A más de un año de que se iniciara la indagación de la denominada trama bielorrusa -y a casi un mes de que el Ministerio Público formalizara a los primeros tres imputados-, la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, considerada la principal protagonista del caso, entró formalmente en escena y enfrentó las imputaciones en su contra.

Lo hicieron en el marco de la revisión de la querella de capítulos ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la exmagistrada. Un trámite previo que requiere la Fiscalía para pedir medidas cautelares.

Así, ante la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama-, los abogados de Vivanco fueron desmenuzando los argumentos esgrimidos por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, asegurando que para ellos se está ante una acción que carece del estándar requerido para ser visada.

De acuerdo con lo expuesto por los penalistas Carlos Pereira y Cristián Martin, la querella de capítulos está sustentada en “antecedentes ligeros y sin fundamento”, además de lo que describieron como antecedentes falsos y severas omisiones.

La defensa expuso que el Ministerio Público acusa artificialmente a la exministra por supuestamente haber fallado influida por los intereses del Consorcio Belaz Movitec y que con su voto aportó a que Codelco debiese pagar millonarios montos. Sin embargo, como detallaron los abogados, se habría omitido que una de las resoluciones por las que se le cuestiona nunca dispuso el pago millonario en pugna.

Los defensores se referían a la causa referente a la desmovilización de maquinaria y que a la larga implicó que Codelco pagara a CBM cerca de $ 4 mil millones. Pero el pago, recalcaron los penalistas, no fue ordenado por la sala integrada por Vivanco, sino que por la Corte de Apelaciones de Copiapó, con el visto bueno de la cuprífera.

“Se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura cuando jamás ordenó a Codelco pagar esos 4 mil millones de pesos. Ese punto la ministra Vivanco, y los demás ministros, lo rechazó”, manifestó Pereira.

Asimismo, el abogado recalcó que en la indagación no hay evidencia de que los supuestos pagos que hacían los abogados de Belaz Movitec -Mario Vargas y Eduardo Lagos- a Vivanco efectivamente llegaran a sus manos. Según enfatizaron, hasta el momento la Fiscalía solo ha detectado dineros que llegan hasta la pareja de ella, Gonzalo Migueles, y que sería “una desfachatez” responsabilizarla a ella por dichas transacciones. Los abogados indicaron, además, que sólo se avanzaría en esa línea argumentativa por el hecho de que es mujer, pues a un hombre no le harían ese tipo de reproches.

De igual forma, el profesional sostuvo que no procede que a Vivanco se le cuestione por no haberse inhabilitado para resolver sobre una contienda entre una empresa que era representada por abogados que eran cercanos a ella, porque la causal de recusación no procede respecto del vínculo con el abogado, sino que cuando hay implicancias con la parte. En ese caso, recalcaron, Vivanco no tenía ni tiene interés particular respecto de Belaz Movitec.

La cercanía que hubiese tenido o no con los cuestionados penalistas, aseguró la defensa, no era tema para ella pues en al menos otras ocho oportunidades falló en contra de quienes representaban.

Entre los elementos que los abogados de la exministra aseguran que se omitieron por parte de la Fiscalía, mencionaron, además, que ella sí solía manejar dinero en efectivo y que, por ejemplo, en una oportunidad fue la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial la que le entregó 9 mil dólares en efectivo por concepto de viáticos. Así, insistieron en que la querella de capítulos debe ser desestimada.

“Pacto ilícito”

Pese a la convicción de la exministra y de sus abogados de que los elementos expuestos por la Fiscalía no tienen sustento, durante la jornada la fiscal Wittwer enfatizó en que los imputados en esta causa se coordinaron para obtener beneficios económicos de mera irregular.

De hecho, la persecutora subrayó que Vivanco “interpuso su interés particular por sobre el interés general”. “Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”, señaló la persecutora.

Esa misma postura esbozaron Julián López, quien alegó en representación de Codelco como querellante, solicitando la admisibilidad de la querella de capítulos, al igual que Luppy Aguirre, litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el letrado Juan Carlos Quezada, representante de trabajadores judiciales.

Tras la audiencia, la fiscal Wittwer explicó que la querella de capítulos busca hacer efectiva la responsabilidad de la exjueza en los hechos que se imputan y solicitar medidas cautelares en la respectiva formalización.

Wittwer fue consultada respecto a una eventual apelación y la posibilidad de que se repita una incidencia por la integración de sala, considerando que hay supremos que votaron por remover a Vivanco, la fiscal descartó mayores inconvenientes, afirmando que “la justicia está garantizada”.

Por su lado, Aguirre pidió tener presente que, en esta etapa, “lo que se está juzgando es una ministra que debió haber declarado su inhabilidad, o por lo menos haber declarado el hecho de la amistad estrecha. Y además hay antecedentes serios que dan cuenta de que recibió dinero por la forma como adoptó las resoluciones. Si los otros cuatro ministros no hicieron lo mismo, o si otras personas no lo hicieron, es absolutamente indiferente respecto de la acción que se le está imputando a ella“.