para aclarar qué necesitan y perfeccionar lo solicitado. Que estos intercambios ocurren todo el tiempo como parte de las funciones del ente fiscalizador y que la finalidad del empréstito sí está aprobada.

Los antecedentes

Como se señala en el escrito de Contraloría, la Usach debía remitir todos los antecedentes que sirvieran de fundamento para llevar a cabo la compra. Eso, según voces de la institución, ocurrió el 30 de octubre, pero vista la reciente comunicación de Contraloría, lo aportado por la casa de estudios no ha satisfecho al ente contralor regional -que fue específico en los documentos solicitados- para avanzar en la visación de la adquisición del crédito.

“Esta Contraloría Regional, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, y, con ocasión de las gestiones de compra del “Instituto Arcos” que lleva a cabo la Universidad de Santiago de Chile, solicita a Ud. la información que se detalla en el anexo adjunto, sin perjuicio de otra adicional que pueda requerirse en la medida que fuere pertinente", se contextualizaba en esa petición de antecedentes.

La información debía ingresarse en la plataforma electrónica habilitada para ello en la web de la Contraloría en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del oficio.

¿Y cuáles eran los documentos solicitados? “Todas las propuestas formales o minutas de negociación presentadas por la universidad, incluyendo destinatarios, fechas y objetivos, junto con las condiciones evaluadas u ofrecidas respecto de activos y pasivos. Además, debe requerirse la justificación del precio mediante tasaciones, valorizaciones y metodología utilizada, así como los análisis financieros y comparativos que respalden la conveniencia institucional de la operación”. Asimismo, se pedía “la totalidad de las actas del Consejo Académico donde se analizó y aprobó la propuesta de adquisición”, además de lo relativo al financiamiento: “Toda la documentación, en caso de existir, relacionada con la solicitud y crédito bancario, incluyendo la entidad financiera y los términos del préstamo”.