A partir de los informes que publicó la Contraloría general de la República a partir de mayo por el mal uso de licencias médicas, comenzaron a surgir centenares de sumarios instruidos en distintos servicios públicos del país. Entre los 788 organismos públicos llamados a rendir cuentas, el Ministerio de Salud carga con uno de los mayores golpes: después del Mineduc, fue la cartera con más casos bajo la lupa y así, además de sus labores habituales, debió comenzar a contener la caja de Pandora que abrió Dorothy Pérez, teniendo no solo que indagar a los funcionarios que infringieron su reposo, sino también a médicos que habrían usado el permiso para trabajar en otros empleos y aquellos que autorizaron esas licencias de forma irregular. Y hoy, esas investigaciones ya están llegando a término.

“No tenemos registro de que haya sucedido antes una investigación tan masiva a nivel de la administración pública, y ahora también del sector privado, de esta naturaleza”, cuenta Verónica Bustos , jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Si se suman todos los sumarios que existen en las instituciones que integran el sector salud -las subsecretarías de Redes Asistenciales y de Salud Pública, Fonasa, la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública-, hay 12.186 funcionarios que actualmente están bajo la lupa.

En detalle, la investigación más masiva corresponde a funcionarios que habrían asistido a casinos mientras estaban con licencia médica, con 6.826 casos. Le siguen 4.362 funcionarios por haber salido del país durante un período de reposo médico, 610 por haber obtenido licencias emitidas por médicos investigados por fraude, y 388 por haber atendido partos en el sistema privado mientras estaban con licencia.

Hasta ahora, dicen desde las entrañas del sistema, esta alta cantidad de funcionarios investigados no ha afectado el funcionamiento de la red ni las prestaciones que se entregan y Bustos explica que el número de casos es proporcional a la dotación de cada servicio.

“De este total de funcionarios ya tenemos instruidos 9.022 sumarios administrativos. Para nosotros eso es muy relevante. En un sector tan amplio y complejo como este, haber alcanzado un 74% de la información enviada por Contraloría con sumario instruido, representa un avance significativo“, destaca.

Y ya empiezan a verse resultados concretos. Hasta ahora, 124 funcionarios cuentan con una resolución del jefe de servicio y 68 ya tienen una resolución tramitada por la Contraloría. De ellos, 38 han sido destituidos, es decir, se les puso término a la relación laboral y no podrán ingresar nuevamente a la administración del Estado por cinco años.

Otros siete han sido multados, lo que se traduce en descuentos de entre un 5% y un 20% de su remuneración mensual y además, hay tres suspendidos, lo que implica un alejamiento temporal del cargo con una rebaja de entre un 50% y un 70% del sueldo, por un periodo que puede ir de 30 días a tres meses.

Otras sanción aplicada es la censura, que consta de una reprensión por escrito que se registra en la hoja de vida del funcionario.

Además, Bustos recalca que junto con llevar adelante estos procesos han trabajado para reforzar la importancia de las licencias médicas como un instrumento de protección social, y promover su buen uso. Por eso, en forma paralela, se han implementado estrategias y se ha avanzado en el ámbito legislativo para fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Por ejemplo, el 24 de mayo se promulgó la nueva ley que refuerza la fiscalización y endurece las sanciones por la emisión irregular de este tipo de documentos. De hecho, se establecen multas que van desde las 140 UTM hasta 600 UTM y, en los casos de múltiples reincidencias, se podrá suspender la facultad del profesional para emitir licencias médicas de manera perpetua.

Además, el gobierno presentó una iniciativa para desincentivar el uso prolongados de estos permisos y, de hecho, entre sus medidas más importantes -y la que más polémica ha generado- establece que los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su sueldo durante las licencias, tal como ocurre en el sector privado.