A tres días de que el juez Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, desestimara las imputaciones del Ministerio Público en el caso ProCultura, y dejara en libertad a Alberto Larraín y otros imputados, el abogado que representa al psiquiatra, Cristián Arias, insiste en que se trató de una resolución fundada y contundente.

En conversación con La Tercera rechaza las críticas que se han realizado y remarca que el Ministerio Público debería revisar sus actuaciones.

Se ha cuestionado la resolución del juez Patricio Álvarez, aunque usted y su representado la valoraron. ¿Cómo analiza el escenario considerando que el Ministerio Público y querellantes esperan revertir ese fallo en la corte?

Esta fue una resolución muy bien fundada, que descarta con mucha contundencia que no existen indicios serios de concierto entre los formalizados para defraudar en cualquier sentido los fondos que tenía a su disposición el Gore.

Patricio Álvarez ha sido catalogado como un juez muy garantista. ¿Cree que eso llevó a la decisión que tomó?

Las objeciones que se plantean al juez no me parecen. Me parece que el Ministerio Público debería hacer una autocrítica de cómo ha llevado este caso, que ha tenido rotundos fracasos no sólo ante este juez ni sólo en esta jurisdicción. Si les ha ido tantas veces mal y de manera tan contundente, es evidente que no es un problema del juez, es un problema del Ministerio Público.

Cuatro días antes de la resolución otra jueza del mismo tribunal, Carla Capello, accedió a la solicitud de orden de detención y en su resolución sostiene que hay antecedentes que acreditan el delito investigado. ¿Cómo se explica aquello?

Si la velada crítica que hace el Ministerio Público es esa comparación entre una orden de detención y una decisión sobre medidas cautelares, es no entender nada de lo que es el sistema procesal penal. Obviamente, las medidas cautelares se discuten en una audiencia contradictoria, con posibilidad de refutación, donde se puede mostrar a un juez que los antecedentes que se ponen en un papel no son lo que realmente dicen. Por algo existen estas audiencias, si no bastaría con que dijéramos mire, ya se dictó la detención de los formalizados. Ese argumento es livianísimo.

No sólo desde la Fiscalía se ha mencionado ese punto, también lo han indicado querellantes. Y no es el único elemento, también se sostiene que es contradictorio que se diga que no hay delito, pero que igualmente se dicte una medida cautelar.

La necesidad de cautela o la necesidad de mantener a una persona vinculada con el proceso no tiene nada de incoherente en la medida en que solamente persigue esa finalidad de que el proceso siga adelante. Pero no se olvide que el juez no sólo descartó la imputación que hacía el Ministerio Público, sino que dijo que, además, tampoco había razones de necesidad de cautela para una medida así de intensa como la prisión preventiva, por lo tanto, no tiene nada de incongruente esa decisión.

¿Cuál es su interpretación de los antecedentes? ¿No hay delitos y los hoy imputados solo habrían incurrido en faltas administrativas?

Hay elementos sobre el fondo de este caso sobre los que no me puedo pronunciar ahora, porque resta la discusión en la corte a propósito de apelaciones que están anunciadas. Pero volvamos a problemas que se plantean a propósito de lo referente a la orden de detención.

Entiendo.

Voy a poner sólo un ejemplo. La orden de detención concedida tiene como elemento copias de conversaciones de WhatsApp. Entonces, claro, si a un juez le dicen mire, hay conversaciones entre los imputados donde se demuestra coordinación para la acusación del delito, un juez tiene que hacer fe de que efectivamente esas conversaciones dicen eso. Pero ocurre que en la audiencia quedó claro que esas conversaciones estaban fuera del contexto que le daba el Ministerio Público.

¿Cómo cataloga la indagación y trabajo del Ministerio Público en esta causa?

Esto está muy relacionado con el fondo, pero sí podría decir que independiente de que nosotros sostenemos que no existe esta defraudación, la forma en que el Ministerio Público plantea la imputación a los abogados les cuesta entenderla. Es difusa y es contradictoria, y el tribunal así lo entendió.

¿En qué momento cree que se instala lo que para ustedes es una errónea interpretación de los hechos? Se lo pregunto porque primero esta causa estuvo en manos del ahora exfiscal Carlos Palma, luego en manos del fiscal Patricio Cooper y recién en 2025 llegó a Antofagasta.

Yo lo único que puedo decir es que hay una mala comprensión del problema desde el inicio, porque obviamente la imputación para el caso ProCultura está contaminada por otros casos de fundaciones. ProCultura tiene una trayectoria de 15 años, con trabajos con fondos públicos y privados que fueron correctamente ejecutados siempre. Era una fundación que estaba perfectamente capacitada para desarrollar el plan para el cual se le transfirieron los fondos.

¿Entonces cree que hay elementos externos que están incidiendo en el curso de esta causa?

La respuesta a esa pregunta es obvia. Evidentemente, hay mucha motivación política en implicar gente en este caso, y la mayor cantidad que sea posible, porque eso tiene rendimiento político, eso es muy evidente.

¿Estiman que se utiliza la figura de Alberto Larraín como el símbolo del caso Fundaciones?

Claro, en él se ha personalizado un fenómeno que ocurrió hace unos años, pero la verdad es que Alberto Larraín siempre se dedicó a esta fundación en conjunto con otras personas que son bien conocidas en rescate de valores culturales, de trabajo con comunidades carenciadas, de trabajo en los territorios, rescate patrimonial y además en salud mental.

¿Cómo cree que incide la figura de Claudio Orrego como imputado en esta causa?

Lo relevante es que en este caso no se observan datos serios de que haya habido alguna clase de defraudación, pero es obvio que la figura de un gobernador de esa estatura es atractiva para algunos intereses.

¿Por qué el Ministerio Público caería en ello? ¿Qué razones tendría?

No lo sé, yo no puedo responder por el Ministerio Público, yo estoy diciendo que la figura del gobernador evidentemente es atractiva en los términos del carácter político que tiene este caso, esta investigación.